Los servicios jurídicos de Repsol han abierto la veda para que las compañías del Ibex 35 implicadas en el 'caso Villarejo' actúen contra el Ministerio del Interior y las instituciones públicas que permitieron que el comisario actuara como supuesto agente encubierto y pudiera meterse en la vida de las empresas como proveedor privado de servicios de seguridad, a pesar de ser un funcionario público. Es la primera vez en los casi cuatro años que dura la instrucción de la macrocausa en la Audiencia Nacional que una empresa de la relevancia de la petrolera que preside Antonio Brufau exige responsabilidades a quienes “en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia”, permitieron las actuaciones de Cenyt, en muchas ocasiones, en posible connivencia con cargos ‘amigos’ de la cúpula policial de Interior. De la misma manera, la empresa abre la vía también para actuar contra quienes “en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular”, en clara alusión a las acusaciones que en el caso de Repsol, CaixaBank y BBVA ha realizado el empresario Luis del Rivero.
Desde las defensas de las grandes compañías que hasta ahora están en la instrucción del llamado caso 'Tándem' -BBVA, Iberdrola, Repsol y Caixa- han atacado con dureza la acusación de cohecho activo en que se basan las imputaciones de sus presidentes, con hechos que, sean o no ciertos, se decidieron y realizaron en niveles muy inferiores dentro del escalafón que marca la gestión de este tipo de corporaciones. Sin rechazar la responsabilidad que de todo ello se derive al final, como personas físicas o jurídicas, sus responsables han advertido el daño reputacional que todo este proceso les ha causado, máxime cuando se trata de sociedades cotizadas y cuyo desarrollo e inversiones dependen en gran medida de la financiación de fondos internacionales, para quienes la responsabilidad en la gestión es fundamental.
Desde el punto de vista puramente jurídico, fuentes cercanas a las defensas de las compañías siempre han criticado la actuación de la Fiscalía Anticorrupción a la hora de acusar con indicios de delito poco consistentes a organizaciones de las que dependen miles de puestos de trabajo y que, en todo momento, han defendido la legalidad de sus contrataciones. Más allá de ese nivel, el hecho de tener a cuatro de los principales empresarios ‘históricos’ del Ibex bajo la amenaza de la investigación judicial ha levantado las sospechas en la clase empresarial sobre la existencia de una especie de consigna en la que “se han cruzado ya varias líneas rojas que van más allá de lo aceptable para el prestigio y la reputación de estos líderes empresariales”, en palabras de alguno de sus asesores jurídicos más cercanos en este momento.
Las conexiones de Villarejo con los jefes de Seguridad
En el caso concreto de las actuaciones irregulares que pudo realizar Villarejo, llama la atención de las empresas el hecho de que, desde que empezara su actividad poco antes de 1994, utilizara en todo momento sus conexiones con expolicías que actuaban de directores de seguridad de este tipo de empresas para ‘vender’ sus servicios con supuesta información privilegiada por la conexión y la protección que tenía como agente doble (o encubierto) con los mandos policiales de turno y el Ministerio del Interior. Hay que recordar que los servicios de Villarejo se llegaron a contratar a través de la llamada ‘policía patriótica’ para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en el 'caso Kitchen', y que existe incluso un informe oficial firmado por un inspector jefe y elaborado para el Ministerio que avalaba la actuación privada del comisario como propietario de una empresa de seguridad (Cenyt).
Repsol ha salido al 'ataque' después de que el juez encargado de investigar el caso 'Tándem', y que este jueves le ha imputado junto a CaixaBank en la pieza 21 de la macrocausa, haya tachado la actuación de ambas compañías de "negligentes". El magistrado Manuel García Castellón ha tomado la decisión semanas después de escuchar los jefes de auditoría interna de la petrolera y del banco, quienes aseguraron que no se cometió ninguna irregularidad en la contratación del comisario jubilado ni en el abono de los servicios prestados. Villarejo fue contratado en 2011 y 2012 para desarrollar lo que el mismo bautizó 'proyecto Wine'. Se trataba de espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y su entorno más cercano para evitar que éste, tras aliarse con la mexicana Pemex, se hiciera con el control de Repsol.
En el auto de imputación, en el que no se alude ni al presidente de Repsol, Antonio Brufau, ni al de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, el juez instructor no se centra tanto en si las facturas se abonaron correctamente y si siguieron los protocolos internos, sino en que en ningún momento se comprobó que "ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer actividades de seguridad privada", tal y como se ha constatado en un oficio policial aportado en el marco de otra línea de investigación abierta por los negocios del expolicía.
Responsabiliza a los jefes de Seguridad
De este modo, achaca gran parte de la responsabilidad al que fuera jefe de Seguridad de la petrolera, Rafael Araujo, y al del banco, Miguel Ángel Fernández Rancaño -ambos imputados-, por no verificar el verdadero objeto de las empresas de Villarejo, más aun cuando se trata de una información que se consigue a través de Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Pero aún es más "llamativo" para el magistrado que Araujo se saltara este control si se tiene en cuenta que en los años 2002 y 2003 fue jefe de dicha unidad policial y que Rancaño fue comisario provincial de Burgos y jefe superior de Policía en Galicia y Cataluña, "por lo que tuvo bajos su dependencia a varias unidades territoriales de Seguridad Privada".
Es más, el juez resta por completo la credibilidad de la documentación aportada por Repsol y CaixaBank en la que justifican la contratación de Villarejo en la convicción de que se trataba de un funcionario "en excedencia". El 'compliance' de Repsol -quien no ha sido citado a declarar pese a la insistencia de Araujo- asegura en un informe que el exjefe de Seguridad “no tenía ninguna relación ni amistad" con Villarejo y que "dio por hecho que seguía todavía fuera de la Administración, dado el notable éxito empresarial -comúnmente conocido en medios profesionales- del que disfrutaba entonces su agencia de investigación y de los importantes clientes que se decía que esa agencia tenía". Por parte de CaixaBank se alegó que Rancaño tampoco conocía que "el investigador" estaba en activo cuando se encargó el servicio.
Así, debido a la "falta de comprobación alguna sobre el servicio activo como funcionario público" de Villarejo, el juez García Castellón ha citado a los representantes de Repsol y CaixaBank el próximo 26 de julio para que expliquen el motivo de la "omisión de las cautelas a que vienen obligadas por su posición de garantes".
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