La Audiencia Nacional cuenta con nuevas evidencias de adjudicaciones a supuestos donantes del Partido Popular. El magistrado Santiago Pedraz está recabando los expedientes de los concursos que se podrían haber amañado en favor de empresarios que participaron en el circuito de la caja 'B' de la formación. La Entidad Estatal de Suelo (SEPES), uno de los organismos públicos a los que se dirigió el pasado mes de noviembre, ha confirmado que varios proyectos que adjudicó en 2004 fueron para Constructora Hispánica, empresa que figura como donante en las agendas de Luis Bárcenas.
Así consta en un informe aportado por este organismo a la causa el pasado 10 de febrero. De acuerdo con la documentación, a la que ha tenido acceso La Información, la firma de Alfonso García Pozuelo se hizo con varios proyectos públicos en 2004, cuando todavía era presidente del partido José María Aznar. El primero de ellos se adjudicó en junio de ese año en un concurso sin publicidad y por importe ligeramente superior al millón de euros. El objetivo era acometer las obras de la urbanización Loma Colmenar en Ceuta. El segundo, adjudicado en junio de ese mismo año está relacionado con los trabajos en el barraco del Alamín (Guadalajara). El ente, que se encuentra entre el grupo de organismos públicos a los que se dirigió Pedraz, entrega también los expedientes del ejercicio 2005.
La documental se remitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en febrero después de que la Policía estudiase un primer envío de documentación y constatara la ausencia de estos contratos. El objetivo es analizar si coincide en tiempo el pago de supuestas mordidas por parte de empresarios ligados a la caja 'B' con la licitación de estas obras. En este caso, las agendas del extesorero del Partido Popular reflejan una serie de donantes entre los que se encuentran el empresario García Pozuelo. Este nombre también ha salido a relucir en la causa Púnica en la que se investiga la supuesta financiación opaca del PP madrileño. Según las anotaciones, los pagos se habrían hecho entre los años 2004 y 2007, coincidiendo con estas licitaciones que ahora aporta la Entidad Estatal de Suelo.
Análisis de contratos públicos
Este uno de los organismos a los que se dirigió Pedraz a finales del pasado año para requerir información acerca de una veintena de licitaciones de obras públicas sospechosas de no haber seguido los cauces legales y habérselas destinado a donantes del partido. En concreto, la UDEF pidió que se rastrearan 23 contratos públicos adjudicados a García Pozuelo entre 2002 y 2004, tras identificar donativos del empresario en ese tiempo superiores a los 250.000 euros. Por ello, además de dirigirse al SEPE, también acudieron a los Ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Medioambiente y Educación, además de ADIF y AENA. El sucesor de José De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción número 5 dio impulso a esta parte viva de la investigación después de que la Policía Judicial acreditara la "relación directa" entre esta causa y el caso Villarejo.
Los agentes destacaron el vínculo entre los registros de pagos anotados por Bárcenas con la pieza abierta en otro juzgado de la Audiencia Nacional por el robo ilegal de material que atesoraba Bárcenas y que podría comprometer al PP por esta financiación paralela a la oficial. Aunque la brigada parapolicial logró desactivar muchas pruebas que guardaba el exgerente del PP, los agentes destacan la existencia de anotaciones que atribuyen a su mujer, Rosalía Iglesias, y que habría guardado el exchófer de la familia Sergio Ríos Esgueva. El 'topo' de la Policía también está imputado en esta pieza del caso Villarejo en el que se investiga cómo se produjo el robo y destrozo de esta documentación relativa a más pruebas de ese supuesto circuito ilegal.
Registros en SEPE y el Canal
En lo que respecta a la causa de los Papeles de Bárcenas cabe recordar que agentes de la UDEF ya rastrearon la sede de SEPES el pasado mes de noviembre en busca de toda la documentación relativa a la adjudicación del proyecto de construcción de EDAR "Monte Boyal". La licitación de esta planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad toledana de Casarrubios del Monte habría ido a parar a otra de las firmas implicadas en esta supuesta caja 'B': la constructora Degrémont. Con todo, además del registro en SEPES, los agentes se personaron en las oficinas del Canal de Isabel II con el fin de requerir el contrato de explotación de servicios de las estaciones depuradoras de aguas residuales en Madrid, que también fue a parar a esta constructora en el año 2006.
Precisamente, Degrémont ha sido objeto de uno de los últimos informes de la UDEF en el que se analiza la licitación de un contrato de suministro por parte del Canal de Isabel II por un importe de 6,9 millones de euros. Gracias a la documentación remitida han constatado que, al igual que ocurrió con Constructora Hispánica, en este caso la adjudicación por parte de la empresa pública de aguas se produjo en paralelo a la entrega de dinero en metálico al PP que habrían realizado Rafael Palencia y Ángel Salgado. Los registros constatan pagos que superan los 194.000 euros entre los años 1998 y 2004. Al respecto, Luis Bárcenas -que declaró como testigo la pasada semana en la Audiencia Nacional- reiteró la existencia de este sistema en el que implicó a Esperanza Aguirre y con el que la formación habría financiado por encima de lo establecido por la Ley las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
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