Llegó la notificación al tercer día. El gigante saudí STC (Saudí Telecom Company) ha comunicado formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compra de hasta el 9,9% de Telefónica. Esta adquisición se lleva a cabo desde una firma con sede en Luxemburgo llamada Green Bridge Investment Company y que fue creada a finales del pasado mes de mayo. Confirma la estructura y apunta a que el 5% comprometido a través de derivados financieros necesitará "la aprobación del Consejo de Ministros español".
En concreto, según queda constancia en el registro de participaciones del organismo supervisor bursátil español, el pasado martes 5 de septiembre alcanzó el 4,9% de la operadora de telecomunicaciones española y firmó un acuerdo contingente de compraventa sobre el 5% restante a través de derivados financieros, cuya eficacia está sujeta a la aprobación por el Gobierno y cuyo precio se liquidará en efectivo.
La sociedad que lleva a cabo la adquisición tiene sede en Luxemburgo. La compañía tiene el nombre de Green Bridge Investment Company SCS. Esta, cuyo objeto social es simplemente la adquisición y tenencia de activos, fue creada el día 21 de mayo, tres meses y medio antes de que formalizar la irrupción en el accionariado de la empresa española, como queda constancia en la documentación aportada al Registro Mercantil luxemburgués consultada por La Información. El administrador único es a su vez otra empresa luxemburguesa (Green Bridge Management Sarl). Se trata de una estructura que suele ser habitual en este tipo de operaciones.
La empresa cabecera, Green Bridge Management Sarl, que se creó unos días antes que su filial y cuenta con un capital social de entrada de apenas 12.000 euros, sí que cuelga directamente de Saudí Telecom Company. Tiene a tres administradores. El destacado es AbdulRahman AlOthman, ejecutivo de STC. A este se suman dos directivos de Maples Group, una gestora internacional para servicios legales y regulatorios con sede en Islas Caimán.
La matriz en Luxemburgo cuenta con el mínimo de 12.000 euros de capital social y entre sus administraciones está el ejecutivo AbdulRahman AlOthman
El gigante asiático contaba con cuatro días para notificar formalmente a la CNMV en España su adquisición de títulos. La constitución de la sociedad se hizo en mayo. Durante semanas se han ido adquiriendo paquetes pequeños de títulos -el asesor financiero de los saudíes ha sido Morgan Stanley- para no levantar sospechas. Según la normativa actual, en términos generales si se sobrepasa el 3% se debe notificar la posición. Hay una excepción y es el caso de entidades financieras que actúan como intermediarios para administración y custodia de valores (el límite es del 5%). Sea como sea, los saudíes explica que ese 4,9% se alcanzó, según el documento presentado al regulador, el mismo martes 5 de mayo.
La propia Telefónica admitió en el hecho relevante presentado el pasado martes que había sido informada ese mismo día de la irrupción del operador asiático en el accionariado que, pese a todo, calificó como "aproximación amistosa". El Gobierno tampoco fue informado con anterioridad y, como admitió la vicepresidenta Nadia Calviño, tuvo conocimiento esa jornada.
En el documento deja claro que el interesado último es Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano del que 'cuelga' la operadora saudí. Este es el dueño del 64% de las acciones de la teleco. También reconoce que sí que va a necesitar la autorización "del Consejo de Ministros español". Y obviamente es así porque pretenden ejercer derechos de voto. La normativa española exige a las compradoras que pidan permiso al Ejecutivo en caso de que se trate de empresas con actividades directamente relacionadas con la defensa nacional. Pero exceptúa a los inversores que se comprometan a "no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos".
Defensa estudiará
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este viernes que este departamento ministerial estudiará "con mucho rigor" la entrada del operador saudí. "La prioridad para nosotros es que la defensa nacional estén siempre absolutamente protegidas", ha sostenido. El Gobierno cuenta con tres meses desde la notificación para resolver, pero este plazo es susceptible de ampliarse en caso de que se 'parara el reloj'.
Con este movimiento completo, los saudíes se colocarían claramente como el principal socio de la empresa española. Tradicionalmente, ésta ha mantenido un accionariado especialmente diluido sin grandes accionistas de referencia. Por este orden, BBVA (4,83%), Caixabank (4,87%) y Blackrock (4,98%) eran los más relevantes hasta este mes de septiembre. Entretanto logran o no el beneplácito del Gobierno, se situaría por encima de los los dos socios históricos españoles.
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