Vodafone quiere llegar hasta el final en su batalla por los impuestos que Hacienda cobra a las operadoras de telecomunicaciones por la explotación de las miles de antenas de telefonía móvil que tienen repartidas por toda España. La Agencia Tributaria le exige a la filial dirigida por Antonio Coimbra casi 30 millones de euros de una liquidación ejecutada hace años. Y el grupo, al igual que el resto de sus competidores, se resiste a hacerlo, al entender que esta actividad económica ya está suficientemente gravada con la tasa general de operadores, que ahora se abrirá a los gigantes tecnológicos como Facebook o Google.
El origen de este caso hay que encontrarlo en agosto de 2013. Vodafone España recibe un acta de liquidación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por importe de 29,8 millones de euros. Ese tributo se basa en la superficie ocupada por sus emplazamientos, los 10,8 millones de clientes y las 22.250 antenas implantadas. Hacienda defendió en su momento (y lo sigue haciendo hoy) que este pago es independiente de la tasa general de operadores y sirve para el "sostenimiento de los gastos municipales generales".
Vodafone no estaba de acuerdo, obviamente, y recurrió. Y su artillería jurídica señala incluso al Tribunal Constitucional. Entiende que la normativa del IAE infringe varios artículos de la Carta Magna pues entiende que los operadores de telefonía móvil no tienen una capacidad económica superior a los de telefonía fija que justificara la discriminación en el pago del impuesto. No es el único recurso. Utiliza también la directiva europea del año 2002 que regula los servicios de comunicaciones electrónicas y, entre otros argumentos, señala que la normativa de este impuesto para las telecos "falsea y restringe la competencia entre operadores fijos y móviles".
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional tumba en una sentencia del pasado mes de junio prácticamente todo los argumentos. Entiende que la directiva europea no limita a ayuntamientos y otros organismos públicos a aprobar nuevas figuras tributarias. Sobre su intento de declararlo inconstitucional, los magistrados insisten en que no vulnera la libertad de empresa al gravar especialmente a los operadores móviles y no en los fijos tras la modificación del año 2002. La operadora insiste en que si no se hubiera introducido ese cambio tendría que abonar 2,3 millones y los 29,8 millones que se le exige ahora. Por eso ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
La operadora británica no es la única que ha estado pleiteando con el Gobierno por este impuesto basado en las antenas de telefonía. Orange también ha decidido acudir a los tribunales para evitar el pago de 55 millones de euros, al no estar de acuerdo con la catalogación que hace la Agencia Tributaria de los emplazamientos para el IAE. "Consideramos que tenemos argumentos fuertes para justificar este cálculo", aseguraba el grupo francés en su memoria anual presentada ante el regulador estadounidense (SEC). Por tanto, se trataba de un error de cálculo y no buscaban ir al fondo de la cuestión y atacar la naturaleza misma del tributo. Finalmente el Tribunal Económico y Administrativo Central (TEAC) dictó una decisión favorable a sus intereses y anuló todos los ajustes fiscales y las reclamaciones de impuestos atrasados.
Críticas por impuestos pagados
Todos estos procesos judiciales son el reflejo de una posición muy beligerante de los operadores sobre la carga fiscal de este sector. No sólo con la tasa general de operadores, que cubre determinados gastos administrativos relacionados con los procedimientos de concesión de autorizaciones públicas (espectro radioeléctrico), sino también con las diferentes tasas locales aprobadas por los ayuntamientos, que también están judicializadas en el Tribunal Supremo. El propio consejero delegado, Antonio Coimbra, apuntó hace un tiempo que Vodafone "ya paga el 20% de su Ebitda en impuestos en España; es una aberración que paguemos la televisión pública, y las tasas municipales tienen un impacto tremendo en cómo funcionan las empresas...".
A esos tributos de los ayuntamientos, las operadoras han sumado en los últimos años dos caballos de batalla con el Gobierno central. Una era, precisamente, lograr que se cumpliera el mantra repetido una y otra vez por los primeros ejecutivos de las empresas: "Mismas reglas y mismos servicios". Entendían que la tasa general de operadores también debía ser abonada por operadores tecnológicos como Google o Facebook que ofrecían servicios de comunicaciones electrónicas (mensajería, principalmente). El Gobierno ha incluido a estos gigantes en el anteproyecto de ley, pero con un efecto muy limitado: muchos de estos servicios son gratuitos y los escasos ingresos generados, que son los gravados con la gasa, se concentran en matrices con sede en Irlanda u otros países europeos con tributación favorable.
El otro frente abierto es el de la 'tasa RTVE' y la contribución al cine español, que las operadoras deben abonar por su servicio de televisión de pago con varios millones de suscriptores en los paquetes convergentes. La primera está sobre la mesa del Tribunal Constitucional, a donde ha elevado una cuestión prejudicial la Audiencia Nacional para saber si es o no inconstitucional, tal y como adelantó La Información. La segunda se reglamenta en la Ley Audiovisual, cuya renovación está en marcha y que deberá incluir a Netflix, HBO o Amazon, algo que ha sido una vieja reivindicación de las operadoras y también de los grandes grupos mediáticos como Atresmedia y Mediaset.
