Moncloa mandará esta semana a la Comisión Europea la propuesta definitiva diseñada con Portugal para contener el actual estado de alarma energético. El plan ibérico pasa por fijar un precio máximo a la energía que los ciclos combinados venden a otras centrales de electricidad, tal y como deslizó ayer Pedro Sánchez en un acto al que fue convocada la plana mayor del Ibex 35 y en el que acabaron pesando más las ausencias. Moncloa valora internamente un tope quirúrgico a los ciclos, centrales que queman gas para generar electricidad, de alrededor de 50 euros/MWh, la mitad del valor actual del gas en el mercado ibérico. La idea es que esta barrera genere un efecto arrastre sobre el resto de tecnologías, a fin de que estas rebajen a su vez sus ofertas en el pool para dejarlas en el entorno de los 110 euros/MWh. El doble de lo que los españoles han pagado por la luz en los últimos diez años.
El presidente del Gobierno presentó esta medida como la iniciativa estrella para encarar el peor colapso energético desde la crisis del petróleo de los años 70. Moncloa solo se ha decidido a acometer esta intervención tras obtener la 'bula ibérica' de Bruselas. Se trata de una medida a medio camino entre la fijación de un precio máximo para todo el mercado mayorista y la exclusión absoluta del gas del pool. Su impacto, aunque inmediato, será descafeinado dado que limita el tope por decreto a las ofertas que los ciclos combinados lanzan a otros productores eléctricos. A su vez, el resto de tecnologías rebajarían sus precios al ver recortados sus costes, obteniendo una caída de la factura final que pagan los consumidores.
El Gobierno calcula que esta medida para descontaminar el mercado del precio del gas conseguirá reducir el precio final al que se vende la energía en el pool al entorno de los 110 euros/MWh, una caída notable notable respecto al horizonte de precios previsto para 2022, pero que apenas mejora los 113 euros/MWh que se pagaron de media en 2021. Con esta intervención, Sánchez tampoco logrará cumplir el compromiso que asumió hace meses de que los españoles paguen por la luz lo mismo que en 2018, el ejercicio más caro del que se tienen registros desde 2008 hasta la actual crisis energética. Ese año, la factura media fue de 57,29 euros/MWh, cerca de la mitad del umbral que quiere lograr el Ejecutivo con esta intervención.
El propio Sánchez presentó este lunes la medida estrella del plan Moncloa, que tendrá un impacto especialmente relevante en Naturgy. El presidente de la energética catalana, Francisco Reynés, fue uno de los primeros espadas que no acudieron este lunes a la convocatoria del Gobierno. Desde la primera gasista española declaran a La Información que la medida les ha pillado por sorpresa, antes de la comparecencia del inquilino de la Moncloa, el Gobierno no les había trasladado ninguna información sobre el valor de ese tope al gas. Naturgy, quien ha trasladado a este medio su disposición a contribuir a controlar los precios de la electricidad, explota el parque español de ciclos combinados más potente del territorio nacional.
El movimiento para evitar la distorsión que provoca el gas en el mercado beneficiará al consumidor doméstico más que al industrial. Dos expertos en la materia de las big four coinciden en que la medida no solucionará las tensiones financieras de las empresas de gran consumo de gas y electricidad. En algunos casos, estas se han visto obligadas a frenar en seco su actividad al no poder asumir el sobrecoste energético.
En el sector energético existe la convicción de que el recibo de la luz seguirá siendo inasumible para buena parte de la gran industria pese al tope de 50 euros/MWh que ultima Moncloa
"Aunque el Gobierno logre bajar el precio medio de la factura al entorno de los 110 euros/MWh, seguirá siendo inasumible para buena parte de la industria", convienen. En previsión a este escenario, Moncloa destinará alrededor de 500 millones a la financiación de un paquete de medidas específico para estas empresas, que incluye una prórroga a las rebajas del 80% en los peajes de los grandes consumidores eléctricos y un incremento al límite máximo de la compensación por emisiones de CO2.
Con este coto quirúrgico al gas de los ciclos combinados que compran las centrales eléctricas, Moncloa se ha inclinado por la vía que ha defendido el lobby eléctrico, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Iberdrola, Endesa y la propia Naturgy, donde también pesa el negocio eléctrico, vieron este límite selectivo como un mal menor frente a una intervención directa del pool que, aun siendo temporal, podría poner en riesgo sus planes de inversión a largo plazo. Pese a la alineación del plan de Moncloa con los intereses del lobby eléctrico, solo el presidente de Endesa, José Bogas, respaldó a Sánchez en la puesta de largo del plan de choque. El Gobierno aún no ha aclarado cómo financiará esta medida, que ha ganado arrestos frente al resto de opciones en tanto que no altera los flujos eléctricos entre países, una de las líneas rojas que impuso Bruselas a los dos socios ibéricos.
¿Quién pagará la cuenta?
Sánchez ya advirtió la semana pasada, y lo volvió a repetir este lunes, que el plan ibérico no se financiará con "ayudas públicas a las gasistas". Fuentes del sector prevén que el coste de compensar a los ciclos combinados por capar sus ofertas será repercutido en el recibo eléctrico, una posibilidad que la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sacado a colación en más de una ocasión. La vicepresidenta tercera ha llegado a asegurar que, aunque se produzca este trasvase, la factura seguiría quedando por debajo de las previsiones para un escenario no intervenido.
El Gobierno también puede elevar la deuda del sistema para hacer frente al coste de la medida, el desfase entre gastos e ingresos del sistema eléctrico, conocido en el argot cómo déficit de tarifa, un agujero que, según las previsiones más recientes, en 2022 podría superar los 500 millones, dada la extensión de las rebajas fiscales hasta el 30 de junio que ha anunciado el Ejecutivo. Las fuentes consultadas califican está última vía cómo "una temeridad" teniendo en cuenta los problemas que históricamente ha arrastrado España a causa de la elevada deuda de su sistema eléctrico. Otra opción es retomar la idea de una minoración a los windfall profits de las eléctricas, por ejemplo, a través de una tasa especial contra los beneficios de estas compañías como propone Unidas Podemos. Moncloa no ha llegado a descartar públicamente esta opción, pero ha evitado 'mentar la bicha' en sus últimos contactos con los pesos pesados del negocio eléctrico.
Las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos son evidentes en materia energética. Y ayer la coalición las mostró en público. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra habló por la mañana de topar el gas a 30 euros/MWh, una propuesta mucho más ambiciosa que la de sus socios. Por la noche, Nadia Calviño, respondió a su compañera de Consejo de Ministros con contundencia: "Me sorprende que alguien pueda hablar públicamente de cifras, es una cuestión técnica muy compleja. Me puede gustar más o menos pero hay que hacer un trabajo serio. No es serio plantear esa cifra. Me sorprendió".
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