El Gobierno ha bendecido desde el primer momento la fusión CaixaBank-Bankia pero ahora está intentando limar las aristas de una operación de este tipo en forma de un aluvión de despidos o prejubilaciones. Es, según fuentes del Ejecutivo de coalición, uno de los aspectos que más preocupan tanto al Ministerio de Economía, que tendrá la última palabra para dar el visto bueno definitivo a la entente, como a La Moncloa. Las salidas pueden rondar, según las estimaciones más optimistas, los 8.000 trabajadores y eso es lo que se está intentando precisamente salvar en un momento de 'tsunami' para el mercado laboral por la crisis del Covid.
Toda fusión bancaria de este tipo viene acompañada del consiguiente ajuste de costes. El Gobierno cuenta con ello: se cerrarán oficinas, se eliminarán departamentos y habrá despidos... Todo para evitar duplicidades entre dos entidades cuya red de sucursales está situada esencialmente en Madrid y Barcelona y que en no pocas ocasiones compiten por clientes prácticamente puerta con puerta. La intención del Ejecutivo pasa, por tanto, por que esos ajustes laborales se contemporicen en el tiempo y no sean, por tanto, de aplicación inmediata.
¿Cómo podría evitar una oleada de despidos en la entidad fusionada? Desde dentro. El Estado controlaría el 14% de la resultante y se sentaría en el consejo de administración cuya composición aún está por determinar. El FROB, por tanto, podrá participar y tomar partido en las decisiones que se adopten en el órgano de gobierno del nuevo primer banco español, limitando los despidos o, al menos, fijando un plan que no suponga un torpedo a la línea de flotación a miles de salidas en masa.
La opción que maneja, por tanto, el Gobierno pasa por mantener 'sine die' la presencia pública en la nueva entidad y aplazar su venta más allá de finales de 2021. Es algo en lo que coinciden tanto la parte del PSOE en la coalición como la de Unidas Podemos, incluidos los 'comunes' de Ada Colau. Vender ahora, creen, sería contraproducente para todos. Continuar unos años más, en definitiva, en el accionariado del banco por dos motivos: en primer lugar, por para intentar frenar el golpe con los previsibles despidos; y, por otro lado, para intentar maximizar la participación pública los 22.000 millones que costó el rescate de Bankia. El propio Pedro Sánchez ha reconocido que "estamos muy lejos" de recuperarlos.
Según un análisis elaborado por Barclays, más de 1.400 oficinas de Caixabank y Bankia operan bajo el mismo código postal y son susceptibles de poder cerrarse dentro de una previsible estrategia para optimizar recursos. Esta cifra supone cerca de una de cada cuatro sucursales de las 6.115 con las que cuentan Caixabank (3.846) y Bankia (2.269). Cada una de los locales bancarios está atendido por, aproximadamente, siete empleados, con lo que el personal afectado por la potencial fusión se elevaría a cerca de 10.000 empleados. Del mismo modo, la estimación de despidos de la entidad se sitúa entre los 2.500 y 7.500 en función de si el plan de ahorro de costes es más o menos agresivo.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha reconocido en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes cuáles son las ventajas de la participación pública en la nueva entidad fusionada. Se ha referido a la inversión realizada en su día por el Estado (los citados 22.000 millones) y ha destacado que la "respuesta en la Bolsa" al anuncio favorece el valor actual. También ha aludido al refuerzo de la "estabilidad financiera del sistema bancario" como una presencia que "es capaz de aportar seguridad a inversores y ahorradores". Y, por último, ha añadido que la resultante reforzará "la cohesión territorial de nuestro país", garantizando un blindaje frente al independentismo precisamente cuando la Generalitat, en boca de su vicepresident, Pere Aragonès, ha reclamado que el Estado fije ya un calendario para salir del accionariado de la entidad.
El Gobierno ha remarcado que si se dan las condiciones mencionadas por Montero la Vicepresidencia de Asuntos Económicos dará el visto bueno a la fusión sin ningún problema. Hay que recordar que es el departamento de Nadia Calviño quien, previa petición al Banco Central Europeo (BCE) de un informe sobre la operación, debe autorizar la misma de forma definitiva.
Sánchez siempre ha blindado Bankia
Desde que Sánchez llegó a Moncloa, en junio de 2018, el Gobierno colgó a Bankia el cartel de "no se toca", estrategia que pretende seguir manteniendo. El plan, con Calviño al frente, ha pasado por mantener el 'statu quo', todo a pesar de la entrada de Unidas Podemos en el consejo de ministros. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, llegó a negociar la posibilidad de transformarlo en un banco público, pero la propuesta quedó rechazada y las miradas se dirigen ahora hacia el ICO.
El Gobierno mantiene en este momento la fecha máxima de desinversión en Bankia para diciembre de 2021, aunque siempre puede volver a alargarla como ya hizo el propio Ejecutivo del PSOE en el famoso consejo de ministros de Barcelona del 21 de diciembre de 2018. Queda más de un año para el momento decisivo.
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