El Congreso será esta semana el escenario de las primeras negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con una primera toma de contacto del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con los partidos para sacar adelante unas cuentas que se consideran vitales para superar la crisis que ha dejado la pandemia. Bolaños tiene previsto celebrar esta semana su primera ronda de reuniones presenciales con los portavoces de todas formaciones parlamentarias y, en ese contexto, tratará de buscar un acercamiento con el PP para volver a pedir al partido de Pablo Casado que negocie la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi tres años.
Este será uno de los temas fundamentales que marcarán esta ronda de contactos, si bien también tendrán un gran protagonismo los PGE para 2022 que el Gobierno prevé aprobar, como tarde, a principios de octubre, y para los que necesita volver a recabar el apoyo de sus socios parlamentarios. A esta negociación el Ejecutivo llega tras reforzar su relación con ERC, con el reinicio de la mesa de diálogo.
En este primer tanteo y contando con "el tira y afloja" que se produce en cualquier negociación, el Gobierno prevé tener al final un apoyo al menos similar al que obtuvo en los Presupuestos anteriores cuando consiguió el respaldo de once fuerzas políticas y 188 diputados, una mayoría de izquierdas superior incluso a la que obtuvo la investidura de Sánchez.
Las reuniones está previsto que comiencen el martes y ya hay alguna fijada, por ejemplo con Más País, y otros, como Joan Baldoví, de Compromís, ya adelantan sus prioridades: "Resolver el incumplimiento reiterado de la financiación valenciana y que las inversiones territorializadas se acerquen a nuestro peso poblacional, sobre el 10%", ha dicho a la agencia Efe.
Algunos, entre ellos Ciudadanos, tienen claro su papel ante esta negociación, que es ninguno, puesto que han asegurado que no van a negociar nada con el Gobierno más allá de alguna enmienda parcial. Están convencidos de que éste ya lo tiene hecho con "sus socios separatistas y nacionalistas". Y eso que presumen de que gracias a ellos en el proceso negociador de los Presupuestos del año pasado se consiguieron algunas rebajas fiscales pese a su voto en contra. Entonces, también se posicionaron en el bloque del no, aunque por motivos muy distintos, el PP, Vox, el BNG, Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN, Junts y la Cup.
Con la página de los Presupuestos aún en blanco, el Gobierno también tiene que negociar con su socio morado y salvar importantes escollos, como la regulación del precio de los alquileres o el salario mínimo vital, tal como apuntó el portavoz de Podemos, Pablo Echenique.
Además, la mesa de diálogo con Cataluña, que se celebró el miércoles con la asistencia de Pere Aragonès y Pedro Sánchez vuelve a estar presente en la sesión plenaria con una moción del PP para exigir la agenda y el orden del día de la reunión, además de otras iniciativas varias preguntas en la sesión de control relacionadas con el conflicto catalán. Sánchez no asistirá al control de la Cámara porque viaja a Nueva York con motivo de la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Otra de las citas clave de esta semana parlamentaria es la comparecencia el miércoles ante el pleno de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a petición de los grupos Plural y Mixto para que explique "el cambio repentino del Gobierno" sobre la reforma del sistema de financiación autonómico. Con este cambio, según estos grupos, se incumple el acuerdo de investidura y la moción aprobada en el Congreso de proponer un nuevo modelo de financiación antes de finalizar el año.
Esta semana el pleno finalizará el jueves con la votación de una propuesta del grupo Plural, ERC y EH Bildu para crear una comisión de investigación sobre el accidente de Alvia de 2013, que se produjo cerca de Santiago de Compostela y causó 80 muertos, y el debate de totalidad sobre el proyecto de ley para reducir la temporalidad en el empleo público. Aparte de otras iniciativas que se discutirán, el Defensor del Pueblo presentará el informe de su gestión correspondiente al año 2020.
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