El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este viernes imputar en el caso' Tándem' a Iberdrola Renovables Energía por un delito de cohecho por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para llevar a cabo una labor de espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la compañía eléctrica se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar como persona jurídica a la empresa filial y no a la matriz Iberdrola, que preside Ignacio Sánchez Galán, también imputado en esta pieza 17 del también conocido como 'caso Villarejo'.
Asimismo, el magistrado acuerda el sobreseimiento libre para el ex director de Control Corporativo de Iberdrola José Antonio del Olmo, contra quien Iberdrola se querelló por un delito de falsedad en documento privado en relación a la elaboración de un informe en el acusó directamente a Sánchez Galán y su equipo de conocer los encargos al comisario jubilado. Por ello, la compañía solicitó su personación como acusación particular contra su ex 'controller', condición que ahora rechaza el instructor, en la medida en que no sería perjudicada por los hechos que se investigan. Es más, el juez no entra a valorar si existen indicios de la comisión de delito porque estaría prescritos al tratarse de hechos que tuvieron lugar en 2004.
La imputación de Iberdrola Renovables Energía se conoce justo un día después de que el magistrado encargado de investigar los negocios privados del agente encubierto acordara otorgar la condición de investigadas a Repsol y CaixaBank por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Al igual que hizo con las cotizadas, el juez García Castellón solicita a la eléctrica que designe abogado y procurador, así como un representante para poder tomarle declaración, comparecencia a la que aún no ha puesto fecha.
El juez solicitó el pasado 25 de junio un informe al Ministerio Público y a las partes sobre la situación procesal de Iberdrola después de que constatara un posible "conflicto de intereses". Por un lado, la compañía eléctrica solicitó poder acusar a Del Olmo después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional y enviara la querella interpuesta contra este exdirectivo, que finalmente se acumuló al caso 'Tándem'. Por otro lado, uno de los perjudicados de los espionajes de Villarejo interesó que Iberdrola fuera imputada por encargar dichas tareas.
Dos semanas después, y acogiendo el criterio de Anticorrupción, el magistrado decide imputar en el marco de la pieza 17 de la macrocausa a la filial Iberdrola Renovables, ya que fue la que contrató a finales de 2011 a Villarejo, a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, también imputado en la causa. Así, en un auto dictado este mismo viernes, el juez García Castellón señala que el artículo 31 bis.1 del Código Penal recoge que una persona jurídica puede ser imputada si el delito se comete en beneficio directo o indirecto de la entidad. En este caso concreto, indica la resolución, de lo investigado hasta el momento se desprende que el encargo a las empresas del comisario jubilado (el Grupo Cenyt) "no se realizó de manera individual por los directivos y empleados de la compañía, sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía y en beneficio de la propia compañía".
Según consta en el sumario de la causa, Villarejo realizó diversas tareas para Iberdrola comprendidas entre los años 2004 y 2017, estando durante gran parte de estos trabajos en servicio activo en la Policía Nacional -se jubiló el verano de 2016-. No obstante, las empresas pueden ser investigadas por aquellas actividades presuntamente irregulares cometidas a partir de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 en el mencionado artículo del Código Penal. Por este motivo, la imputación se limita a Iberdrola Renovables Energía, al ser la que convino en 2011 con Cenyt para llevar a cabo una investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con quienes la compañía española se había aliado para poner en marcha una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos. En un segundo momento, en 2016 se volvió a contratar a Villarejo para la localización de bienes de los anteriores objetivos para poder ejecutar el laudo arbitral que había sido favorable para la empresa española.
Una factura de 29.500 euros
En este sentido, el juez añade que consta en la causa una factura emitida por Cenyt en febrero de 2012 por importe de 29.500 euros a Iberdrola Renovables Energía "en concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía", un trabajo que el propio comisario bautizó como 'proyecto Wind'. Su pago, señala el juez, aunque ha sido reconocido por la compañía, "pone de manifiesto que el encargo fue realizado por los investigados en su condición de administradores de Iberdrola Renovables, en nombre y por cuenta de la compañía y en su beneficio directo".
Fuentes de Iberdrola Renovables Energía destacan precisamente este hecho, que la imputación se limita a una única factura, pero subrayan que juez descarta cualquier ilegalidad en la misma, ya que no existen delitos de falsedad documental ni de revelación de secretos. Asimismo, recuerda que la empresa a la que se le acaba de dar la condición de investigada es una filial de Iberdrola España y, por tanto, se trata de dos compañías con un consejo de administración propio, que incluye consejeros independientes. En este sentido, las mismas fuentes empresariales insisten en que Ignacio Sánchez Galán nunca ha sido ni presidente ni consejero de ninguno de esos dos consejos, contrariamente a lo que dice el auto.
En la resolución, el magistrado expone sus dudas sobre la diligencia empleada en la contratación de los servicios de Villarejo, frente a la convicción argumentada por Iberdrola de que se trataba de un funcionario en excedencia. El juez recuerda que la mercantil tenía al frente de sus servicios de Seguridad a una persona procedente del Cuerpo Nacional de Policía que, aunque en el momento de los hechos no se encontraba en activo, podía verificar el carácter de funcionario activo de Villarejo. Así, por la "falta de diligencia debida en la verificación de este extremo" y con el fin de "esclarecer hasta qué punto las medidas implantadas en el programa de cumplimiento podría haber evitado la comisión de las infracciones investigadas", el instructor considera necesario interrogar como investigada al representante de Iberdrola Renovables Energía.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó la semana pasada aplazar las declaraciones como investigados del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a su 'número dos', Francisco Martínez Córcoles, y a los exdirectivos de la compañía Fernando Becker y Rafael Obergozo, que estaban previstas para los pasados 6 y 7 de julio, después de que Iberdrola planteara la nulidad de todas las actuaciones -entre ellas el auto por el que se pedía la opinión de las partes sobre la situación procesal de la eléctrica- al llevar un año esperando a que le dieran acceso al sumario tras incorporar su querella contra José Antonio del Olmo a la causa. Aunque el juez ya ha archivado los hechos relativos a dicha acción legal y ha acordado la imputación de Iberdrola, aún tiene que resolver esta cuestión y volver a poner fecha a las comparecencias de la cúpula directiva. Sobre el archivo de la querella, fuentes de Iberdrola hacen hincapié en que la compañía no puede ser excluida de un procedimiento en el que nunca se ha aceptado su personación.
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