Cuando en 2014 Vodafone y Orange se conjuraron para reducir el número de operadores había alternativas. ONO y Jazztel eran los objetivos. Los británicos fueron los primeros que golpearon quedándose con la primera y obligaron a los franceses a lanzar una oferta por la segunda. Ahora, no hay opciones. Esto ha hecho que esta nueva fase de la consolidación de las telecos en España sea una suerte de 'subasta' de Másmóvil. Una negociación en la que incluso Vodafone ha abierto la puerta, como ha asegurado su propio consejero delegado, a perder el control en una fusión con posición minoritaria. Mientras arrancan los primeros tanteos, las plantillas de unos y otros los miran con cierto recelo pues los expedientes de regulación de empleo ejecutadas en 2021 sólo dan garantía de empleo hasta el próximo mes de diciembre.
Los primeros tanteos de todas las partes ya se han ido produciendo en las últimas semanas, según explican fuentes del mercado. Vodafone ha sido el que ha mantenido un papel mucho más activo, con varias declaraciones de su primer ejecutivo del grupo, Nick Read, y su homólogo en España, Colman Deegan, sobre su predisposición a participar activamente en el proceso de uniones, después de más de tres años con una pérdida significativa de ingresos en el país. Orange, con un sufrimiento similar en el negocio, mira de reojo a la transacción, ante el claro riesgo de perder pie en el mercado en caso de que la unión de los británicos con Másmóvil llegara a buen puerto.
La clave que subyace es, precisamente, esa falta de alternativa. Cuando las conversaciones entre Másmóvil y Vodafone no fructificaron a principios del año pasado, el cuarto operador decidió dar al 'botón rojo' de un plan alternativo para comprar Euskaltel. Esa adquisición vino acompañado por una mayor agresividad comercial, pues el grupo resultante decidió mantener más de una decena de marcas para apretar aún más a Vodafone y Orange. En caso de que esa transacción no se hubiera ejecutado por Meinrad Spenger, su consejero delegado, y los tres fondos de inversión accionistas -KKR, Cinven y Providence- existiría una opción para sus rivales. Ahora no y esto les beneficiará ahora, pues ellos son el único gran objetivo de caza mayor. La rumana Digi cuenta con ingresos anuales de algo menos de 400 millones de euros, una cantidad realmente residual.
Vodafone y Másmóvil sumarían unos ingresos globales superiores a los 6.800 millones de euros y tendrían sinergias más relevantes en cuanto a ahorros de red, pues los servicios del cuarto operador se ofrecerían a través de la red de los británicos, rompiendo el contrato mayorista con Orange. La unión de éstos con Másmóvil sumarían 7.580 millones de euros y se consolidarían claramente como el segundo operador dejando a los británicos a más de 3.00 millones de diferencia y sólo con la opción de hacerse con Digi.
Esa situación de mercado lógicamente beneficia a Másmóvil y a los fondos que la controlan, sobre todo por lo que puede suponer para la valoración de sus activos. Esto se antoja determinante en un contexto en el que las adquisiciones totales del 100% de las acciones son difícilmente asumibles por todas las partes -ante el alto endeudamiento- por lo que lo más probable es que se afronten 'joint ventures' con diferentes posiciones accionariales. Esta carta de 'escasez' de alternativas será exprimida al máximo en las negociaciones que vendrán en los próximos meses -en estos primeros compases ha habido tanteos muy iniciales-.
Los equipos de Vodafone y Orange miran con recelo los movimientos después de que los ERE de 2021 sólo dan garantía de empleo hasta finales de este año
Nick Read deberá verse las caras de nuevo con su homólogo en Másmóvil un año después de que, según explican algunas fuentes, se levantara de la mesa sin acuerdo precisamente por la valoración de los activos en España de Vodafone (con diferencias de varios cientos de millones de euros). Ahora, mantiene los criterios para valorar transacciones que ya fijó en 2021. Pero sí que ha abierto la puerta, mirando sobre todo a España, su rigidez en cuanto al reparto. "No cerremos la opción de que nosotros pasemos a una posición de control minoritario", asegura. Aceptaría por tanto perderla, lo que ha sido interpretado por analistas como un guiño ante potenciales negociaciones con el cuarto operador español.
Orange se juega mucho. No sólo perder pie y convertirse en el tercer operador en su segunda plaza por ingresos, sólo por detrás de Francia. También está el contrato mayorista que está suscrito con Másmóvil, por el que éste alquila sus redes. Este acuerdo fue renegociado recientemente para incluir también a Euskaltel, tras la oferta pública de adquisición del pasado año (Opa). Estos ingresos se sitúan entre los 600 y los 1.000 millones de euros al año, hasta un 20% de su facturación total. Bien es cierto que su unión tendría menos sinergias que la de Vodafone, pero el componente defensivo es clave. Esa necesidad le obligaría incluso a ceder porcentaje (y poder) en una potencial 'joint venture'. Eso sí, hay un condicionante claro: no habrá sustituto definitivo de su ya exCEO, Stephane Richards, hasta abril, lo que obligaría, según explican fuentes del mercado, a esperar al menos un mes más para conversaciones maduras para una potencial transacción.
Como telón de fondo sigue estando el temor de todos los actores respecto a la actitud del regulador. Todos defienden que ha habido una reducción de la presión y que sería más proclive a uniones, aunque más regionales que locales. La Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han establecido durante los últimos años lo que se conoce como 'doctrina Maverick', es decir, la necesidad de contar con un cuarto operador fuerte que genere más competencia. En caso de que se mantuviera ese principio, la unión de Vodafone u Orange con Másmóvil acabaría en una venta parcial de activos que daría mucha más potencia a un nuevo actor, con la rumana Digi como principal candidato.
Mientras todo esto sucede, las plantillas de las dos grandes operadoras miran con cierto recelo todos los movimientos. Los equipos de Vodafone y Orange han ejecutado dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para reducir costes. Y estos despidos colectivos han dejado sólo una garantía de empleo hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que no hay ningún tipo de protección ante los más que probables ajustes laborales tras una fusión. Los únicos que están blindados son los del grupo Euskaltel, después de que Másmóvil incluyera la prohibición de una salida colectiva hasta 2026, pero siempre "dependiendo de las condiciones de mercado".
Todos los escenarios están abiertos. La conclusión es que todos hablan con todos, con excepción de una fusión formal de Orange y Vodafone, que sí generaría serios problemas regulatorios (no tanto la unión de sus redes, que permitiría ajustar costes, pero no resolvería el endurecimiento comercial vivido en los últimos años). El baile de las sillas ha comenzado y uno de los dos grandes -junto a Telefónica como convidado de piedra- se quedará sin asiento. Queda por ver quién golpea primero.
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