STC no quiere prisas. La operadora de telecomunicaciones saudí, controlada por el fondo soberano PIF, se da un año para obtener la autorización del Gobierno de España con la que alcanzar el 9,9% en Telefónica. El grupo, que ha mantenido un encuentro esta semana en Madrid con la cúpula ejecutiva de la española para tratar los asuntos vinculados al aterrizaje, aún no habría solicitado formalmente ese movimiento, tal y como apuntó el presidente ejecutivo del grupo local, José María Álvarez-Pallete. Mientras tanto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) sigue con los trámites para la adquisición de hasta el 10% de las acciones.
Hasta esta semana, la compañía había guardado silencio sobre plazos y sobre si realmente había solicitado o no esa autorización. Ahora, en el informe anual presentado ante los reguladores saudíes y consultado por La Información, la empresa asegura que la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes "está prevista en el plazo de un año". Así lo asegura para justificar el mantenimiento del derivado financiero vinculado a la compra de ese 5% extra además del 4,9% que ya ostenta.
La empresa árabe anunció su entrada en la operadora española en el mes de septiembre. Después de todo el revuelo creado, mantuvo silencio y llamó a la cooperación alabando la gestión de Álvarez-Pallete. El Gobierno inició contactos con ellos para tratar de evitar que se llegara a ese 9,9%. La realidad es que ha mantenido su plan y prueba de ello es esta referencia que ahora hace a sus inversores en la documentación oficial.
Miembros de la cúpula directiva de la empresa saudí han mantenido un encuentro en la sede corporativa de Madrid con el presidente y otros miembros de la ejecutiva de Telefónica, según han avanzado varios medios de comunciación y ha podido confirmar La Información. El objetivo de esta reunión, que se enmarca en la presencia de los directivos árabes en España por la celebración del Mobile World Congress (MWC), era tratar los aspectos vinculados a su aterrizaje en el accionariado. El grupo asiático previsiblemente reclamará un sillón en el consejo de administración, lo que trastocará el 'statu quo' en el máximo órgano de decisión con BBVA y Caixa.
La cúpula directiva de STC mantiene un encuentro con el presidente de Telefónica y otros miembros de la directiva meses después de la ruidosa irrupción en el accionariado
El llamado 'escudo antiopas' del Gobierno, que es el que debe salvar esta transacción de STC en Telefónica, tenía un plazo inicial de seis meses. En ese periodo debía haber un pronunciamiento por parte del Consejo de Ministros. Un decreto ley aprobado a mediados del año pasado redujo ese tiempo a la mitad. Es decir, se necesitarían tres meses, pero podrían ser prorrogables en caso de que hubiera que ampliar la información obtenida de la empresa.
STC debe someterse a este examen aunque no se vaya a superar la barrera del 10%. Y la razón es que Telefónica tiene un carácter estratégico y además cuenta con numerosos contratos vinculados a Defensa y a la Seguridad Nacional. Esa es precisamente la gran preocupación del Gobierno: los asuntos que tienen que ver con esta área. De hecho, estaba estudiando fórmulas de veto en caso de que finalmente los saudíes reclamaran un puesto en el consejo.
Hace unos días, el presidente ejecutivo de Telefónica aseguraba que la empresa no tenía noticias ni sobre STC ni sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El ejecutivo afirmó en esa presentación de resultados que no tenía constancia de que la teleco árabe hubiera presentado solicitud formalmente. Sólo se limitó a insistir en que es positivo que haya inversores internacionales de la talla del grupo árabe que quieran respaldar al holding español y a la gestión del equipo directivo y la estrategia.
Por su parte, STC sacó pecho en la última presentación de resultados del año 2023 -tras los que anunció un dividendo de 1.700 millones- de su inversión. En el mes de noviembre, dos meses después del revuelo generado por su irrupción en el accionariado, llamó a la "cooperación". "Esta inversión tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las dos empresas para beneficiarse de todas las oportunidades disponibles en el futuro", apuntó el CEO del grupo, Olayan M. Alwetaid.
Mientras todo esto sucede, la Sepi se encuentra ultimando el contrato de intermediación bursátil que le permitirá realizar la compra del 10% de las acciones de Telefónica. Para seguir adelante en este proceso, que supondría la vuelta del Estado casi tres décadas después de la privatización, se está sondeando tanto a entidades financieras nacionales como extranjeras. El contrato está "a punto de ser adjudicado", apuntaron fuentes del mercado a Europa Press la pasada semana.
El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, dejó la puerta abierta durante el Mobile World Congress a dar cobijo a esos activos dentro de la nueva holding llamada Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT) que se está construyendo para incluir las inversiones públicas del sector digital. Durante este tiempo, el Gobierno ha sido especialmente activo para defender la "españolidad" de la empresa y su carácter estratégico. Intentó conformar un núcleo duro de accionistas privados -después de que BBVA y Caixabank declinaran el planteamiento de subir su posición- sin éxito.
Primeros dividendos
Hoy por hoy, el grupo saudí cuenta con el 4,9% que está valorado a cierre de diciembre de 2023 en 4.130 millones de riales (al cambio unos 1.018 millones de euros). Vuelve a referirse a la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete como un "operador europeo líder a través de su presencia significativa en tres de los principales mercados -España, Alemania y Reino Unido-, además de Brasil que es el más grande de Latinoamérica".
Pese a que la empresa no controla el 5% extra, el grupo cuenta con un acuerdo a plazo (forward agreement) en relación con esa inversión para garantizar que tenga esa participación 'de facto' en lo que a derechos económicos se refiere. Es decir, esto le permite ingresar los dividendos repartidos por la operadora española. Durante el ejercicio 2023, sumaron 167 millones de riales saudíes (41,1 millones de euros al cambio) correspondientes al tramo entregado a finales del ejercicio.
Hay que tener en cuenta que el grupo tiene suscrito un acuerdo sobre acciones para cubrir el riesgo de precio de la teleco. Este contrato implica la devolución parcial de los dividendos a la contraparte. Además, cuenta con un pago anticipado de garantía (advance collateral payment), valorado en más de 1.100 millones de euros, hasta la obtención de las aprobación regulatorias pertinentes, contra la firma por parte del grupo de un 'acuerdo contingente' de compraventa con uno de los bancos de inversión internacionales para adquirir esa participación adicional del 5%.
