El caso sobre el presunto robo del teléfono de Dina Bousselham se prepara para vivir un episodio crucial. El que fuera coordinador de los servicios jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, declara hoy como testigo ante el juez del caso Villarejo y lo hace en el marco de la cruzada que mantiene contra el partido para el que trabajó hasta su despido el pasado año. Los investigadores quieren escuchar su versión en sede judicial de lo que considera un "montaje" en aras a esclarecer los detalles del presunto robo y del destrozo de la tarjeta de la exaesora de Pablo Iglesias.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran muy relevante lo que pueda aportar el abogado en aras a seguir adelante con las diligencias de investigación, entre las que no se descarta una acción penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno ante el Tribunal Supremo. Además, se trata de una declaración doblemente especial porque no estará conducida por los fiscales al frente del procedimiento contra José Manuel Villarejo sino que les sustituirá el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. De este modo se evita el encuentro entre los representantes del Ministerio Público y la abogada Marta Flor, quien insinuó en el chat interno del equipo legal de Podemos que tenía vínculos especiales con uno de los fiscales del caso.
Esta décima pieza del caso Tándem dio un vuelco el pasado mes de mayo cuando Bousselham confesó en la Audiencia Nacional que recibió de manos del líder de Podemos el móvil que le sustrajeron en noviembre de 2015. La exasesora de la formación morada dijo que Iglesias se lo dio a mediados de 2016, medio año después de que se lo entregara el máximo responsable del Grupo Zeta Antonio Asensio. Aunque Iglesias sí visualizó con el empresario el contenido de la tarjeta, lo cierto es que cuando llegó a Dina ésta ya estaba completamente ilegible. Esa confesión provocó la salida del caso de Pablo Iglesias como perjudicado y una escisión entre fiscales y magistrado, pues mientras los primeros quisieron cerrar el asunto con la salida de Iglesias, el magistrado está dispuesto a llegar hasta el final para saber qué se esconde detrás de todos estos hechos.
Por ese motivo acordó la cituación de José Manuel Calvente, el cual coordinó los servicios jurídicos del partido precisamente durante los años en los que se cocinó la estrategia política del robo, Cabe la posibilidad, según las fuentes consultadas, de que Calvente guarde silencio acogiéndose al secreto profesional del abogado, pero si decide explicar los pormenores de este episodio podría volver a apuntar que se trató de un montaje. Así lo expuso en una entrevista a El Mundo en la que aseguró que Bousselham fue la autora de los pantallazos de su móvil sobre las conversaciones que luego salieron publicadas en prensa, tal y como ella misma confirmó ante el instructor. Dina, por su parte, siempre ha mantenido que ella no las filtró a ningún medio sino que las pasó a cercanos suyos y que nunca se ha sentido perjudicada por Iglesias sino que es una acción de las cloacas del Estado.
Sin embargo, el magistrado entendió que esa difusión de mensajes comprometedores para Iglesias -como los comentarios ofensivos que hizo sobre Mariló Montero- ya no se podía achacar exclusivamente a José Manuel Villarejo, de quien sospecharon en primer lugar tras encontrar en su domicilio una copia del contenido del dispositivo telefónico. Además también ordenó una batería de diligencias en aras a esclarecer cómo se pudo destrozar por completo la tarjeta. Desde mayo hasta entonces se suman a la causa las pesquisas de Asuntos Internos, el resultado de la comisión rogatoria a Reino Unido y las conclusiones de la Policía Científica.
La batalla contra Podemos
Tal y como adelantó este diario, la Policía Judicial determinó en un primer momento que la tarjeta tuvo que llevarse a Londres porque en España no la podían recuperar. La empresa Recuperación Express remitió los correos intercambiados con Ricardo Sá Ferreira, marido de Dina, que demuestran que finalmente la pareja declinó arreglarla por el alto coste que implicaba. El juzgado quiso seguir adelante con las diligencias y entrevistó al responsable de esta firma que estudió el teléfono. La respuesta fue clara: la tarjeta estaba físicamente intacta aunque su contenido no se podía recuperar. Finalmente la Policía Científica también aportó sus conclusiones al caso sin arrojar más luz sobre estos hechos, de ahí que la versión de Calvente pueda ser crucial. El mismo comparecerá por videoconferencia desde el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona.
Con todo, este no es más que un capítulo en el marco de la guerra abierta con Podemos. La denuncia que presentó sobre una presunta financiación ilegal y su batalla en los tribunales contra Marta Flor se han convertido en un caldo de cultivo que puede acabar por perjudicar seriamente al vicepresidente segundo del Gobierno. Esto es así porque la investigación penal que sigue un juzgado de Madrid por presunta financiación irregular de Podemos arrancó con una denuncia de Calvente ante la Guardia Civil de Barcelona. Aunque la instrucción está todavía en un estado inicial, el magistrado Juan José Escalonilla ya ha imputado a la formación como persona jurídica, si bien la Fiscalía pide acotar en gran medida el alcance del procedimiento. A ello hay que sumarle el triunfo de Calvente frente a su excompañera Marta Flor. La magistrada Rosa María Freire dio carpetazo el pasado mes de julio a la causa abierta contra él por presunto acoso laboral y sexual sentenciando en su auto de archivo que la querella de la exabogada de Iglesias era un fiel reflejo de "una lucha de poder interna que transciende al propio conflicto entre las partes del procedimiento".
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