El juez Santiago Pedraz ya tiene encima de la mesa documentación clave sobre la operativa que se llevó a cabo por parte de Mercasa en Panamá. El resultado de la comisión rogatoria librada a las autoridades del país centroamericano ya ha llegado a la Audiencia Nacional, que investiga si en los contratos que se celebraron entre octubre de 2010 y mayo de 2017, por el importe total de 8,5 millones de euros (más de 9,7 millones de dólares), llevaban detrás un sistema de sobornos para conseguir adjudicaciones públicas. Una documental que estrecharía el cerco sobre tres exaltos cargos de la empresa pública española nombrados por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Entre los papeles que se han puesto a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se encontrarían correos electrónicos enviados entre Mercasa y el despacho de abogados que dirigía el exministro panameño Melitón Arrocha para que intermediara a favor del consorcio español en las adjudicaciones públicas. Según han indicado fuentes cercanas a la investigación a La Información, se trataría de correspondencia vinculada a los exsecretarios generales de Mercasa María Jesús Prieto y Álvaro Curiel, y el exdirector económico financiero de la empresa Rubén de Castro, que demostrarían el grado de conocimiento que tenían de las operaciones realizadas sobre las que se sospechan que se pagaron comisiones irregulares.
Se da la circunstancia de que estos tres investigados serán juzgados, junto a otras 15 personas, por la pieza principal del denominado 'caso Mercasa', relacionado con el presunto pago de más de 20 millones de euros en comisiones a autoridades y funcionarios públicos de Angola, durante los años 2006 a 2016, para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda. La Fiscalía Antincorrupción solicita para ellos hasta 8 años de prisión por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos continuada, blanqueo de capitales y organización criminal; mientras que la Abogacía del Estado limita su acusación a 5 años de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos.
En relación a la línea de investigación sobre los negocios en Panamá, una comisión judicial, liderada por el juez Pedraz y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, se desplazó la última semana de enero al mencionado país para interrogar a varios testigos con el fin de esclarecer si en los cinco contratos públicos que se firmaron por un importe de 8,5 millones de euros -aunque se facturó un millón menos- se abonaron comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas. Una de las personas interrogadas fue el exviceministro de Comercio Exterior panameño y exrepresentante permanente de la República de Panamá ante la ONU, Melitón Arrocha, quien leyó un extenso documento y se comprometió a entregar numerosa documentación para demostrar que todos los servicios prestados por su despacho para la representación de Mercasa fueron legales.
Precisamente, el texto reproducido por el exministro se encuentra en la comisión rogatoria, en la que también se han incluido las facturas giradas por dichos servicios y los correos electrónicos que apuntan a los exaltos cargos del consorcio público, según han indicado las fuentes consultadas. Del análisis de dicha documentación depende el futuro de esta línea de investigación. De hecho, el juez Pedraz acordó prorrogar otros seis meses esta parte del 'caso Mercasa' a la espera de que llegara la documentación panameña. En este sentido, las fuentes conocedoras de las pesquisas apuntan que una vez se estudie toda la información que acaba de llegar, el magistrado instructor tendrá que decidir si practica más diligencias, si considera que la pieza está lista para ser enjuiciada o si se debe dar carpetazo a esta parte de la investigación.
El 'modus operandi'
Otra opción sería, según indican las mismas fuentes, que el juez espere a que lleguen las comisiones rogatorias que se libraron a otros países para aclarar si también se cometieron irregularidades en República Dominicana o Argentina y determinar si se debe juzgar todo de manera conjunta o por separado. De acuerdo con las pesquisas realizadas desde que se inició el 'caso Mercasa' en 2018, cuando el juez José de la Mata estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 -ahora en Eurojust-, el consorcio público habría seguido un mismo 'modus operandi' en todos los países que están siendo objeto de investigación: la canalización de pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios extranjeros mediante acuerdos de consultoría con distintas personas físicas, a los que pagaban un porcentaje de la suma del contrato público conseguido. Dichas mordidas habrían sido abonadas a cuentas bancarias cuya titularidad eran sociedades pantalla.
En el caso de Panamá, los investigadores creen que el agente o comisionista habría sido el Melitón Arrocha, a través de su despacho de abogados, que ejerció como representante de Mercasa. Fue en este contexto en el que el exviceministro -que no está investigado- leyó su extenso documento y se comprometió a entregar a la Audiencia Nacional todos los documentos a su disposición, con el fin de despejar cualquier indicio del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Pero la Fiscalía Anticorrupción tampoco descarta la participación de otros comisionistas en estos hechos, como el consultor José Manuel Cano, quien fue contratado por la empresa pública para uno de los concursos en el país caribeño, por el que habría llegado a percibir una comisión del 6% del importe total de la licitación, más la suma de 75.000 euros anuales. Las sospechas aparecieron tras no encontrar signos que acrediten que estos servicios realmente fueran prestados.
Por las presuntas irregularidades cometidas por Mercasa estaba investigado Pablo González, quien fuera exdirector de Estrategia y Operaciones del consorcio público y hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, imputado en los casos 'Lezo' y 'Púnica', si bien el juez De la Mata decidió dejarle fuera de la lista de investigados en relación a los proyectos en Angola. No ocurre lo mismo con Panamá, pues el magistrado que ha heredado esta causa, Santiago Pedraz, sí que previó su interrogatorio. Asimismo, cabe destacar que entre los imputados se encuentra José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Este empresario también se sentará en el banquillo de los acusados por las operaciones relacionadas con el país africano.
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