La declaración del estado de alarma en Madrid lleva una semana planeando entre los socios del Gobierno de coalición con grandes dudas por el coste político y electoral que supone tomar una medida tan drástica en el principal núcleo de población de España. Fuentes cercanas a esa decisión aseguraban que era el último recurso al que había que llegar si fallaban todos los cauces de comunicación y cooperación con Díaz Ayuso, a la vista de que todo el malestar social que la medida genera recaería sobre PSOE y UP, después del rechazo de la presidenta de Madrid y el PP a las medidas establecidas por Illa sobre diez municipios y cerca de seis millones de personas.
Hasta ahora y siguiendo las instrucciones de Moncloa, Sanidad siempre ha preferido negociar y cooperar con el Gobierno de Ayuso antes que imponer su criterio, a pesar del desencuentro de la última medida tomada por el ministro Illa, ahora revocada por los jueces. Pero el varapalo jurídico recibido este jueves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el bloqueo legal que supone para avalar las medidas previstas, han precipitado la situación de tal manera que desde el Ejecutivo asumen que el coste reputacional o de imagen que puede suponer la medida pueda pasara a un segundo plano.
Desde el Ejecutivo advertían este jueves a última hora que la declaración del estado de alarma no supone que vaya a realizarse un cierre total de la Comunidad, al nivel de los momentos más duros de la pandemia, sino que el objetivo es no ir más allá de lo previsto hasta ahora por Sanidad, que es lo que se considera necesario. Es más, la idea es agotar todos los puentes que queden entre Díaz Ayuso y Moncloa este viernes para no tener que tomar medidas más graves. Lo que el Gobierno no estaba dispuesto a asumir es que, en la última instancia y por un problema legal de forma, la última palabra sobre las medidas a tomar la tuviera la Comunidad, a la vista de que Ayuso canceló la reunión urgente que le solicitaba Illa para marcar el paso con una resolución propia tras el auto de los jueces.
Afrontar el impacto económico
Con las espadas en alto entre ambos gobiernos, central y autonómico, la Comunidad capitalina no se enfrenta solo a una crisis política, sino que se prepara para afrontar un impacto económico de las medidas planteadas por el Gobierno que la propia Comunidad de Madrid ha estimado en unos 750 millones de euros el coste semanal , en plena recuperación económica. Así lo planteaba el Ejecutivo de Ayuso en el recurso que interpuso ante la Audiencia Nacional contra la orden de Sanidad, en un informe en el que se advertía del tremendo daño que puede suponer una segunda paralización de la economía, sobre todo en la hostelería, el comercio, el ocio y el turismo. En la misma línea, la patronal madrileña había calculado un coste semanal de 600 millones de euros por el parón económico.
Un estudio realizado en julio por la Consejería de Economía de Madrid advertía que un retroceso más en la recuperación provocaría una caída del PIB de Madrid del 12,7%, lo que se podría traducir en una merma de sus ingresos tributarios del orden de 1.770 millones de euros en todo el ejercicio. Medido en términos de empleo equivalente, se llegaría a una caída de más de 18.000 puestos de trabajo cada semana que la actividad esté paralizada en Madrid. Desde el lado del Ejecutivo advierten que el freno que se puede producir no será en ningún caso total, dado que la movilidad se mantiene para ir a trabajar y no hay decretado un cierre total de establecimientos, sino que solo se reduce su aforo.
Junto a ese posible deterioro económico, desde el Gobierno de Madrid no quieren volver a sufrir las protestas y el rechazo social que supusieron las primeras limitaciones a la movilidad impuestas en algunos distritos de la capital en los que la pandemia mostraba cifras de descontrol de los contagios. En el tira y afloja político que han mantenido Ayuso y Sánchez, con el ministro de Sanidad en medio, la Comunidad siempre ha defendido el mantenimiento de cierta actividad económica en la capital, pese a reconocer que el problema sanitario es prioritario.
Los datos de las últimas semanas, que demostraban que cerca del 40% de todos los nuevos casos en España siempre se daban en Madrid, provocó la reacción de las autoridades de Sanidad y alejó cada vez más un acuerdo, pese a los mensajes de cooperación que se querían escenificar. La puesta sobre la mesa del estado de alarma es una opción que siempre ha estado en la palestra y que ahora puede convertirse en realidad, para que Madrid sea la primera comunidad donde ocurra algo así en los más de cuarenta años de democracia.
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