La investigación a Iberdrola por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo vuelve a su origen. La decisión de archivar la decimoseptima pieza separada de la macrocausa 'Tándem' para el presidente de la compañía eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, por la prescripción de los delitos tiene como consecuencia directa que la responsabilidad de realizar determinados encargos de presuntos espionajes al agente encubierto quede limitada al directivo que le contrató directamente, el exjefe de Seguridad Antonio Asenjo. En los últimos meses, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha levantado la imputación de toda la excúpula directiva de la multinacional vasca, por lo que todo parece apuntar que las pesquisas se volverán a centrar en este responsable, que fue uno de los primeros imputados y que reconoció las irregularidades en los pagos realizados al agente encubierto.
La investigación por los trabajos que el polémico policía desarrolló para Iberdrola entre 2004 y 2017 no está aún finalizada. Fuentes jurídicas cercanas a este procedimiento recuerdan que todavía queda pendiente por resolver cuestiones nucleares como si se otorga algún tipo de protección al que fuera director de Control Corporativo de la eléctrica, José Antonio del Olmo, contra quien la compañía ha abierto una intensa batalla legal en distintos tribunales por la elaboración de un informe, en el que se apunta al conocimiento de Sánchez Galán del abono de los servicios al comisario jubilado fuera del cauce legal. Precisamente, en relación a la presunta falsedad de este documento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene que estudiar si practica alguna diligencia para aclarar si el dossier -que se depositó ante notario en 2004 y 15 años después se entregó a la justicia- fue redactado 'ad hoc' para perjudicar a la compañía o no.
Así las cosas, aunque el magistrado instructor ha asumido el mandato de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de acordar el sobreseimiento libre del máximo responsable de Iberdrola por la prescripción del delito, no se prevé que esta línea de instrucción quede finalizada el próximo mes de julio, cuando expira el plazo de la última prórroga acordada. Entre otras cuestiones, el juez también tiene que ver qué pasa con la filial Iberdrola Renovables Energía, que sigue imputada como persona jurídica por afrontar los servicios prestados por el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, que fueron contratados a finales de 2011 por Asenjo, para llevar a cabo una labor de espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la eléctrica se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.
A la quinta va la vencida
La documentación incautada a Villarejo y el informe aportado por Del Olmo sirvieron de base para que García Castellón acordara la imputación, en junio del año pasado, de Sánchez Galán; del que fuera jefe de Gabinete de Iberdrola Rafael Obergozo; del ex 'número dos' de la compañía, Francisco Martínez Córcoles, y del expresidente de Iberdrola España Fernando Becker. Todos pasaron por sede judicial para declarar el pasado mes de enero, y tan solo dos meses después fueron exonerados, salvo el presidente del primer grupo eléctrico a nivel nacional, a quien el juez instructor ha denegado el archivo hasta en cuatro ocasiones. Unas decisiones que en todo momento han sido avaladas por la Sala de lo Penal.
No obstante, a la quinta va la vencida. El juez del 'caso Villarejo' se ha visto obligado a seguir el criterio marcado por la misma Sala sobre la prescripción del delito y ha estimado el quinto escrito que Sánchez Galán ha presentado contra su imputación. Los magistrados de la instancia superior señalaron, en relación a un recurso de apelación presentado por Orbegozo, que desde la fecha del último hecho presuntamente delictivo imputado (2009) y hasta que fue llamado a declarar han pasado más de 10 años, lo que justifica que los delitos de cohecho activo continuado, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil que se atribuyen a toda la cúpula directiva estén prescritos.
Tráfico de llamadas
A pesar de ello, García Castellón ha dejado entrever en su resolución, con fecha de este 23 de junio, que existen indicios de la comisión de, al menos, alguno de estos delitos. Según expone, en los informes y gestiones documentadas que el expolicía entregó a Iberdrola se "incluyeron, en ocasiones, el acceso a tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación". Así ocurrió en el caso del 'proyecto Arrow', el primer trabajo para el que fue contratado Villarejo, que se desarrolló entre los años 2004 y 2006, con el objetivo de superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Sin embargo, el magistrado admite que se ha quedado sin "margen de actuación" para mantener imputado a Sánchez Galán por la "contundencia" con la que la Sala de lo Penal ha acotado la validez de la investigación. La resolución destaca que además de este trabajo, el comisario jubilado lideró también otros que habrían seguido el mismo 'modus operandi'. En este sentido, hace mención al bautizado como 'Black Board' o 'B-B', que tuvieron lugar en 2004 y 2005 con el objeto de obtener información supuestamente sensible sobre actividades de Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa; o 'Gipsy' y 'Posy', en 2009, relacionados con el presidente de ACS, Florentino Pérez. Para situar a Sánchez Galán, el magistrado precisa que hasta 2006 ejerció en Iberdrola como vicepresidente y consejero delegado y a partir de esa fecha como presidente de la compañía.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios