La investigación al BBVA por su presunta implicación en el caso Villarejo está lejos de tocar a su fin. Las diligencias en aras a esclarecer qué personas concretas de la entidad están detrás de los acuerdos comerciales con el Grupo Cenyt continúan en la Audiencia Nacional pese a que todavía no están identificados todos los directivos implicados en estos encargos. La Fiscalía Anticorrupción así lo ha advertido en un reciente escrito incorporado al caso en el que deja entrever que podrían aparecer nuevos altos cargos del banco vinculados al entramado empresarial del comisario jubilado.
En concreto, el Ministerio Público precisa que los hechos relativos a esta pieza novena del caso Tándem hacen referencia a las contrataciones que desde el año 2004 "altos directivos aún no todos identificados" habrían efectuado con Cenyt a través del entonces jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano. Dos años y medio después de que arrancara esta investigación, los fiscales al frente del caso mantienen que los hechos, por los que el banco pagó 10,28 millones de euros, no se ciñeron a meros proyectos de gestión de crisis, sino que los trabajos consistieron en realidad en servicios de inteligencia ilícitos e incompatibles con la labor policial de Villarejo "a cambio de elevadas sumas de dinero".
Así se pronuncia el Ministerio Público en un escrito del pasado 2 de junio y al que ha tenido acceso este diario en el cual da luz verde a la personación en esta causa del que fuera adjunto a la dirección de Ausbanc, Ángel María Garay Echevarría. Esta posible nueva víctima de los espionajes del comisario jubilado asegura que el juicio que acoge la Audiencia Nacional contra los miembros de Ausbanc y Manos Limpias por presunta extorsión es consecuencia directa de una operación de Villarejo encomendada presuntamente por BBVA y añade además que Asuntos Internos identificó que desde Cenyt se controló el tráfico de comunicaciones de algunos móviles ligados a la rama de Ausbanc a la que pertenecía.
BBVA denuncia "manipulaciones
El banco que preside Carlos Torres, por su parte, denuncia que desde el entorno de la asociación de consumidores se está "instrumentalizando" la causa para intentar salir indemnes de la vista que se acaba de reanudar en su contra. Se trata de un juicio que no cuenta con la participación del BBVA después de que el banco se retirara el pasado verano pese a haber sido el que lideró la acusación contra Luis Pineda por presunta extorsión. De este modo, la entidad no solo carga contra las tesis de Pineda o del exalto cargo de Ausbanc Luis Suárez, sino que también se opone a su petición de que se acuerden más imputaciones en esta parte del macroprocedimiento que investiga la relación laboral del banco con Cenyt desde 2004 a 2017.
La pieza novena, que suma más de una quincena de imputados incluidos el expresidente Francisco González y el propio banco como persona jurídica, se ha centrado especialmente en los últimos meses en los duros reproches que se cruzan la asociación de consumidores y BBVA, el cual insiste en que ha aportado "ingente documentación y evidencias" en aras a esclarecer todos los hechos relacionados con las contrataciones que arrancaron en 2004 con el primer encargo a Villarejo. El mismo tenía por objeto aplacar a la constructora Sacyr para evitar un asalto al capital del banco que contaría con el respaldo del entonces Gobierno socialista, según denunció Francisco González.
"Es inaceptable y contrario a toda lógica sostener que empresas tan reputadas como el propio BBVA participen en ningún complot delictivo, pero es que además ninguno de los correos aportados por BBVA al procedimiento y a los que el señor Suárez Jordana se refiere a este respecto dan el más mínimo apoyo a esta teoría de la conspiración", responde el banco ante las denuncias de miembros de Ausbanc de que la operación Nelson por la que se les detuvo se 'cocinó' desde la entonces cúpula de la Policía Nacional con la implicación de BBVA y en plena guerra por las cláusulas suelo.
El compromiso de PwC
A todo ello hay que sumarle el impulso que ha dado el magistrado Manuel García Castellón a esta investigación concreta al citar la pasada semana a los peritos de PwC responsables del 'forensic' que encargó la entidad para depurar responsabilidades internas. Javier López Andreo desgranó en su segunda visita a la Audiencia Nacional la semana pasada los mecanismos empleados para elaborar sus pesquisas internas y de las cuáles se excluyeron, al menos en un principio, todo lo relativo a los espionajes a Ausbanc y Sacyr desde el banco. Las primeras conclusiones del peritaje tampoco contaron con referencias expresas al actual presidente de la entidad a petición concreta de la defensa legal del banco.
Estas lagunas en el trabajo que todavía sigue abierto provocaron el enfado de los fiscales Anticorrupción con López Andreo y le advirtieron de que tendría que entregar todo el material que dispusiera de sus pesquisas si no quería incurrir en delito de desobediencia, teniendo en cuenta que declara en la Audiencia Nacional en calidad de testigo-perito. "Está usted en la raya", le dijo entonces el magistrado el cual plasmó por escrito al término de su declaración el compromiso del perito de aportar "todos los documentos interesados por el Ministerio Fiscal". Se trata de una diligencia que previamente solicitaron otros afectados del caso como el propio Pineda o el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.
En concreto, el instructor del caso Tándem le dio un plazo de siete días para entregara a la Audiencia Nacional la totalidad de la documentación contenida en los archivadores que le entregó Garrigues para llevar a cabo su trabajo, todas las cartas de plena cooperación para todos los custodios (relativos a los asuntos/nombres analizados por PwC), los 223 correos que no aportó en requerimientos anteriores y el listado de peticiones efectuadas por Garrigues desde el pasado 20 de febrero; día en que el perito declaró por primera vez en sede judicial.
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