La prohibición total de los desahucios si alternativa habitacional no termina de llegar. Faltan trámites en el seno del Gobierno que están retrasando la aprobación de una medida considerada prioritaria para un sector del Ejecutivo de coalición, el de Unidas Podemos. El Consejo de Ministros no tiene previsto aprobar el decreto que pondrá límites a los lanzamientos en el próximo cónclave en Moncloa, que será el miércoles en lugar del tradicional martes por la festividad de la Inmaculada Concepción, según confirman a La Información fuentes del departamento responsable de la medida, el Ministerio de Transportes.
El veto a los desahucios, argumentan desde el Gobierno, no está de momento incluido en el orden del día que debatirán los ministros porque hay "aspectos legales" que hay todavía que afinar. Explican las mismas fuentes que son varios los ministerios implicados en ese decreto: el del propio Ábalos, además del de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, y la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño. Entre los tres equipos han decidido posponer una decisión que en Unidas Podemos querían aprobar en el próximo cónclave con Pedro Sánchez. La medida, por tanto, llegará más tarde, previsiblemente en el Consejo de Ministros del día 15 de diciembre.
El aspecto más conflictivo del decreto que se está preparando es el relativo a los desahucios de familias en precario que residan en viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de una decena-. Aquí se incluyen las 'okupaciones'. La futura norma permitirá a esos colectivos disponer de un periodo de tres meses para acceder a una nueva vivienda proporcionada por las comunidades autónomas o ayuntamientos. Justicia y Economía, aseguran las fuentes consultadas, quieren blindar este apartado para evitar reclamaciones judiciales por parte de los bancos y los fondos de inversión.
La parte del Gobierno de Unidas Podemos lleva presionando desde septiembre para aprobar toda prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Hasta hace unos días existían importantes disensiones entre socialistas y morados que pudieron solventarse el pasado miércoles tras intensas negociaciones. En primer lugar, y probablemente esta fuera la principal diferencia entre los socios, por el papel que deben jugar los servicios sociales a la hora de certificar la vulnerabilidad de una familia de cara a un posible desahucio. El PSOE ha aceptado que sean los profesionales asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos quienes certifiquen al juzgado, a través de un informe preceptivo, que los afectados por el alzamiento se encuentran en una situación límite. Los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente ese informe en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad.
Para Unidas Podemos también era esencial que exista en el momento efectivo del desahucio una alternativa habitacional para poder realojar a los afectados. Es decir, que la familia tiene que estar ubicada en otra vivienda antes de ejecutar el desahucio. El Ministerio de Transportes ha aceptado clarificar mejor esta situación y serán las Comunidades Autónomas las que ofrezcan esta alternativa habitacional. Será siempre una vivienda considerada "digna", no un albergue, por ejemplo.
Los desahucios han salido pero la prohibición del corte de los suministros básicos se encuentra totalmente estancada. En este terreno la negociación la lleva la Vicepresidencia cuarta de Teresa Ribera con Unidas Podemos. Ningún avance y el tiempo juega en contra de los negociadores. El frío es una realidad y las compañías energéticas ya han amenazado a sus clientes de paralizar el servicio de agua, luz y gas si prosiguen los impagos.
El acuerdo en el Gobierno llega después de que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu retiraran la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta el 2022, al considerar que se ha alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través del decreto que se aprobará en un próximo Consejo de Ministros.
Otra medida atascada en el Gobierno es el plan de ayudas a la hostelería y el turismo que anunció Pedro Sánchez. El Ministerio de Industria lleva las riendas de un decreto que tampoco termina de llegar. No está previsto que vaya al próximo Consejo de Ministros del miércoles.
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