Iglesias encaja el papel estelar de Calviño en el Gobierno pese a su ideario liberal

Nadia Calviño, con gafas en la mano / EFE
Nadia Calviño, con gafas en la mano / EFE

El preacuerdo para un Gobierno de coalición alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ha desbloqueado en apenas 24 horas lo que fue imposible durante seis meses, implica la aceptación por parte del líder de Unidas Podemos de la nueva vicepresidencia económica que el presidente en funciones planea para la actual responsable del Ministerio de Economía, Nadia Calviño. La formación morada consideró este anuncio un "giro a la derecha" de los socialistas y un guiño a los poderes económicos. Ahora, con Iglesias como vicepresidente de un eventual Ejecutivo conjunto, tal y como confirman fuentes de la formación morada, y a la espera de que se concrete su estructura final, la convivencia entre ambos se prevé tensa.

Que Calviño no agrada a UP es un hecho. Sus planteamientos sobre la reforma laboral –que ha llegado a defender en público y ha pedido no derogar en su totalidad, como quiere Iglesias– y sus propuestas como la polémica mochila austriaca, que logró incluir en la Agenda del Cambio y en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas en abril, no gustan a la formación morada. Así lo han dejado claro en numerosas ocasiones, tanto en público como en privado, contraponiendo a la titular de Economía la figura de María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, con la que llegaron a alcanzar un acuerdo presupuestario a principios de año.

De hecho, la mochila austriaca desató la guerra entre Podemos y el PSOE a días de la repetición de las elecciones generales del 10-N. La formación morada lanzó una ofensiva para atacar a los socialistas donde más les duele, acusándoles de querer recortar derechos a los trabajadores. Los de Iglesias consideran que este sistema, cuya impulsora dentro del Gobierno de Sánchez es la propia Calviño, atenta directamente contra los derechos de los trabajadores y supondría, en la práctica, la implantación del despido gratuito en España.

En el debate a cinco celebrado el pasado 4 de noviembre, Sánchez anunció su intención de crear una vicepresidencia económica en el Gobierno y poner al frente a Calviño. El objetivo: otorgar estatus a su cartera para capear el enfriamiento que sufre la economía economía española. El anuncio fue bien recibido por los empresarios, que aplaudieron el ascenso de la ministra valorando su interlocución de tú a tú con los poderes económicos y sus galones en Europa.

Para las empresas del Ibex 35 fue un motivo de celebración que incluso allanaba un acuerdo PSOE-PP que daría, a su juicio, estabilidad a la economía. La propia Calviño, sin embargo, rebatió las "especulaciones" que la consideraban una figura de consenso estratégica para desbloquear la situación política. En un contexto de desaceleración económica, "se entiende que se quiera subir el nivel del Ministerio de Economía a una vicepresidencia, para mí personalmente es un honor, y el resto de especulaciones me parecen francamente descabelladas", zanjó.

La noticia, sin embargo, no fue bien recibida entre todos los socialistas. Un sector del Gobierno y del partido criticaron el perfil de la ministra y algunas de sus recetas de futuro, también la mochila austriaca. Que Calviño pueda convertirse en la mandamás económica de un gobierno progresista levanta ampollas en la práctica totalidad de los ministerios del ramo, esto es, Hacienda, Trabajo, Industria y Transición Ecológica. Tal y como reveló Fernando H. Valls en La Información, algunos lamentan que Calviño tendría un poder omnímodo sobre todos estos departamentos y acabaría con el equilibrio que ha imperado en el área económica del Gobierno desde la victoria en la moción de censura.

Un pacto económico edulcorado

El preacuerdo alcanzado entre los líderes de PSOE y UP prioriza en lo económico los impuestos, la reforma laboral y la financiación de las comunidades autónomas. Sin embargo, las pocas medidas dadas a conocer en el breve documento que han remitido a los medios de comunicación aparecen sensiblemente edulcoradas respecto a las propuestas oficiales de ambos partidos.

En concreto, en el primer punto del decálogo se hace referencia a "consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad". Ni rastro de la derogación de la reforma laboral, ni siquiera de sus aspectos más lesivos. Se trata, por tanto, de un planteamiento menos ambicioso en esta primera toma de contacto, a la espera de desarrollar un programa de Gobierno conjunto. 

Según informa Bruno Pérez, también se comprometen a 'blindar las pensiones', en un párrafo en el que hablan de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones -que Unidas Podemos siempre ha dado por garantizada por defecto- y su "revalorización conforme al coste de la vida", una fórmula genérica que no menciona de forma directa el IPC y que es la que forzó a UP a romper el consenso del Pacto de Toledo en la última legislatura. El Partido Socialista ha conseguido imponer ahora la fórmula abierta que no pudo sacar adelante dentro del Pacto de Toledo.

Asimismo, el último punto del acuerdo bilateral habla de 'justicia fiscal', la nomenclatura defendida por la izquierda política para sostener su voluntad de subir los impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas. Pero también hace referencia al 'equilibrio presupuestario', un concepto imprescindible si se quiere conseguir el aval de Bruselas y el de los mercados, cuya primera reacción al acuerdo fue negativa.

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