Saudí Telecom Company no ha querido correr tras soltar la 'bomba' de su irrupción como accionista más relevante en Telefónica. La operadora asiática sigue sin notificar formalmente al Ministerio de Defensa y al resto del Ejecutivo la compra de hasta el 9,9% de los títulos, ejecutando los derivados financieros contratados con Morgan Stanley. El decreto ley que regula estos trámites no incluye en principio ningún periodo máximo, por lo que no necesita hacerlo de inmediato. Desde la compañía insisten en que están "en preparación", pero sin aportar ningún calendario específico.
El 'shock inicial' ha dado paso a un cierto silencio por parte de STC, que arranca el camino regulatorio con pies de plomo. El pasado 5 de septiembre, los saudíes alcanzaban el 4,9% de los títulos de manera directa después de completar semanas de adquisiciones bajo el radar. Ese viernes, tres días después, daba cuenta a la CNMV y dejaba claro que el 5% hasta el 9,9% estaba vinculado a la autorización por parte del Consejo de Ministros -tras el informe de Defensa- y a "otras" condiciones que no precisa en el documento.
El decreto aprobado el 4 de julio, que regula esta suerte de 'escudo antiopas' respecto a inversores extranjeros en empresas estratégicas, no contempla la necesidad de pedir autorización en un periodo específico. Eso sí, queda claro que si se lleva a cabo la inversión sin que se haya notificado oficialmente supondrá una falta grave. STC no la ha ejecutado. Y por ahora no ha movido ficha para formalizar notificación. Fuentes oficiales de la empresa aseguran que está "en elaboración". En otras ocasiones, lo que es habitual es que a la vez que se comunica su compra accionarial se activan todos los permisos regulatorios.
Para pasar del 4,9% al 9,9% debe pasar por las manos del Ministerio de Defensa. En concreto debe dirigirse al director general de Armamento y Material, almirante Aniceto Rosique Nieto. Debido a que se trata de una transacción que claramente se incluye en el supuesto contemplado en la ley, no hay consulta voluntaria previa para saber si necesita esta 'luz verde' regulatoria. La solicitud debe incluir, como sucede en la petición para superar el 10%, una explicación pormenorizada de los objetivos de la inversión en Telefónica "y planes y medios para conseguirlos".
La solicitud de STC deberá ser resuelta definitivamente por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores -presidida por la directora general de Comercio Internacional, Alicia Rocío Varela, y con un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otro de la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno-. El Gobierno tiene tres meses para completar el trámite, pero como ocurre siempre en estos casos, se podrá parar el reloj la veces que sean necesarias para ampliar datos, por lo que podría superar ampliamente ese plazo.
Hoy por hoy el Gobierno sigue en el aire. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se presentará a la investidura la próxima semana, que previsiblemente no saldrá. Le tocará el turno a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. Como mínimo no habrá toma de posesión en caso de que logre formar una mayoría en la parte final de octubre. La reacción ha sido muy diferente en el seno de la coalición: tanto Sánchez como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han señalado que estudiarán a fondo la operación pero que están abiertos a la inversión internacional, mientras que desde Sumar han pedido el rechazo frontal de la irrupción accionarial.
Los precedentes
Entre las opciones está dar la 'luz verde' sin condiciones o plantear exigencias extra -la prohibición no es contemplada por la mayoría de analistas-. En la autorización de la entrada del fondo internacional IFM en Naturgy, el Gobierno propuso ocho medidas específicas entre las que destacaba el mantenimiento del domicilio social de la energética y de "una parte significativa" de la plantilla del grupo o el respaldo a una "política de dividendos prudente" y una estrategia de endeudamiento externo que fuera encaminada a "mantener la calificación crediticia de grado de inversión".
El último antecedente relevante en este tipo de trámites en Defensa es el que se vivió con Amber Capital, el fondo de inversión capitaneado por Joseph Oughourlian, y su irrupción en la empresa semipública Indra. Aterrizó en junio con algo más de un 4% pero tenía intención de superar esa barrera del 5% a partir de la cual necesitaba la autorización -finalmente ha llegado al 7,2%-. Ésta llegó apenas tres meses después. Pero hay que tener en cuenta que la gestora era el particular 'caballero blanco' y aliado de la Sepi para llevar a cabo la destitución de varios de los consejeros independientes y todo lo que vino después. La autorización se hizo sin ninguna condición, al menos que se hiciera pública.
Mientras se aclara todo el procedimiento administrativo, en Telefónica tienen dos fechas claves en el calendario a corto plazo. La primera es el consejo de administración que se reunirá el próximo 27 de septiembre y en el que, con toda seguridad, se pondrá sobre la mesa la operación. Los dos consejeros de BBVA y Caixabank podrán escuchar de primera mano las explicaciones del presidente, José María Álvarez-Pallete, más allá de los contactos previos de los últimos días. La otra jornada relevante es el Investor Day que se celebrará el 8 de noviembre y en el que el primer ejecutivo presentará el nuevo plan estratégico.
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