El área económica del Consejo de Ministros discute un plan nacional de rescate a la hostelería y el turismo. Los protagonistas del debate son la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño; la titular de Hacienda, María Jesús Montero; la de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Turismo, Reyes Maroto; y el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Pero no todos coinciden en la urgencia de las medidas a aplicar. Hay un grupo de ellos partidario de aprobar ya medidas urgentes ante las restricciones que imponen los confinamientos o las restricciones del estado de alarma. Y hay otro que, de momento, está imponiendo su criterio y que apuesta por identificar de una forma más precisa las necesidades. El pulso llevó este martes al cónclave que se celebró en el Palacio de la Moncloa.
El Gobierno contempla con preocupación cómo la segunda ola del Covid está afectando con especial virulencia a determinados sectores de la economía y la hostelería y el turismo es, según su diagnóstico, uno de los más perjudicados por las restricciones necesarias para reducir la movilidad, ya sean parciales o totales, como ocurre en Cataluña o Castilla y León. El debate fue uno de los asuntos que protagonizaron la reunión de los ministros de este martes, según coinciden varias fuentes cercanas al Consejo de Ministros. No fue la única ya que hace una semana, tras la misma reunión en Moncloa, se celebró una especie de 'Consejo de Ministros económico' donde ya se abordó la cuestión. Estuvieron cuatro de los titulares del área salvo Montero, que tuvo que ausentarse para cerrar la negociación de PGE.
Como en otros asuntos económicos, el Consejo de Ministros está dividido. Hay unanimidad a la hora de estudiar posibles ayudas de choque al sector hostelero, explican las mismas fuentes, pero la discrepancia está en el qué, el cómo y el cuándo. En este sentido es la Vicepresidencia tercera dirigida por Calviño la que está contemporizando la decisión y apostando por medidas de "cirugía fina" acotadas a determinados sectores. En esta batalla la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también apuestan por acotar al máximo los estímulos. El argumento de los tres ministros: no disparar más el gasto hasta tener identificados de forma precisa los afectados.
En el lado contrario se sitúan las ministras Maroto y Díaz. La titular de Industria, Comercio y Turismo es partidaria de llevar cuantos antes al Consejo de Ministros este paquete de nuevas medidas. Lo hace presionada por un sector que pide ayudas día tras día. La ministra de Trabajo también se alinea en este bando. Consideran, en definitiva, que los ERTE por causas administrativas no son suficientes para unos afectados que no saben cuándo podrán volver a su puesto de trabajo. Defienden también el sector turístico es uno de los más afectados por las restricciones y que la salida no se atisba a corto plazo. El "Plan de Impulso del sector turístico" con 4.250 millones en liza presentado por Sánchez en junio es insuficiente.
El debate está siendo intenso entre los ministros implicados. Las fuentes consultadas hablan de que el plan de ayuda a la hostelería y turismo podrá ser elevado a Consejo de Ministros en las próximas semanas en función de cómo evolucione la pandemia, las restricciones y las conversaciones en el seno del Gobierno. Sobre la mesa en este momento hay varias opciones. El manual de medidas, siempre según fuentes conocedoras de las negociaciones, abarca desde exoneraciones de las cotizaciones, aplazamientos de las mismas o bonificaciones, hasta una moratoria fiscal o, incluso, un plan de ayudas directas al estilo alemán. "Vamos a ir viendo", añaden desde un ministerio implicado en el 'pack'.
El manual de medidas en discusión abarca exoneraciones, aplazamientos, bonificaciones, una moratoria o un plan de ayudas directas al estilo alemán.
Además de los ERTE por causas administrativas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha flexibilizado el acceso a la prestación extraordinaria por suspensión temporal de la actividad para trabajadores autónomos. A ella pueden acogerse los empresarios afectados por los cierres. En concreto, el Gobierno, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha detallado que los hosteleros que no realicen servicio a domicilio o de recogida en local podrán presentar una declaración responsable para acceder a esta prestación. Es un avance pero para los ministros citados, insuficiente.
El del plan de rescate a la hostelería y el turismo no es el único debate que está en este momento latente en el Consejo de Ministros. El área de Unidas Podemos está presionando para prohibir los desahucios de viviendas propiedad de bancos, fondos de inversión o, incluso, de particulares, y el corte de suministros básicos por parte de compañías en energéticas a familias en situación de vulnerabilidad mientras dure el actual estado de alarma. La medida, en este caso, ha sido puesta encima de la mesa por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que, dirigida por Pablo Iglesias, está intentando convencer al presidente, Pedro Sánchez, y al área económica del Ejecutivo, con Nadia Calviño y María Jesús Montero a la cabeza, para acabar con estas escenas que se producen por impagos.
En el mismo sentido los ministerios de Transportes y Derechos Sociales negocian la nueva Ley de Vivienda para llevarla a Consejo de Ministros en el mes de enero. En este caso el debate se centra en cómo poner en circulación viviendas para el alquiler. Tal y como anunció la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, en estas páginas, una opción pasa por establecer obligaciones para los grandes tenedores, diferenciándolos de los pequeños. Tres posibilidades para ello: vía fiscal, vía sanciones o que la legislación regule lo que se llaman los alquileres forzosos.
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