El exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano ha consignado en la Audiencia Nacional los 300.000 euros de fianza que le impuso el magistrado al frente del caso 'Tándem' por su implicación en los encargos que hizo la entidad al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Corrochano, que fue el único de los ocho nuevos imputados que salió de la Audiencia Nacional con medidas cautelares, ha apurado el plazo que vencía en los próximos días para hacer efectivo el pago de la caución efectuada mediante transferencia bancaria, según confirman fuentes jurídicas a este diario.
El magistrado Manuel García Castellón imputó al que fuera jefe superior de la Policía de Madrid y otros siete algos cargos del banco por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos. Dos días después de esta nueva batería de citaciones, Corrochano compareció en la Audiencia Nacional si bien se acogió a su derecho a no declarar, siguiendo de este modo la estrategia de defensa acordada por el resto de directivos del banco, a excepción del actual presidente del Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar.
Pese a ello, el instructor, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, le impuso como medida cautelar libertad sujeta al pago de fianza de 300.000 euros. Una vez abonada, se acuerda además prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado. Aunque el exdirectivo prefirió guardar silencio ante los investigadores, el propio Villarejo le señaló como el nexo de unión entre el entramado empresarial que gestionaba junto con su socio Rafael Redondo y la entidad en el marco de los encargos que efectuó el banco desde el año 2004 y que ahora le abocan a su imputación como persona jurídica por delito de cohecho.
La responsabilidad penal del BBVA y FG
El agente encubierto se pronunció de esta manera en su declaración desde el centro penitenciario de Estremera, donde cumple prisión provisional por su papel protagonista en esta trama de espionaje. En su interrogatorio, efectuado desde la cárcel por motivos de salud, no solo evitó incriminar en este asunto al entonces presidente del banco Francisco González sino que apuntó directamente al exjefe de seguridad como la persona con la que despachó estos asuntos, plasmados en contratos que se firmaron entre Cenyt y el banco al menos desde el año 2004 y por los que el BBVA ha pagado poco más de 10 millones de euros.
Precisamente, el desembolso de estas cuantías que se efectuaron incluso hasta después de la detención de Villarejo tras el estallido de esta operación en noviembre de 2017, ha llevado a los fiscales al frente de la causa a estudiar la petición de imputación del propio banco, solicitud que se efectuará la próxima semana, de acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por este periódico. El avance de esta pieza, que comenzó investigándose a tenor del encargo concreto efectuado por el banco para evitar el intento de asalto de Sacyr, permitió al instructor concretar los pagos del banco a Cenyt.
De hecho, las imputaciones acordadas hace apenas dos semanas se produjeron tras recibir documentación de la entidad -requerida en más de una ocasión por el Ministerio Público- relativa a los departamentos vinculados a las cuentas bancarias desde donde se efectuaron los pagos a las empresas de Villarejo. El mismo argumenta encarecidamente que los servicios prestados se ciñen a asesoramiento jurídico y de inteligencia, si bien los fiscales del caso le acusan de intentar evitar las maniobras de la constructora controlando para ello miles de llamadas telefónicas de periodistas, empresarios y hasta miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en una operación bautizada como 'Trampa'.
A pesar del 'silencio' guardado por los nuevos imputados en esta pieza, los investigadores continúan analizando la información recibida de la entidad y trabajando de cara a aclarar qué persona concreta ordenó contratar con los servicios del comisario, el cual estaba en activo en el momento de los hechos. Por ese motivo, todas las miradas están puestas ahora en la próxima imputación del banco como persona jurídica y de Francisco González, el cual se vio obligado a dejar la presidencia de honor de la entidad el pasado mes marzo tras verse salpicado por este escándalo de espionaje.
Con todo, fuentes de la investigación confirmaron a este diario que se prevé levantar el secreto de las actuaciones que pesan sobre esta novena pieza del procedimiento el próximo otoño. Ello irá seguido de una nueva ronda de citaciones en las que los acusados previsiblemente sí responderán puesto que para entonces ya habrán tenido acceso al contenido del sumario, lo que les permitirá conocer al detalle de qué se le acusa. De hecho, todos ellos, incluidos el exconsejero delegado Ángel Cano, confirmaron su intención de colaborar con la Justicia. El 'exnúmero dos' de FG también guardó silencio en su cita judicial si bien confirmó a este diario que no recuerda haber dado instrucciones de contratar con Cenyt, desmarcándose de este modo de cualquier actividad ilícita vinculada al agente encubierto.
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