Trifulca con Ausbanc

BBVA refuta al juez y se niega a que PwC aporte la parte del forensic relativa a FG

Denuncia que es un "atentado" a su derecho de defensa que las acusaciones del caso Villarejo utilicen la investigación del banco en su propio beneficio. 

La Vela, edificio BBVA en Madrid
El banco insta a apartar de esta entrega al juez los 'hits' que no guardan relación con el caso.
Archivo.

La polémica sobre si PwC debe aportar al caso Villarejo toda la investigación sobre los nexos del BBVA con el policía está provocando fricciones en una de las patas más importantes del caso Tándem. El requerimiento del magistrado Manuel García Castellón para que la firma aporte todos los datos sobre la investigación no ha gustado al banco, el cual considera que esa petición, que incluye además datos sobre su expresidente Francisco González, supone un "atentado" a su derecho de defensa. Por ese motivo reclaman al juez que se pueda excluir parte de todos los documentos a entregar para proteger "los derechos" de terceros.

La respuesta del banco se produce después de que el magistrado de la Audiencia Nacional requiriera al senior manager de forensic de PwC, Alberto García Martín, que entregara una serie de material relacionado con uno de los presuntos espionajes que la entidad habría realizado en el marco de su relación con el Grupo Cenyt. El instructor advirtió además que, de no cumplir con esta solicitud, el testigo perito podría incurrir en desobediencia a la autoridad judicial. Por ello le dio siete días de plazo para que entregara al juzgado los más de 3.000 'hits' que PwC identificó en los correos y dispositivos de los empleados relativos a Ausbanc y la operación Nelson que se juzga en la Audiencia Nacional.

Además, instó a que se le informara acerca de hasta cuando tuvo Francisco González vínculo profesional "de cualquier clase" con el Grupo BBVA -incluida la Fundación- y, en su caso, hasta cuándo tuvo beneficios personales de la entidad tales como escolta o seguridad. El instructor explicó en su providencia que el objetivo era determinar "con exactitud" los dispositivos que se utilizaron del expresidente del banco para que PwC obtuviera las evidencias digitales relativas a Ausbanc. De hecho, pidió todas las referencias halladas con las palabras clave 'Operación Nelson' y 'denuncia anónima'. Se refiere esta última a la denuncia que interpuso la UDEF contra la asociación de consumidores y Manos Limpias y que dio lugar a la detención de sus máximos representantes y al estallido de la operación Nelson por presunto chantaje. 

El forensic, sin censuras

Los requerimientos se formulan después de las declaraciones que prestaron en la Audiencia Nacional el directivo de PwC Javier López Andreo y García Martín a finales de junio. Los peritos explicaron entonces en su visita a la Audiencia Nacional las técnicas empleadas para esta investigación encargada por Carlos Torres y volvieron a ratificar que hubo algunas pesquisas que no se incluyeron en el forensic a petición expresa de la defensa del banco. Ello propició el enfado del Ministerio Fiscal y del magistrado. El mismo recordó a Andreo que estaba en la raya y fue apercibido de que tenía que aportar con urgencia el material que todavía no sumaba el caso Villarejo si no quería incurrir en delito de desobediencia. 

Entre ese material que pidió se encuentran todas las cartas de cooperación para los custodios (búsquedas relacionadas con los empleados del banco incluidos en el forensic), los 223 correos electrónicos que no se incluyeron en la anterior entrega de material por parte de PwC y otra documentación clave que el magistrado quiere tener en su poder en aras a avanzar con la pieza novena del caso Tándem. Se trata de unos requerimientos que no cuentan con el visto bueno del banco, el cual considera que las acusaciones del procedimiento pueden sacar provecho de una investigación que encargó la propia entidad en aras a esclarecer de dónde salieron las órdenes concretas de contratar a Villarejo. 

De hecho, el banco recuerda en su escrito de este mismo lunes y al que ha tenido acceso La Información que el trabajo de PwC ha sido contratado por la entidad y, por tanto, "su actuación se enmarca en el ejercicio del derecho de defensa del BBVA". Además, recuerda que ello quedó patente en la propia declaración del perito del pasado mes de febrero ya que le liberó "a los solos efectos de la declaración". No obstante, tanto los investigadores como algunas de las presuntas víctimas de estos encargos de espionaje no comparten el criterio y consideran que el perito debe aportar a la causa todas las evidencias obtenidas del forensic que todavía sigue abierto.  

2,3 millones de 'hits'

La defensa del BBVA apunta en su escrito que Pineda se ha extralimitado en las peticiones formuladas al juez porque tiene el foco puesto en la operación Nelson por la que se sienta en el banquillo y no en este caso. El presidente de la asociación de consumidores pidió explicaciones en la declaración del perito acerca de por qué se encontraron en los dispositivos del expresidente del banco evidencias relativas a la denuncia de la UDEF o del operativo por el que fue detenido en 2016. El abogado, que figura en calidad de perjudicado en la causa, sostiene que la denuncia en cuestión se elaboró por orden del banco y con la mediación de Villarejo. Francisco González, de otro lado, niega estos hechos y dice que la entidad fue sometida a un"acoso brutal" por parte de Pineda. 

En aras a esclarecer el asunto, el instructor ha dado luz verde al requerimiento de Pineda y ha vuelto a apercibir a PwC a que entregue esta parte concreta de su investigación, con el foco puesto en las palabras clave asociadas a Francisco González. La negativa de BBVA no solo se ciñe a motivos de indefensión sino que, además, asegura que existe un "universo" de 2,3 millones de 'hits' que integra todo el forensic y que éstos no han sido extraídos en la forma en que ahora se solicitan. Por eso reclama al magistrado que, de tener que hacer entrega al final de todos estos elementos, se proceda primero a un expurgo para incorporar al caso solo lo relevante y "salvaguardar" los derechos afectados. 

"Lo que no puede pretenderse es que ahora se empleen los recursos económicos de la entidad por medio de requerimientos dirigidos al asistente técnico de sus abogados con el fin de extraer, seleccionar y clasificar los hits concretos que en cada momento interesen a cada una de las cada vez más numerosas partes acusadoras. Es más, sería un atentado al derecho de defensa que se utilizase a un asistente de la defensa para hacer un trabajo a la acusación. De ninguna forma puede aceptarse que esta sea la dinámica en la que deba instalarse el procedimiento", reza el banco en su último escrito. 

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