La investigación interna que PwC elabora para BBVA no solo se centra en aspectos relacionados con la contratación de los servicios de José Manuel Villarejo sino que amplía el foco a otros asuntos objeto de análisis. Tanto es así que los peritos de la auditora han incluido en su exhaustiva búsqueda la palabra clave' Windsor', relativa al rascacielos ubicado en el corazón financiero de Madrid que ardió en febrero de 2005. Según sus resultados, del total de 7.836 evidencias analizadas en dispositivos de una veintena de empleados de BBVA, 3.754 se atribuyen directamente al expresidente Francisco González.
El informe aportado por la auditora a la Audiencia Nacional incluye más de 600 palabras clave que guardarían relación directa o indirecta con los trabajos de Villarejo para el banco entre los años 2004 y 2017. Esas palabras se dividen a su vez en una serie de etiquetas que PwC estableció para discernir cada encargo concreto. En la relativa a 'Cenyt-BBVA' incluyó la 'keyword' Windsor, en referencia al edificio que se destruyó por completo. Las evidencias analizadas a una veintena de empleados demuestran que las búsquedas del expresidente guardan mucha diferencia con las del resto, que tienen una media de 200 0 300. De hecho, el segundo empleado con mayor número de evidencias después de González es el exresponsable de la red comercial de BBVA España, Ignacio Pérez Caballero con un total de 520.
Los peritos aplicaron la técnica bautizada como ' mapa de calor' a partir de todos los correos y dispositivos pertenecientes no solo a la quincena de imputados en la pieza novena del caso Tándem sino también a otros empleados de la entidad cuyos aparatos se han analizado a petición de la defensa legal que ejercen los despachos Garrigues y Uría Menéndez. Precisamente, las primeras conclusiones de esta investigación aportada a la causa señalaban a Caballero y al exjefe de seguridad Julio Corrochano como los responsables de los contratos con el Grupo Cenyt. Ninguno de estos encargos guarda relación con la quema del edificio Windsor pese a que el incendio del rascacielos cuyo origen nunca se llegó a esclarecer se ha vinculado en numerosas ocasiones al comisario jubilado.
Las incógnitas del suceso
Según explica PwC en esta parte del 'forensic' recogida por La Información, la palabra clave 'Windsor' se incluye en el trabajo por ser el edificio donde se situaba la sede central española de Deloitte y Garrigues. Además apunta que la auditoría realizada por la firma sobre la sociedad FG Valores, perteneciente al expresidente del banco y requerida por la Fiscalía Anticorrupción, quedó destruida por el incendio de febrero de 2005. Se refiere el forensic a la documental que requirió el Ministerio Público en el marco de una investigación sobre la venta de la sociedad de Francisco González al banco Merrill Lynch a mediados de los noventa.
La petición se formuló poco antes de que el edificio fuera pasto de las llamas e hizo desaparecer los papeles de la auditoría que vendría a reflejar si se produjeron irregularidades en esta operación. La propia Deloitte confirmó que se habían quemado dichos documentos en un incendio que muchos achacaron al comisario jubilado en el marco de un operativo que ocultaría el interés de destruir estos papeles. Villarejo, por su parte, ha negado en repetidas ocasiones que fueran suyos los documentos aparecidos en la investigación y que le implicarían en el asunto. De hecho dijo en un comunicado que era "rotundamente falso" y que esta documental era una falsificación.
Paralelamente, la investigación abierta en un juzgado de Madrid para esclarecer los motivos del aparatoso incendio acabó cerrándose en 2006 al no encontrarse indicios de que el fuego fuera intencionado. No obstante, el análisis de toda la documentación entregada por Garrigues a PwC demuestra que el entonces presidente del banco guardaba en sus dispositivos referencias directas al edificio el Windsor, de acuerdo con las conclusiones aportadas ahora al juzgado. Se trata de pesquisas que ha realizado PwC pero que no gozaron de prioridad, de acuerdo con los niveles de importancia que se establecieron para cada una de las búsquedas realizadas.
De hecho, este asunto ha generado polémica puesto que en su primera visita a la Audiencia Nacional el 20 de febrero, el responsable del trabajo explicó que no se incluyeron en las primeras conclusiones los presuntos espionajes a Luis del Rivero (Sacyr), Fernando Martín (Martinsa) o Luis Pineda (Ausbanc). El socio responsable de Forensic de PwC en España, Javier López Andreo, dijo que se le encargó priorizar unas determinadas búsquedas, lo que provocó que los perjudicados instaran al juez a que le pidiera todo el material que analizó sobre los encargos que costaron al banco 10,3 millones. En su segunda declaración como testigo-perito, los fiscales del caso elevaron el tono y le advirtieron de que debía colaborar con las pesquisas aportando todos los documentos que tenga en su poder.
Tras su declaración y la del senior manager de Forensic de PwC, Alberto García, el magistrado dejó constancia por escrito que tenían que entregar al juzgado en un plazo de siete días "la totalidad de la documentación" contenida en los archivos entregados por la defensa del banco. Además, les requirió todas las cartas de plena cooperación para los custodios (los nombres de los responsables del banco), los 223 correos electrónicos solicitados anteriormente y las peticiones efectuadas desde febrero por Garrigues , "bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial".
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