La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se encuentra en estos momentos ultimando el contrato de intermediación bursátil que le permitirá realizar la compra del 10% de las acciones de Telefónica. Para seguir adelante en este proceso, que supondría la entrada del Gobierno en la compañía de telecomunicaciones a través de la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda, se está sondeando tanto a entidades financieras nacionales como extranjeras.
Fuentes del mercado han afirmado a Europa Press que el contrato está "a punto de ser adjudicado", subrayando que los bancos españoles como BBVA y Caixabank serían los mejores posicionados para ejecutar la intermediación bursátil. Ambas entidades forman parte del conocido como 'núcleo estable' del accionariado de la operadora, controlando cada una cerca de un 5% del capital de la empresa.
De acuerdo con las declaraciones de estas mismas fuentes, el SEPI ya habría adjudicado el contrato de asesoramiento para la operación de compra, aunque no se ha informado de qué firma será la encargada de desempeñar esta labor. La sociedad pública ha mantenido la confidencialidad del proceso de adquisición y no se ha pronunciado respecto a esta información.
Finalización de la compra
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó el pasado viernes que el Gobierno está estudiando los detalles sobre cómo realizar la financiación específica de la compra de hasta el 10% de Telefónica por parte de SEPI, en paralelo a las negociaciones sobre los Presupuestos para 2024.
"Es una operación que se decidió hace pocas semanas y estamos estudiando los detalles", aseguró el ministro en declaraciones a Bloomberg TV recogidas por Europa Press. Cuerpo añadió que este análisis se está haciendo en paralelo a la negociación de los Presupuestos para este año.
Por otro lado, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, también se refirió a esta operación el pasado viernes. "He trabajado en un banco diez años, en 'corporate investment banking', y por lo tanto sobre este tipo de operaciones digamos que hay que dejar a los que la han estructurado que la vayan desplegando a su ritmo y con la máxima discreción", se limitó a valorar el titular de Transformación Digital en un desayuno en Nueva Economía Fórum.
Estabilidad accionarial
El pasado 19 de diciembre, el Consejo de Ministros ordenó a SEPI la compra de hasta un 10% del capital social de Telefónica con el objetivo de proporcionar a la operadora española una mayor estabilidad accionarial y contribuir a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas.
"SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario", dijo entonces el Gobierno. "La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales", señaló hace unas semanas el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno argumentó en diciembre que la entrada en el capital de la compañía de telecomunicaciones va en la línea de la de otros países europeos, pues Alemania participa en el capital de Deutsche Telekom, Francia en el de Orange e Italia adoptó el pasado verano un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
La decisión del Gobierno español de entrar en Telefónica se produjo unos meses después de que la 'teleco' saudí STC (controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)) irrumpiese de forma sorpresiva en el accionariado de Telefónica con un 9,9% del capital social de la compañía. Esta operación, que se fraguó sin que la dirección de Telefónica estuviese al tanto, consistió en la adquisición de un 4,9% de acciones de forma directa y de un 5% mediante derivados financieros.
La normativa vigente en España en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas recoge que el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una sociedad de este tipo. Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.
Cuando se complete la compra del 10% de Telefónica por parte de SEPI, la sociedad estatal se convertirá en el principal accionista de la operadora, por delante de STC y del núcleo estable de accionistas de Telefónica, formado principamente por BBVA y CaixaBank. Asimismo, cuando SEPI adquiera el 10% de Telefónica tendrá posibilidad de adquirir un asiento en el consejo de administración de la compañía.
