Congreso de Diputados español aprueba la limitación de la justicia universal

Madrid, 27 feb.- El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy, con los votos del Partido Popular, en el Gobierno, y con la oposición en contra, limitar la aplicación de la justicia universal.

Así la propuesta del PP (centroderecha) de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita los casos de justicia universal en los que pueden intervenir los jueces españoles, fue aprobada por 180 votos a favor y 137 en contra, con tan solo el apoyo del partido en el Gobierno.

El texto, aprobado por vía de urgencia y en lectura única, pasa ahora al Senado, donde previsiblemente también pasará con los votos del PP.

La reforma supone que solo se puedan investigar y enjuiciar en España delitos graves cometidos fuera del territorio español, como los de genocidio y lesa humanidad, cuando la causa se dirija contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del delito o cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

Todo eso a condición de que se haya interpuesto querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

Esta limitación de la justicia universal fue aprobada en el Congreso con la mayoría absoluta del PP, que impuso el procedimiento de la tramitación sin pasar por el debate de las enmiendas en comisión.

La reforma puede afectar a una docena de causas abiertas por la Justicia española, entre ellas la investigación a exlíderes chinos, incluidos los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao, por la represión en el Tibet o de la muerte del cámara español de televisión José Couso en 2003, en Irak, que la justicia española imputa a militares estadounidenses.

En la sesión parlamentaria estuvo presente el ministro de Justici Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Los grupos de la oposición estimaron que la vía de urgencia ha sustraído al Parlamento de un debate y ha evitado que se pronunciaran órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Consideran también que la iniciativa supone en la práctica la eliminación de la justicia universal en España y el archivo de casos como la investigación de la represión en el Tíbet y la muerte del cámara de televisión José Couso en la guerra de Irak y han considerado de dudosa constitucionalidad su efecto retroactivo a causas en curso.

Por su parte, el diputado del PP José Miguel Castillo, quien defendió la propuesta, sostuvo que ningún convenio internacional reconoce el principio de jurisdicción universal entendido como un derecho de un Estado para perseguir sin limitación alguna hechos cometidos en otro, ni siquiera cuando éste no los persiga, y recordó que ya han introducido limitaciones en este campo países como Alemania, Italia, Dinamarca y Bélgica.

Destacó que, incluso, la iniciativa de su partido amplía la posibilidad de justicia universal no solo para casos de vulneración de derechos humanos como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad sino también a otros ahora no recogidos como los cometidos contra la mujer, de violencia doméstica, psicológica, acoso, matrimonios forzosos, abortos y esterilizaciones forzadas y la trata de seres humanos.

El portavoz del partido socialista PSOE -la mayor fuerza de la oposición-, Julio Villarrubia, advirtió de que la renuncia que en la práctica supone la reforma a perseguir este tipo de delitos graves lanza un mensaje de impunidad a sus autores, que quedarán sin castigo.