BBVA retiró el nombre de Torres de las búsquedas del forensic que planteó PwC

La investigación interna impulsada por BBVA para tratar de depurar responsabilidades por su relación con José Manuel Villarejo parece volverse en contra del banco. La testifical prestada ayer por el responsable de Forensic de PwC en España tensó todavía más la cuerda en el procedimiento penal por los encargos del comisario jubilado ya que en sus explicaciones Javier López Andreo volvió a detallar el 'modus operandi' de la auditora y ratificó que en algunos casos el propio banco declinó abrir líneas de investigación que se aconsejaron desde la firma. Una de ellas es la relativa al actual presidente Carlos Torres.  

Andreo siguió desgranando en la Audiencia Nacional los detalles de este trabajo encargado directamente por Garrigues y Uría Menéndez al ser los despachos que ejercen la defensa legal de BBVA. En esta segunda visita volvió a referirse a los mecanismos empleados para elaborar el 'forensic' aunque desveló también parte de las instrucciones que recibió de la entidad. Así, si en su primera testifical en la Audiencia Nacional en febrero expuso que no se incluyeron palabras claves relativas a algunos encargos de espionaje por cuestión de prioridad, en esta segunda se refirió en concreto al actual presidente del banco. 

Según fuentes jurídicas consultadas por La Información, Andreo explicó en una testifical bastante tensa que la firma, toda vez que analizó la documentación recibida, trasladó al banco un listado con las propuestas de análisis. Entre ellas se incluían las evidencias digitales de Carlos Torres. Sin embargo, la entidad declinó esta recomendación y en su respuesta sobre los ítems a investigar la omitió. No se trata pues de que se eliminara del forensic cualquier alusión al sucesor de Francisco González sino que directamente la entidad no incluyó este custodio en las instrucciones dadas a la auditora. Una situación que ya se produjo en otras líneas de investigación abiertas y que contaba con otros protagonistas de esta macrocausa como el empresario Fernando Martín, Sacyr, Luis del Rivero, Ausbanc o Luis Pineda. 

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Información a entregar

Tras los detalles ofrecidos por Andreo en su primera declaración en sede judicial, el banco matizó que no se apartó de la investigación lo relativo a estos 'hits' sino que se priorizaron otros para cumplir con el mandato judicial. Lo cierto es que desde que se anunció la puesta en marcha de una investigación interna, el magistrado Manuel García Castellón ha insistido en que aporten las conclusiones que vayan obtenido al sumario de este caso para poder avanzar en las pesquisas sobre si el banco cometió o no delito en sus contratos con el Grupo Cenyt. Sin embargo, los investigadores están viendo cada vez más complicado poder acceder a todo este material en parte debido a las reticencias tanto de la firma como del banco.

De hecho, el magistrado sigue a la espera de recibir 223 correos electrónicos requeridos a PwC. El perito, en un escrito remitido en marzo, aludió al secreto profesional y dijo que el banco solo le levantó este privilegio para su declaración del 20 de febrero. Se trató de una respuesta que no gustó a los investigadores los cuáles este lunes le recordaron que tiene que cooperar con la causa. Los fiscales Anticorrupción al frente del caso le expusieron al perito que no le ampara este derecho y le recordaron que en su carta de encargo ya dijo que colaboraría con la Justicia en caso de ser necesario. Tanto es así que el magistrado le advirtió que estaba en la "raya" y que tenía que aportar toda la documentación que tuviera del forensic con apercibimiento de que podría incurrir en desobediencia de no hacerlo.

El despido de Béjar

Otro de los puntos candentes del forensic es la responsabilidad que tuvo en los encargos al entramado de Villarejo el que fuera director de Riesgos, Antonio Béjar. Mientras el equipo legal del banco le achaca los contratos con Cenyt, éste asegura que se cumplieron las órdenes de la cúpula de contratar las investigaciones patrimoniales con el entramado del agente encubierto. El choque entre Béjar y el banco derivó en su despido y en un pleito judicial puesto que interpuso demanda que al final se resolvió con un acuerdo de conformidad el mismo día del juicio. Pese a que BBVA siempre ha intentado desligar este asunto de la causa de la Audiencia Nacional, ayer el perito dijo que el informe sobre Béjar se hizo para poder presentarlo en el proceso laboral por su despido. 

Así se pronunció Andreo a preguntas del abogado de Béjar, el exmagistrado Javier López Bermúdez, el cual arremetió duramente contra el forensic. En concreto, apuntó que había incorrección de fechas en relación a facturas de V&V Development (una de las empresas del entramado de Villarejo) y también sobre el proceso de pago. Así, mientras Andreo expuso que la facturación era automática, el abogado de Béjar apuntó que no era un proceso automático puesto que se trataba de facturas financieras que solo pueden autorizar o bien el interventor general o el presidente de la entidad, cargos que entonces ostentaban Ricardo Gómez Barredo y Francisco González, respectivamente.

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Igualmente también sacó a relucir unos correos que se intercambiaron Béjar y el socio de Villarejo, Rafael Redondo, en julio de 2013. Se trata de comunicaciones que recoge el forensic y que, de acuerdo con el banco, vendrían a probar la responsabilidad de Béjar en las investigaciones a 'víctimas' de Villarejo, como Fernando Martín. En este caso Redondo le advirtió de que habían descubierto que el empresario tenía una sociedad en las Islas Vírgenes y que el seguimiento de este asunto parecía "prometedor". El abogado de Béjar minimizó la trascendencia del 'hallazgo' del equipo de Villarejo asegurando que la información formaba parte del caso Gürtel y que ya había aparecido en prensa. 

De este modo se suma a las críticas contra la investigación interna que puso en marcha el banco a mediados de 2018 con el fin de esclarecer quienes están detrás de todos los encargos de espionaje que llevó a cabo Villarejo desde 2004 (con la llamada operación Trampa) hasta el año 2017. Precisamente el grueso de perjudicados en esta pieza novena del caso lo son por el encargo de 2004 con el cual trataron de frenar un intento de asalto al capital del banco por parte de Sacyr. Cenyt impulsó para ello una campaña mediática y de seguimiento contra importantes empresarios y políticos tales como Miguel Sebastián, Luis del Rivero, Emilio Botín o Juan Abelló. Muchos nombres que desaparecieron en un primera investigación de PwC a requerimiento expreso de la entidad.