El sector de la energía vive un momento de cambio rápido y radical. Una revolución. El plan del Gobierno para instalar 60 GW de nueva potencia renovable en los próximos diez años y el dinero de la UE para la reconstrucción postCovid son el motor de una transformación que se acelera por momentos. Las subastas para montar nuevas plantas, eólicas y fotovoltaicas sobre todo, forman parte del proceso. La primera subasta, con 3.000 MW en liza, se celebrará el 26 de enero. Según el Gobierno, beneficiará a los consumidores. Pero habrá que esperar. Las subastas reducirán el precio de la energía, pero el funcionamiento del mercado mayorista, donde se casa la oferta y la demanda, hará que las centrales de gas sigan marcando el precio del kWh. Los precios de la energía -que pesan más del 50% en la factura final- bajarán y beneficiarán a todos los usuarios, pero habrá que esperar.
Para Alberto Martín, responsable de energía y recursos naturales de la consultora KPMG "es posible que en la subasta (de renovables) vayan a salir precios muy bajos, pero no tendrán una traducción inmediata en la factura final (de los usuarios). Eso no va a ocurrir porque hablamos de volúmenes de energía pequeños y porque el precio de mercado lo marca la tecnología más cara que produce en cada hora, que no es necesariamente la resultante de la subasta. El impacto sobre la factura final va a ocurrir, pero será de forma progresiva y no en la misma proporción que se registre en la subasta".
El funcionamiento del mercado mayorista o pool explica el impacto relativo de las subastas. Las diferentes tecnologías hacen sus ofertas en el mercado que gestiona el operador independiente OMIE. Entran de más barata a más cara -del agua al carbón- a medida que se necesitan para cubrir la demanda y el precio final -que cobran todos los participantes- lo marca la última tecnología entrante. Con los cierres del carbón, las centrales de gas llevan la voz cantante. Así, es probable que los precios de la subasta renovable se sitúen en 25 euros MWh, la mitad del que registraba el pool a comienzos de semana, sin que el consumidor lo note en la factura final.
Más precio, menos inversión
El beneficio para el conjunto de los usuarios será más indirecto. El sistema de fijación de precios permite a los promotores de renovables beneficiarse de precios relativamente altos con inversiones cada vez más bajas, lo que a la larga anima la sustitución de tecnologías de generación más caras y contaminantes por otras más limpias y baratas. Mientras tanto, a corto plazo, el precio del petróleo y de los derechos de emisión seguirán marcando la pauta.
De lo que no hay duda es de que la revolución en el sector de la energía está en marcha y es imparable. La actividad en el área de las renovables es "frenética". Así la define Roberto Alonso, director de estrategia en energía de KPMG. Un buen termómetro de lo que está sucediendo es la fiebre por encontrar nuevos emplazamientos para paneles solares y turbinas eólicas que estén situados en lugares relativamente cercanos a las subestaciones que permiten evacuar la energía generada. La carrera ya tiene marcas. El precio de la hectárea (10.000 metros cuadrados) por año y para toda la vida útil del proyecto -hasta 30 años- se sitúan entre los 1.500 y los 1.600 euros. Los propietarios están recibiendo un aluvión de ofertas por terrenos mayoritariamente agrícolas y ganaderos.
Asociaciones del sector renovable como Anpier han alertado sobre las consecuencias de un proceso descontrolado del sistema de subastas sobre el medio rural y también sobre el sistema. Las advertencias tienen muy presente lo que sucedió en la última subasta renovable, en el año 2017. Entonces, el 90% de los 3.000 MWfotovoltaicos se repartieron entre menos de 30 empresas, y se estima que más de un tercio estaría en manos de fondos internacionales; mientras, de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas que, en muchos casos, también transmiten la propiedad a fondos internacionales.
Rentabilidad suficiente
La primera gran subasta renovable se celebrará el próximo 26 de enero. Su función es garantizar una rentabilidad suficiente a los promotores y favorecer las inversiones en proyectos de energía limpia. La convocatoria es uno de los hitos que esperan las empresas del sector energético -petroleras incluidas- para decidir sus estrategias en los próximos años. Las últimas subastas celebradas en España se hicieron en los años 2016 y 2017, con el Gobierno del PP. El proceso generó un sinfín de operaciones de compra-venta de activos y operaciones especulativas que ahora se tratan de evitar.
En general, el proceso de subastas ha sido bien acogido en el sector energético aunque las grandes compañías eléctricas -Endesa e Iberdrola- han manifestado que no las consideran necesarias. No obstante, ambas han precisado que sí participarán en el proceso. El plazo máximo de entrega de la energía comprometida en la subasta será de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos. Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).
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