BBVA arrecia la crítica contra la estrategia de defensa del que fuera su jefe del área inmobiliaria. El equipo jurídico del banco acusa a Antonio Béjar, uno de los imputados en la pieza separada del caso 'Tándem' sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de la entidad financiera durante 13 años, de estar intentando "dilatar" la causa "con la excusa" de practicar diligencias de investigación que, según indica la entidad que dirige Carlos Torres, están relacionadas con hechos que "se encuentran ya explicados y analizados en las actuaciones desde hace años". De este modo tan directo responden los abogados del banco al recurso que expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) interpuso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el rechazo del juez instructor Manuel García Castellón de llamar a declarar como testigo a la directora de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas.
Béjar, despedido en septiembre de 2019 de BBVA tras su imputación en la novena pieza separada de la macrocausa, centra su estrategia de defensa en demostrar que nunca tuvo ni voz ni voto en los pagos de la facturas giradas por el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, sino que siempre siguió instrucciones para sus superiores. En este sentido, solicitó el interrogatorio de Arribas para poder aclarar cómo se abonaron los servicios de "inteligencia" que Villarejo realizó durante más de una década, y por los que se abonó más de 10,2 millones de euros.
Sin embargo, BBVA insiste en que su actual directora jurídica "nada puede aportar" a la causa. Según explica en un escrito presentado el pasado 21 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información, María Jesús Arribas tan solo se limitó a enviar "por correo electrónico", y a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 6 que dirige la investigación de la macrocausa 'Tándem', una tabla de Excel, incluida en el informe 'forensic' elaborado por PwC, en la que se indicaban los servicios pagados a las empresas de Villarejo, la persona encargada de verificar que el trabajo contratado tuvo lugar, así como el responsable de autorizar los pagos. En este sentido, señala que la directora jurídica "ni siquiera firmó" el escrito de contestación al juez, ni tampoco sabe cómo la auditora formó "su criterio técnico" para elaborar su informe pericial, ni qué documentación consideró relevante a esos efectos.
Precisamente, la 'guerra' jurídica que mantienen Béjar y la entidad financiera, que se encuentra investigada en la causa como persona jurídica, se debe a la investigación interna que los abogados del banco encargaron para depurar responsabilidades. El 'forensic' -cuyo informe definitivo se aportó a la causa el pasado mes de noviembre- apunta que el también expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) fue uno de los responsables que autorizó uno de los abonos. Una conclusión que Béjar se niega a aceptar, ya que asegura que la información que se facilitó a la auditora para realizar su análisis estaba "sesgada". Por su parte, BBVA precisa a Béjar y subraya que ni ellos ni PwC han afirmado que el exdirectivo hubiese firmado algún contrato con Cenyt o que fuese el ejecutor de los trámites formales destinados a pagar sus facturas, pues "no se desprende eso de la documentación aportada".
La intervención "material" de Béjar
Según indica el banco en su escrito, la participación del exresponsable de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias no se circunscribe "al plano formal, sino a su "intervención material" en los contratos relativos a las investigaciones patrimoniales que Villarejo hizo sobre las inmobiliarias que tenían deudas con el banco. En este sentido, según indica el escrito, el comisario jubilado desarrolló lo que denominó 'proyecto Fish', que trató de detectar bienes de Fernando Martín Álvarez, exdueño de Martinsa y expresidente del Real Madrid; 'proyecto Gate', que consistía en investigar a Luis Portillo, exdueño de Colonial; y 'proyecto King', para rastrear los bienes del Grupo Prasa. Con todo ello, la entidad financiera reprocha al expresidente de DCN que insista en "tesis conspiratorias" que "no tienen ningún fundamento" y le sugiere que pregunte a los técnicos de PwC cómo han obtenido las "evidencias" sobre su participación en la contratación de Cenyt y en el pago de determinadas facturas.
Los correos 'olvidados'
La declaración como testigo de la directora jurídica del banco no es la única diligencia a la que se ha opuesto BBVA. El pasado 23 de diciembre, la entidad financiera presentó otros dos escritos, a los que también ha podido acceder este diario, para oponerse a las últimas peticiones que ha hecho Béjar relacionadas con los correos electrónicos que reclamó al banco y DCN para reforzar su defensa. El exdirectivo de la entidad financiera consiguió que el pasado mes de febrero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez García Castellón que requiriera a estas dos empresas que localizaran y entregaran una serie de correos corporativos y agendas que, en opinión de Béjar, acreditarían su escasa intervención en la contratación de los presuntos servicios de espionajes que desarrolló Villarejo entre 2004 y 2017.
Con todos los archivos ya en la Audiencia Nacional, el expresidente de la empresa filial de BBVA repasó el material 'in situ' y se percató de que había cometido un "error" a la hora de realizar el listado de correos "esenciales". Por ello, advirtió al juez de que había omitido los mensajes que se cruzó con una decena de exdirectivos del banco imputados en la macrocausa, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; y otros exaltos cargos fuera de la investigación, como el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.
BBVA critica esta nueva petición y afirma que no responde a un olvido, sino más bien "parece que, tras revisar los correos con esas 72 personas, se ha dado cuenta de que no ha encontrado nada que le interese, por lo que solicita ampliar la búsqueda para ver si encuentra algo". Así, los abogados del banco cargan contra Béjar y recalcan que este "nunca ha sabido concretar qué tipo de comunicaciones está buscando" o "por qué este tipo de peticiones resultan relevantes y conectadas al objeto de la causa".
"Parece que, tras revisar los correos con esas 72 personas, se ha dado cuenta de que no ha encontrado nada que le interese, por lo que solicita ampliar la búsqueda para ver si encuentra algo", afirma BBVA.
Por otro lado, Béjar que solicitó tres meses más de prórroga de la causa para poder analizar los más de 100.000 archivos que se han puesto a su disposición, también pidió al juez instructor que le diera una copia de todos los documentos para evitar tener que acudir diariamente a la sede judicial a examinarlos y pasar "largas horas en condiciones precarias con el consiguiente perjuicio para la salud". El banco también se ha manifestado en contra de esta petición porque, en su opinión, encaja dentro de una estrategia del exdirectivo en busca de que "alguna denegación le permita en un futuro alegar una presunta vulneración de derechos fundamentales".
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