El Gobierno trabaja contrarreloj para tener listo a principios de la próxima semana el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que elevará a Bruselas. Moncloa y Economía han recibido el mensaje de la Comisión de que el documento debe ser más concreto en algunos puntos, especialmente, en lo que se refiere a la reforma de pensiones. El componente 30 está empantanado, mientras que otras dos fichas polémicas, la laboral y la fiscal, ya tienen un mayor detalle u hoja de ruta definida. El proyecto definitivo está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros de la próxima semana una vez "pulidos" los últimos ajustes.
Lo admiten diferentes fuentes gubernamentales: "Estamos trabajando para ofrecer más detalles a Bruselas sobre las reformas que queremos poner en marcha". El documento presentado la semana pasada por Pedro Sánchez en Moncloa y en el Congreso está, por tanto, sufriendo variaciones que podrían alterar el sentido de algunas de esas reformas. El caso más evidente son los vaivenes que está sufriendo todo lo relacionado con los cambios en la Seguridad Social para abordar el futuro del sistema de pensiones. El ministro José Luis Escrivá ha retirado ya de la negociación el mecanismo para compensar los años de IPC negativo y también ha llevado a 2027 el factor intergeneracional. También, tal y como se publica hoy en estas páginas, ha dejado fuera de la negociación su propuesta para subir la pensión máxima.
Todos estos 'volantazos' complican la negociación con la Comisión Europea, que está exigiendo compromisos y calendario. Y en ello está el Gobierno, intentando acotar al máximo ese "perímetro" de las reformas pendientes de cerrar para ofrecer a la burocracia comunitaria el mayor detalle posible del Plan de Recuperación. La Comisión, por cierto, es consciente de que algunos componentes tienen que pasar por el diálogo social y por eso va a dar tiempo a los diferentes gobiernos, no sólo al de España, para seguir concretando sus proyectos.
En el caso de la reforma laboral, los compromisos que se van a enviar a Bruselas tienen un mayor grado de concreción. Este es otro detalle importante: el Plan de Reformas que va a remitir Moncloa a la Comisión es mucho más amplio que el documento dado a conocer la semana pasada. De esta forma, mientras el Ejecutivo distribuyó a los medios de comunicación un documento de 211 páginas, el texto definitivo supera los 1.000 folios, indican fuentes gubernamentales. Cada componente, añaden, tiene más de cincuenta y hay treinta, lo que ofrece una idea de que el proyecto real es mucho más ambicioso que el que conoce la opinión pública.
En concreto, ese componente 23, el de la reforma laboral, recoge los mismos compromisos que el programa de coalición. A saber, una simplificación de las modalidades de contratación temporal con el objetivo de generalizar la contratación indefinida y atajar drásticamente el abuso de la contratación temporal, por ejemplo. O los cambios planteados en la negociación colectiva y la subcontratación. A estas medidas hay que añadir las políticas activas, asunto que se abordó ayer mismo en el diálogo social, y el plan de garantía juvenil, que también se encarará en breve en el diálogo social y con las CCAA. Todo se encuentra acotado y 'perimetrado' en la información que va a recibir Bruselas la próxima semana.
En cuanto al calendario, el Gobierno quiere cerrar todas las reformas antes del verano para que estén aprobadas este mismo año. Aprobadas significa publicadas en el Boletín Oficial del Estado y ahí Bruselas es contundente. Por eso otra clave es que todos los componentes validadas del diálogo social. Es una máxima que ha transmitido Sánchez a sus ministros: no imponer ni legislar al margen de un acuerdo con CEOE y los representantes de los trabajadores. La Comisión quiere, en definitiva, que las medidas sean duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno, por eso no quiere 'ruido político' alrededor de las mismas.
Moncloa y el resto de ministerios vienen manteniendo un diálogo fluido y regular con Bruselas desde el pasado mes de octubre. Son 150 los funcionarios de la Comisión los que tienen el ojo puesto no sólo en nuestro país sino en el resto de gobierno que también tienen que cumplir con el compromiso de enviar sus planes de recuperación antes del 30 de abril. En el caso de España, la interlocución ha sido casi diaria, con varias videoconferencias semanales. De esta forma, la UE conoce perfectamente los planes españoles. Pero falta el Plan global, que será realidad el próximo martes tras aprobarse en Consejo de Ministros como "norma".
Luego llegará el momento del desbloqueo de los primeros fondos, hito que se producirá a partir de julio. No antes. Y es que para desbloquear el Next Generation es necesario que la propia Comisión pise el acelerador y para ello también está presionando España. Lo aseguró la propia Calviño la semana pasada: el Gobierno, junto a "bastantes" Estados miembros, va a insistir en la "urgencia" y la necesidad de aprobar "cuanto antes" los planes de recuperación al necesitarse que ese estímulo de los fondos se inyecte en la economía "lo antes posible". Bruselas tiene dos meses para evaluar y aprobar los planes de recuperación, incluidas las aportaciones que se vayan haciendo a medida que avance el diálogo social, y, a continuación, el Ecofin tiene un mes adicional. Ese será el instante de la primera transferencia. Habrá dos cada año.
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