La mesa que vigilará a PSOE y Podemos dribla el secreto del Consejo de Ministros

Una comisión fuera del Gobierno para supervisar la actividad interna del mismo. El acuerdo para la creación de la Comisión de Seguimiento del Ejecutivo de coalición contempla la supervisión de la acción del gabinete que presidirá Pedro Sánchez. Esta mesa será la encargada de velar por el buen entendimiento y por el cumplimiento del programa que pactaron PSOE y Unidas Podemos. E incluso recoge que se hable para encontrar soluciones a "discrepancias que se produzcan dentro de la coalición de gobierno". Sobre el papel, ese planteamiento abre la puerta a que en una comisión totalmente ajena a la actividad de Moncloa se puedan tratar asuntos que hasta este momento solo se trataban en el Consejo de Ministros o en sus reuniones preparatorias, según han advertido varios analistas políticos consultados por el texto que se acaba de conocer este miércoles, preocupados por la "ambigüedad" de los planteamientos. 

Como norma general, los temas que se ponen cada viernes sobre la mesa del gabinete del presidente del Gobierno se trataban en dos encuentros previos. Uno de ellos es el que reúne a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es la que da los últimos retoques a lo que deliberarán el presidente y sus ministros en su cita semanal. A esta se puede sumar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, conformada por todos los titulares de cartera del área económica. Ahora, habrá otro órgano que puede estar pendiente de lo que hable en las reuniones del Consejo de Ministros. De la que formarán parte miembros del propio gobierno de coalición.

Esto puede generar cierto conflicto por varios motivos. Uno de los posibles problemas tiene que ver con la legalidad, ya que todo lo que se hable en el Consejo de Ministros debe permanecer bajo secreto por mandato constitucional. Esto impide que las posibles discrepancias que haya en el gabinete de Sánchez se trasladen a otro foro. Lo que contradice lo recogido en el acuerdo, que apunta expresamente a tratar esas "discrepancias que se produzcan dentro de la coalición". Esto supone que estos encuentros puedan driblar en ciertos momentos esa obligación a guardar el secreto de las deliberaciones, que es algo a lo que abre la puerta el texto acordado al hablar de "solventar las discrepancias que puedan surgir en el ámbito del gobierno de coalición en ejecución de los compromisos del acuerdo programático".

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El otro problema está precisamente en la composición de la Comisión. En este órgano destinado a 'vigilar' el pacto no solo habrá miembros del Ejecutivo de Sánchez, que pueden estar vinculados diariamente a la acción de los distintos departamentos y trabajan a diario con cuestiones delicadas que no pueden salir a la luz pública. También tendrán presencia dos diputados, uno por el PSOE y otro por UP, que sobre el papel no tendrán tanta información como aquellos que están metidos en la dinámica del Ejecutivo. Por tanto, se implicará a representantes públicos en discusiones sobre temas a los que no tendrían acceso solo por su condición de parlamentarios. Una situación que solo se produce en foros muy especializados, como el del pacto antiyihadista.

Los diez miembros que se implicarán en esta comisión de seguimiento pertenecerán a distintas áreas. A los dos diputados que pertenecen al PSOE y Unidas Podemos hay que sumar ocho perfiles que tendrán un cargo en el Ejecutivo. Dos pertenecerán a la Presidencia del Gobierno, controlada por el líder socialista; dos serán de la Vicepresidencia primera, por lo que dependerán de Carmen Calvo; otros dos saldrán de la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias, siendo así más afines a Podemos; uno representará a la Secretaría de Estado de Comunicación, controlada por Sánchez, y el restante también estará vinculado a la comunicación, pero desde la vicepresidencia del jefe de filas de los morados.

Esto le garantiza al presidente del Gobierno una mayoría en la mesa que supervise el pacto, ya que tendrá hasta seis miembros que salen de Presidencia, la Vicepresidencia primera, la Secretaría de Estado de Comunicación y el diputado de su grupo parlamentario. Lo que deja a los de Iglesias en minoría con sus cuatro representantes, impidiéndole así inclinar la balanza a sus postulados cuando se traten asuntos en las que le interese hacer cambiar de opinión a sus socios. Un hándicap que se suma a que el acuerdo también contempla que Sánchez pueda restarle poder a Unidas Podemos si lleva a cabo una crisis de gobierno en la que cambie la estructura del gabinete o nombre otros ministros. La única condición es que estos cambios "sustanciales" se discutan en la propia comisión posteriormente.

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Este documento abarca muchas puntos que evidencian que Sánchez ha blindado los movimientos que pueda realizar. E incluso le permitirá controlar la acción y los tiempos de sus socios. En esta labor será clave la Secretaría de Estado de Comunicación, que está bajo el ala del presidente, y que según el pacto tendrá que ser informada de todos los anuncios e iniciativas que vayan a llevar a cabo las distintas cartas. Una condición que forzará a que los titulares de departamento de Unidas Podemos den cuenta de sus planes a un órgano gestionado por los socialistas. Lo que les impedirá, salvo que se 'salten' lo acordado, dar golpes de efecto y apuntarse tantos por separado del resto del Ejecutivo.

Lo que se desconoce por el momento es dónde tendrán lugar las reuniones de este órgano que velará por el cumplimiento y la buena salud del primer Gobierno de coalición desde la II República. La Comisión de Secretarios y Subsecretarios y la de Asuntos Económicos celebran sus citas en emplazamientos como el Palacio de la Moncloa o los de los ministerios. El Congreso de los Diputados es otra de las posibilidades que se barajan, a pesar de que la mayoría de los miembros de la mesa tendrán responsabilidades ejecutivas.