El presidente de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé, principal inductor de la fusión de su filial Caixabank con Bankia, ha garantizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva entidad bancaria quedará al margen de cualquier intento de control por parte de las fuerzas secesionistas de Cataluña. Dicho compromiso supone un revés para el Govern de la Generalitat en sus aspiraciones de recuperar dentro del territorio catalán la sede del que está llamado a convertirse en el primer grupo bancario del país. El proyecto de fusión implicará la absorción de Bankia por Caixabank, dando lugar a una institución cuya vinculación exclusiva con Cataluña se podrá manifestar a partir de la denominación comercial de la entidad resultante, pero nunca de su sede social ni tampoco a partir del gobierno corporativo, que deberá estructurarse de manera equitativa entre los actuales equipos de los dos bancos fusionados.
Dos son los aspectos claves en los que Fainé fundamenta la anunciada ‘descatalanización’ de la futura Caixabank integrada con Bankia. En primer lugar el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada establece que el domicilio social se mantendrá en Valencia, donde actualmente tienen radicada su sede una y otra entidad. Esta circunstancia constituye un punto de partida esencial en el compromiso político con el Gobierno pero además Fainé ha manejado como argumento esencial que la presidencia será desempeñada por José Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia, en detrimento de Jordi Gual, actual titular del consejo de administración de Caixabank. Las relaciones entre Fainé y Gual han estado caracterizadas en los últimos tiempos por una cierta desafección que se ha traducido en posiciones encontradas con respecto al papel institucional de la entidad.
Fainé siempre ha tenido claro que las raíces del grupo financiero y empresarial de La Caixa no deben suponer ningún obstáculo para la identificación de la entidad como un emblema de la marca España, un proceso emprendido hace tiempo y que ahora va a adquirir una especial envergadura mediante la fusión con Bankia. En este marco de actuación el máximo promotor del acuerdo no ha tenido ningún reparo en ceder la presidencia a su interlocutor en un gesto que sirve también para agradar al Gobierno con vistas a esa unidad de esfuerzos a nivel territorial que está reclamando desde hace meses Pedro Sánchez.
Estos dos puntos claves, la sede en Valencia y la presidencia para Goirigolzarri, son, precisamente, los que no han gustado en absoluto al ala más independentista del Govern. Nada más conocerse las negociaciones para la futura fusión fueron varias las voces que salieron a señalar los múltiples inconvenientes que suscitaba. El presidente de la Cámara del Comercio de Barcelona, Joan Canadell, muy cercano a Carles Puigdemont, no dudó en manifestar sus discrepancias con el proyecto señalando que "CaixaBank se alejaría aún más de Cataluña y de sus raíces".
Para evitar este alejamiento, Canadell apuntaba que sería positivo que la sede volviese a Barcelona, una idea que no contemplan ninguna de las partes implicadas en la operación. "La fusión debería servir para reforzar el arraigo de CaixaBank en Cataluña", reiteraba. En cambio, y según las fuentes consultadas, si bien Madrid y Barcelona mantendrían una parte importante de los equipos de la futura entidad, la sede social estará inevitablemente en Valencia, alejándose así de cualquier duda que pudiera surgir sobre el devenir de una entidad cada vez más 'españolizada'.
Una de las grandes incógnitas reside en el papel que se otorgará al actual presidente de Caixabank, Jordi Gual, dentro del consejo de administración del nuevo banco fusionado
Canadell no fue el único en salir a la palestra y 'barrer para casa'. También lo hizo Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, que, según sus palabras en una entrevista a Efe, habló con los "máximos representantes" de CaixaBank y les trasladó tres demandas. Una de ellas pasaba por la solicitud de continuidad en la "la vinculación histórica" del nuevo banco con Cataluña, pidiendo expresamente la vuelta de la sede social. "Sería una muy buena decisión que demostraría el compromiso de continuar este vínculo con el país", señaló. En cambio, no habría habido respuesta a tal petición.
El otro punto clave tiene que ver con la presidencia de la futura entidad. La elección de Goirigolzarri parece indiscutible por varias razones, pero no gusta al independentismo. En este sentido se manifestó Ramón Tremosa, recién nombrado conseller de Empresa de la Generalitat tras conocer las primeras informaciones sobre la fusión en ciernes. Sea como fuere, el propio Fainé se habría encargado personalmente de poner sobre la mesa y defender las dos líneas rojas del proyecto que, esta vez sí, parece encaminado a un acuerdo de manera inmediata, como auguraba Luis de Guindos en su papel de vicepresidente del BCE.
Las razones de la presidencia de Goirigolzarri serían varias. Por un lado, la cesión de poder a Bankia, y por otro, ciertas desavenencias que tendrían que ver con un intervencionismo mayor del esperado en la gestión en Caixabank por parte de su actual presidente, Jordi Gual. Además, en este reparto de sillones, el poder ejecutivo de la nueva entidad-cumpliendo así con los mandatos del buen gobierno corporativo- le correspondería a Gonzalo Gortázar, un hombre, esta vez sí, de la total confianza de Fainé y que no ha crecido en la 'escuela' de La Caixa, por lo que está considerado como un profesional alejado de cualquier tentación política cercana al soberanismo catalán. El futuro de Gual es la gran incógnita y su papel podría quedar reducido al de mero vocal en el nuevo consejo de administración del banco fusionado, donde el Gobierno tendrá también mucho que decir en representación de la participación estatal.
La operación es observada como una referencia para otras fusiones en España y resto de Europa, sin descartar acuerdos transfronterizos entre bancos de diferentes Estados miembros
Con el plácet de Sánchez totalmente asegurado y unos principios de acuerdo que parecen ir viento en popa, se espera que en los próximos días se convoquen dos consejos de administración paralelos que permitan poner sobre la mesa los avances realizados en el proceso de 'due dilligence' que se está llevando a cabo. Tanto los responsables de Caixabank como los de Bankia han instado a sus bancos asesores, Morgan Stanley y Rothschild respectivamente, para que apuren los análisis de valoración a fin de poder disponer de una primera ecuación de canje con la que abordar la recta final de las negociaciones.
El desarrollo de la operación es seguido con máximo interés desde instancias europeas, por cuanto que puede suponer una referencia para otras operaciones de concentración, tanto en el mercado doméstico como también a nivel internacional. No es descartable que a partir de ahora surjan también proyectos de carácter transfronterizos que darían carta de naturaleza a un nuevo y cambiante mapa bancario en Europa. Está claro que, desde esta perspectiva, Luis de Guindos se ha apuntado también un tanto importante en el seno del BCE y sobre ante su jefa, Christine Lagarde.
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