La Fiscalía de Braunschweig ha impuesto una multa de 1.000 millones de euros por la manipulación de las emisiones de gases en motores diesel al grupo automovilístico alemán Volkswagen, que la ha aceptado. La compañía ha informado este miércoles de que no recurrirá y que acepta la multa. Es su modo de asumir su responsabilidad en la crisis del diésel.
La Fiscalía de Braunschweig, que es la encargada de las investigaciones porque se encuentra cerca de la localidad de Wolfsburg, donde el grupo tiene su sede central, considera tras sus investigaciones que se produjeron incumplimientos del deber de supervisión en la división de desarrollo de agregados relacionados con las pruebas de vehículos.
Estos incumplimientos hicieron que desde mediados de 2007 y hasta 2015, 10,7 millones de vehículos con el motor diésel EA 288 de la tercera generación en EEUU y Canadá y con el motor EA 189 en otros países estuvieran equipados con una función de software ilegal, que se vendieran y que entraran en circulación. De este modo concluye el proceso por infracción reglamentaria, lo que para Volkswagen "tendrá efectos positivos notables" sobre otros procesos que el grupo y sus filiales tienen en otros países de Europa.
Las crisis del diésel le ha obligado a la compañía a pagar acuerdos extrajudiciales, multas y modificaciones en los vehículos multimillonarias, sobre todo en Norteamérica, y ha lastrado su resultado con elevados extraordinarios. El grupo ha provisionado casi unos 26.000 millones de euros para esta crisis.
El fraude afecto a 11 millones de coches
En total, el fraude afectó a 11 millones de coches de la compañía adquiridos entre 2009 y 2015. Una cifra astronómica que bien podría haber llevado al mayor fabricante de vehículos de mundo a la quiebra o, al menos, a vender buena parte de sus marcas –Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati…–.
Las ventas de Volkswagen han vuelto a crecer en Norteamérica, algo impensable teniendo en cuenta la magnitud del escándalo. Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts han estimado que la contaminación adicional generada por sus automóviles provocará más de 1,200 muertes prematuras en EEUU. Por suerte para la empresa, el escándalo estalló coincidiendo con la campaña para las elecciones presidenciales: Trump les robó enseguida las posiciones de portada, tal y como publicaba este medio el pasado 8 de abril.
La compañía se ha beneficiado además de una legislación europea favorable a sus intereses. La gran mayoría de los automóviles afectados se vendieron en la Unión Europea, donde las normas sobre emisiones de óxido de nitrógeno, a diferencia de las de emisiones de carbono, son menos estrictas que en EEUU.
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