Armar un embrión de banca pública, una entidad oficial especializada en canalizar financiación a particulares para proyectos estratégicos tomando como base el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Es el proyecto que lleva explorando el Gobierno de coalición desde antes de la pandemia y que ahora ha adquirido una especial relevancia tras la crisis y el posterior anuncio de fusión entre CaixaBank y Bankia. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya tenían negociado incluso antes de la declaración del estado de alarma que el germen de entidad financiera pública no partiría del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. La novedad es que, tras la crisis, el Ejecutivo ha percibido que el papel jugado por el organismo dependiente de la Vicepresidencia económica y que dirige José Carlos García de Quevedo se ha revelado como esencial para mantener la fluidez del crédito. Tanto PSOE y Unidas Podemos son partidarios de impulsarlo e incluso han llegado a poner encima de la mesa un cambio de nombre.
Las negociaciones para relanzar el ICO comenzaron hace meses, según explican fuentes gubernamentales a La Información. Durante las conversaciones para formar Gobierno, en noviembre y diciembre, PSOE y UP llegaron a abordar la posibilidad de remozar la entidad pública que, según sus estatutos, tiene la misión de "promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional". Finalmente, todo quedó fuera del documento programático pero las bases estaban sentadas de forma que, a principios de año, en los cara a cara habituales entre Sánchez e Iglesias, presidente y vicepresidente segundo volvieron a poner encima la cuestión de transformar el ICO. Ahora, en vista del papel esencial que ha jugado el crédito con varias líneas de crédito el objetivo pasa por darle un nuevo impulso.
El plan pensado pasa por reformular el ICO y convertirlo en un banco público con una excepción: que no admita depósitos y, por tanto, no entre en el terreno puro de la banca comercial. Es decir, las negociaciones en el seno del Gobierno apuntan a una transformación de la entidad para darle un mayor recorrido a la hora de prestar dinero a particulares en un periodo de cambios en la economía con líneas específicas a sectores concretos. A saber, digitalización, transformación ecológica y desarrollo rural, como tres pilares básicos de la transformación que anunció Sánchez la pasada semana ante la plana mayor del Ibex 35. El ICO, por tanto, facilitaría créditos en condiciones similares de mercado a como lo hace la banca privada y no entraría a competir, como hasta ahora, en el terreno de los ahorros ya que, al estar garantizados por el Estado, podría provocar una peligrosa fuga de capital de los bancos tradicionales.
En las negociaciones mantenidas, según explican fuentes conocedoras de las mismas, se ha llegado a hablar de la posibilidad de cambiarle el nombre el ICO y que adopte una denominación más 'bancaria'. "Banco Público de Crédito Oficial" o "Banco Español de Crédito Oficial", son dos posibilidades que se han barajado. Las mismas fuentes recuerdan que España ya tuvo durante décadas una entidad pública especializada en la promoción del comercio exterior. Fue el Banco Exterior de Crédito, hoy integrado en BBVA, una figura que sirvió durante el franquismo y hasta los años 90 para impulsar la internacionalización de empresas.
El modelo de un banco público con músculo, capaz de cubrir el hueco de la banca privada en momentos de crisis, no es novedoso. En países como Alemania u Holanda existen entidades oficiales que conviven con la banca privada sin problemas. Es el caso del germano NRW Bank, propiedad del Estado de Renania del Norte Westfalia y que tiene su sede central en Düsseldorf o del BNG Bank radicado en La Haya.
Desde el Gobierno se recuerda, además, que el ICO ya ha jugado un papel clave durante la actual crisis. Primero con la línea inicial de créditos por 500 millones para los afectados por la quiebra de Thomas Cook aprobada en octubre del año pasado, una partida que no fue utilizada como se esperaba y que luego fue reformulada, y con los dos paquetes de 100.000 y 40.000 millones (el segundo se espera aprobar esta misma semana).
Menciones a financiación en el acuerdo de coalición
En el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no hay mención alguna al ICO ni a Bankia. Sí se recogen, en cambio, alusiones a la necesidad de impulsar instrumentos financieros para, especialmente pequeñas empresas y autónomos. Por ejemplo, se contempla que "habilitaremos distintos instrumentos de apoyo financiero y técnico a la innovación de las PYMES" o que "modernizaremos e impulsaremos los instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización, con el objetivo de diversificar las áreas geográficas y sectores de destino de las exportaciones de bienes y servicios españoles, introduciendo también la sostenibilidad como elemento transversal en la política de internacionalización".
Asimismo se comprometieron a movilizar "suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes (promotores públicos y privados, cooperativas y economía social entre otros) y estimularemos la oferta privada en alquiler", así como a impulsar "un Plan Nacional de Desarrollo Rural para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural, mediante el impulso de las infraestructuras, la localización prioritaria de proyectos productivos y la previsión de líneas de financiación prioritarias para los sectores productivos más relevantes".
Un banco público es una promesa electoral de PSOE y UP
Crear un banco público es una promesa electoral tanto de PSOE como de Unidas Podemos. Pedro Sánchez reflejaba en su programa para el 10-N (punto 4.2) crear "una entidad pública de financiación de la innovación, el emprendimiento, la transformación digital y la transición ecológica, que integre los programas y entidades públicas de crédito existentes". El partido de Pablo Iglesias iba más lejos y ponía encima de la mesa incluso un nombre: "BITTE (Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica)".
“Yo también defiendo una banca pública, no es una cuestión solamente de un parte de la izquierda", reconocía Sánchez este lunes en la entrevista concedida a TVE
"Partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas -añadía UP-. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial. Dado que uno de los obstáculos para la transición económica es la persistencia de la corrupción en España, se impedirá que las empresas condenadas por delitos de corrupción participen en estos programas y, en su caso, deberán devolver las subvenciones recibidas".
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