Villarejo arremete contra las pesquisas al BBVA: "Lo pagaremos y lamentaremos"

  • Dice que la causa contra la cúpula y el banco por contratar sus servicios busca "lesionar
    gravísimamente la reputación de personas respetables".
Ángel Cano
Ángel Cano
EFE

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha vuelto a arremeter contra la investigación que sigue la Audiencia Nacional por los encargos de espionaje que efectuó desde su entramado empresarial a multinacionales y entidades, a las que se ha referido como "auténticamente estratégicas para España". De esta forma ha hecho alusión de manera indirecta a la entidad BBVA y la antigua cúpula que está bajo la lupa de los investigadores por contratar sus servicios durante más de una década para, entre otros aspectos, frenar el intento de asalto al banco de Sacyr.

"Siento verdadera tristeza de que esta investigación, que de libro es inquisitorial y prospectiva -iniciada tras una denuncia anónima y que nada tiene que ver con los casos que sucesivamente van sacando- vaya a tener como consecuencias ineludibles lesionar gravísimamente la reputación de personas respetables y segar la hierba bajo los pies de compañías españolas multinacionales auténticamente estratégicas para España: de una forma u otra, más indirecta que directa, todos lo pagaremos y lo lamentaremos; es cuestión de tiempo", reza el último comunicado remitido a la prensa por el comisario jubilado.

Se refiere el agente encubierto a la investigación abierta en la pieza novena del caso Tándem contra ocho directivos del banco (entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano) por haber contratado los servicios de Cenyt desde el año 2004. Los encargos efectuados costaron a la entidad 10 millones de euros, los cuáles se fueron abonando desde cuentas internas de la misma hasta incluso después de la detención de Villarejo, en noviembre de 2017, por su implicación en estos hechos. 

La sombra de la imputación del BBVA

En su comunicado insiste en denunciar las filtraciones "interesadas, torticeras y descontextualizadas"a la prensa de los audios que obran en el sumario de la causa y al respecto añade que no va a pedir perdón por estas labores que él enmarca dentro de asesoramiento jurídico. "No voy a pedir perdón por dedicar en cuerpo y alma mi vida, poniéndola en riesgo en reiteradas ocasiones, a defender la seguridad de los españoles y proteger nuestros intereses nacionales. Al contrario: me siento tremendamente orgulloso", precisa. 

Su último mensaje lanzado desde el centro penitenciario de Estremera -donde cumple prisión provisional por delitos, entre otros, de organización criminal- coincide no solo con la reciente imputación de ocho directivos de la entidad por cohecho y revelación de secretos sino también con el avance de las pesquisas que apuntan a una posible imputación del banco como persona jurídica. Fuentes jurídicas confirman a este diario que el próximo paso lo efectuará la Fiscalía Anticorrupción pidiendo la citación en calidad de investigada de la entidad por delito de cohecho continuado.

Protección a FG ante el juez

Con todo, este pronunciamiento se produce una semana después de que el magistrado al frente de la macrocausa, Manuel García Castellón, y los fiscales del caso se desplazaran a Estremera para tomarle declaración por dos asuntos concretos: el encargo efectuado por los hermanos Pérez-Maura para frenar la extradición de uno de ellos a Guatemala, y sus gestiones con el BBVA. Sobre este último asunto, Villarejo protegió a Francisco González apuntando que nunca despachó con él sobre los contratos firmados y que ni tan siquiera mantuvo una conversación telefónica al respecto. Al contrario, dijo que el nexo de unión entre sus empresas y el banco fue Julio Corrochano, el cual aterrizó en la entidad proveniente de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. 

Nuevas citaciones a la vuelta del verano

Precisamente el policía es el único de todos los investigados en esta pieza sobre el que pesan medidas cautelares. Aunque en su citación judicial de hace apenas dos semanas prefirió guardar silencio siguiendo la línea marcada por el resto de imputados -a excepción de Antonio J. Béjar- el magistrado le dejó en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 300.000 euros. Además, le impuso retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio español. Por su parte, Ángel Cano -que fue el último en desfilar por la Audiencia Nacional- también prefirió acogerse a su derecho a no declarar al tratarse de actuaciones que se mantienen bajo secreto de sumario.

Cano, que no quiso pronunciarse públicamente sobre este asunto, confirmó a este diario que no recuerda haber dado instrucción alguna para contratar con el entramado empresarial de Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, también imputado en esta pieza. Con todo, fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les volverá a citar a la vuelta del verano toda vez haya levantado el secreto de sumario que pesa sobre esta pieza que arrancó por las gestiones para frenar la entrada de Sacyr al banco; operación que los investigadores bautizaron como 'Trampa'.

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