El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, imputado en el caso Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón ha citado en calidad de investigado al exalto cargo popular, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, por su presunta "participación directa" en el operativo parapolicial que se habría fraguado desde su Ministerio para sustraer a Luis Bárcenas información confidencial sobre el Partido Popular. Así lo ha acordado el instructor en un auto en el cual matiza que todas las investigaciones llevadas a cabo en esta pieza séptima del caso Tándem sitúan el "centro nuclear" de la operación en el Ministerio del Interior que entonces dirigía Fernández Díaz.
De este modo, le cita a declarar para el próximo 30 de octubre y dos días antes interrogará al ya imputado en esta causa Francisco Martínez. El juez apunta al exsecretario de Estado de Seguridad como el que actuó en el operativo Kitchen por delegación del entonces ministro. Por contra, descarta citar a María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro, a pesar de que así lo solicitó Anticorrupción al implicarles en esta operación que se costeó con fondos reservados del Estado y para la cual captaron a modo de confidente al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva. Tras 34 meses de pesquisas, el magistrado pone el foco en la responsabilidad política de este operativo del que destaca la particularidad de que no se encargó al entramado empresarial de Villarejo, sino que éste participó exclusivamente por su condición de comisario.
Antes de escuchar a los exaltos mandos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el instructor tomará declaración al exdirector de Comunicación de Interior Juan José Esteban y al cura Silverio Nieto (22 de octubre), y al exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, e Icíar Castro Álvarez (26 de octubre). Todos ellos están llamados en calidad de testigos para que expliquen el grado de conocimiento que tuvieron de este operativo vigente entre 2013 y 2015 y en el que estaría implicada la cúpula policial liderada entonces por Eugenio Pino. Según el auto del juez, el hecho de que Ríos Esgueva cobrara un sueldo mensual de Interior y que obtuviera una plaza de funcionario como policía "evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores".
El material de Villarejo
La imputación del exministro se concreta por un lado, en la documental que obra en el sumario tras desclasificarse como secreto oficial y, por otro, en las evidencias encontradas en casa de Villarejo. Así, el registro practicado en el domicilio del comisario jubilado tras su detención en noviembre de 2017 evidencia que ocultaba una veintena de documentos Excel sobre los pagos a Ríos Esgueva y otro material que ha resultado clave para actuar contra la excúpula de Interior. En concreto, una nota ubicada en la carpeta Kit (Interior) y cuyo contenido parece indicar, según el auto, "una dación de cuenta a superiores jerárquicos". "Una vez que se puedan conocer detalles sobre dichos datos, así como la posible ubicación de documentación que LB -Luis Bárcenas- tendría oculta en un escondite solo conocido por él, se deberá informar inmediatamente de ello a la Autoridad Judicial, no ateniendo por tanto cualquier instrucción que se recibiera en otro sentido", reza la nota incautada.
Otra figura clave en este asunto es el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'. El exalto mando policial, que colabora con la Justicia, reconoció en uno de sus interrogatorios en la Audiencia Nacional la existencia de dos documentos que evidencian que se utilizaron fondos reservados para este operativo. En concreto, el recibo de la compra de una pistola para Ríos Esgueva y de un portátil. De acuerdo con su versión, en este dispositivo se habría volcado el contenido de dos teléfonos móviles sustraído a Bárcenas para dárselo directamente a Francisco Martínez. Además, en su última citación judicial el pasado 9 de marzo, leyó voluntariamente tres mensajes de texto que le reenvió el sacerdote implicado en la causa, Silverio Nieto. Éste los había recibido a su vez del exnúmero dos de Interior.
En éstos, Martínez hacía alusión a que habría depositado ante notario las comunicaciones intercambiadas sobre este operativo, lo que llevó al juzgado a solicitar al Consejo General del Notariado información sobre estas actas en cuestión. El avance de la causa ha permitido contrastar que efectivamente depositó el año pasado ante notario en Menorca y en Madrid una serie de mensajes que le envió el exministro del Interior sobre los seguimientos y la incautación de los papeles de Bárcenas. Esto llevó a que el magistrado acordara el 13 de marzo de este año la entrada y registro del domicilio de Martínez para acceder al material y a sus dispositivos informáticos.
Operación intrínsecamente ilegal
El magistrado, que reprocha a la Secretaría de Estado de Seguridad que no aportara documentación alguna sobre el pago de los fondos, recoge también una de las declaraciones que se tomaron cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. El 10 de septiembre del año pasado declaró por segunda vez Miguel Ángel Bayo, facultativo de la DAO encargado de la gestión de los fondos reservados, y, según el auto, su testimonio sirvió para poner de manifiesto "disfunciones e irregularidades en la gestión y control de los fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales".
En lo que respecta a Cospedal y su marido, el magistrado explica que no procede imputarles en este momento ya que primero quiere escuchar a los exaltos mandos de Interior. Se ampara el instructor en la declaración que prestó en sede judicial el que fuera jefe de Seguridad en el Gobierno Castilla La-Mancha bajo el mandato de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Este inspector, que habría mediado para captar a Ríos Esgueva como confidente con ayuda de López del Hierro, negó en sede judicial que Cospedal o su marido intercedieran en este encargo concreto. No obstante, en el escrito de petición de imputación de Anticorrupción, se recogía un extracto de una conversación de Villarejo en la que apuntaba que él tuvo que mediar para captar al chófer y lo hizo a través de Gómez Gordo y de López del Hierro.
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