La trayectoria de Conde-Pumpido, Enríquez, Montoya y Balaguer, propuestos para renovar el TC

De los cuatro nombres propuestos por parte del Senado para renovar el tribunal de garantías, destaca el del Cándido Conde-Pumpido, por su reconocida trayectoria jurídica. El magistrado, perteneciente a una larga familia de juristas, se reincorporó a la Sala Segunda del Supremo tras cesar como fiscal general del Estado en 2011. También ha sido portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Como magistrado fue destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián y posteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. Desde marzo de 1995 es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De su primera época en el alto tribunal destaca su oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el caso Gal.

También fue ponente de sentencias como la del caso Roldán en 1999 y en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años, la de la privatización de la empresa textil Intelhorce, o del caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras. Además formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el caso Marey.

FISCALES CONTRA EL TERRORISMO ANTIYIHADISTA

En abril de 2004 fue nombrado fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hasta 2011, convirtiéndose en el fiscal general que más tiempo ha ostentado el cargo. En esos siete años se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción como el caso Malaya, contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, el caso Palma Arena que comenzó a investigarse en 2008 o la trama Gürtel relacionada con el PP de Madrid y Valencia, principalmente.

En los primeros años al frente del Ministerio Público, Conde-Pumpido triplicó la presencia de fiscales en la Fiscalía de la Audiencia Nacional especializados en terrorismo islamista, tras los atentados del 11-M. De su mandato se recuerdan, entre otras, la ya famosa frase que pronunció durante una tregua de ETA y la negociación del Gobierno con la banda terrorista de que había que "mancharse las togas con el polvo del camino".

También causaron polémica unas declaraciones suyas, durante un desayuno informativo de Europa Press el 16 de abril de 2009, cuando denunció que la Fiscalía se tenía que apoyar únicamente en la Guardia Civil en relación a las listas que periódicamente pretendía presentar a las urnas el entorno de ETA, ya que la Policía, según dijo, sólo respondía a las peticiones del juez instructor, en clara referencia al exmagistrado Baltasar Garzón.

ETAPA EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Entre las grandes causas penales que ha estudiado Cándido Conde-Pumpido durante su etapa como magistrado del Tribunal Supremo tras cesar como fiscal general del Estado, destaca la instrucción de la causa contra la fallecida exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

En estos años ha sido ponente de sentencias del alto tribunal relacionadas con la jurisdicción universal, como la confirmación del sobreseimiento por parte de la Audiencia Nacional del genocidio en Ruanda cometido en el golpe de Estado y la posterior limpieza étnica entre 1994 y 2000 en el país africano. También, ratificó el archivo de la causa que se siguió contra China por genocidio y torturas en el Tíbet, en cuya sentencia se afirmó que este tipo de procedimientos demostraron "escasa efectividad" en España.

Por otro lado, formó parte de la Sala que ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Alfonso Fernández Ortega, 'Alfon', al considerar que el explosivo que portaba durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 "estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión".

También fue ponente de la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, por los 32 viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011. En este caso, el Tribunal Supremo aconsejó la conveniencia de establecer una regulación "suficientemente precisa" de los viajes realizados por los parlamentarios para evitar "cualquier duda" del correcto empleo de los fondos públicos.

ENRÍQUEZ PERMANECE EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS

Ricardo Enríquez permanecerá en el Tribunal Constitucional, al que pertenece desde marzo de 2014 --entró para suplir el fallecimiento Francisco José Hernando-- pero cuyo mandato había expirado por haber entrado en sustitución de éste.

Alfredo Montoya, por su parte, es profesor emérito de las Universidades San Pablo CEU y Complutense y del Instituto de Estudios Bursátiles, doctor Honoris Causa por las Universidades Rey Juan Carlos (Madrid), Murcia y Central del Este de la República Dominicana, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y presidente de su Sección de Derecho del Trabajo.

Finalmente María Luisa Balaguer (Almería, 1953) es consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en 1976 y doctora en Derecho por esta universidad en octubre de 1983, según ha detallado el PSOE andaluz en un comunicado. Actualmente, es catedrática de Universidad de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga.

La también profesora de las Facultades de Derecho y de Periodismo de la Universidad de Málaga, dirigió la revista 'Artículo 14, una perspectiva de género', que editó el Instituto Andaluz de la Mujer desde 1999 así como dos congresos de Derecho Constitucional, uno en 2002 sobre la organización territorial del Estado, organizado por el Parlamento de Andalucía con motivo de la conmemoración del XX aniversario de su Estatuto de Autonomía, y el segundo en 2003, con motivo de la conmemoración del XXV aniversario de la Constitución Española.