El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene previsto retomar a principios de marzo la investigación sobre los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para Iberdrola. Tras tomar declaración a mediados de enero al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y la cúpula directiva que se encontraba en el momento de la contratación del Grupo Cenyt, el magistrado instructor quiere continuar indagando en los pormenores de los 'proyectos' que el agente encubierto llevó a cabo entre 2004 y 2017, por lo que ha preparado una extensa batería de declaraciones testificales de políticos, empresarios y ecologistas que pudieron ser objeto de sus espionajes.
Se trata de todos los testimonios que la Fiscalía Anticorrupción interesó en el informe en el que abogó por prorrogar la investigación, al menos, otros seis meses más. Una petición que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 aceptó el pasado 27 de enero mediante un auto en el que, además, acordó las citaciones de 15 testigos y un nuevo imputado, Enrique Victorero, exjefe del área internacional de Seguridad. Ahora, el juez pone fecha a todas estas declaraciones, entre los próximos 1 y 4 de marzo, según una providencia que ha podido ser consultada por La Información.
De este modo, el instructor quiere indagar en el tráfico de llamadas telefónicas de personas que pudieron suponer un obstáculo para los objetivos empresariales de Iberdrola. La información obtenida posteriormente habría sido plasmada por Villarejo en los informes de inteligencia que entregaba a la compañía. En este sentido, para aclarar cómo el comisario jubilado recabó los datos, también ha citado a declarar al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño para confirmar si él, abusando de su condición de comisario, era el "proveedor" de los datos telefónicos. Su cita será el 2 de marzo y, aunque comparecerá como testigo, podrá ir acompañado por su abogado para evitar que pueda perjudicarse en otras líneas del 'caso Villarejo' en las que se encuentra imputado o ya procesado.
Así, la ronda de declaraciones será inaugurada un día antes por Josefa Caro, exalcaldesa de Arcos de la Frontera (Cádiz), donde la eléctrica había puesto en marcha de una central de ciclo combinado. Debido a los inconvenientes tanto administrativos como la oposición que estaban mostrando una parte de los ciudadanos de la zona, Villarejo fue contratado en 2004 para tratar de contrarrestarlos, por lo que el comisario jubilado desarrolló lo que denominó 'proyecto Arrow'. En este marco, el agente encubierto tuvo información sobre las llamadas que realizó y recibió la política, según consta en el sumario de la causa. Este mismo día, el juez García Castellón también escuchará a una de las personas personadas en la causa como perjudicado, Cornelius Dica, representante de la sociedad Eólica Drogogea con la que la compañía eléctrica se alió para emprender unos proyectos en Rumanía y que habría sido objeto de las investigaciones del agente encubierto en el marco del 'proyecto Wind'.
Al día siguiente, el 2 de marzo, tras escuchar a Enrique García Castaño, el juez retomará el denominado 'proyecto Arrow' y tomará declaración como testigos al empresario Juan Romo; a los ecologistas Manuel Gómez Laguna y Ángel Fernández Salas; al que fuera responsable de Ingeniería y Medio Ambiente de la Zona Sur de Endesa, Fernando José Ordóñez Monteagudo; y Andrés Merchán Cotos. Las declaraciones continuarán el 3 de marzo con Rafael Palomino Kaiser, Francisco Cremades Leguina, Luis Francisco Cremades Ugarte y el empresario Gustavo Buesa. Este último, presuntamente, habría sido espiado por encargo de la multinacional vasca poco antes de ser nombrado consejero de Iberdrola Renovables en abril de 2010.
La batería de testificales concluirá el 4 de marzo con los testimonios de los empresarios Antonio Holguín y Francisco Javier Saldaña, fundadores de la extinta Castellana de Seguridad (Casesa),quienes ya declararon en esta causa en 2020 en relación a los servicios que prestaron a Iberdrola y que, según el exjefe de Control Corporativo de la eléctrica José Antonio del Olmo, camufló los gastos de los trabajos que Cenyt desarrolló en 2004 en el marco de su primer proyecto. Por último, el magistrado instructor interrogará como imvestigado a Enrique Victorero para esclarecer si conocía las presuntas irregularidades que se habrían podido cometer en el proyecto 'Wind', ya que en la factura abonada en febrero de 2012 a las empresas de Villarejo, por el importe de 29.500 euros y con el concepto "servicios de apoyo logístico y seguridad a personal en Rumanía", aparece su firma.
Recursos contra la prórroga
Cabe destacar que la resolución en la que el juez aceptaba la ampliar el tiempo de instrucción y todas estas comparecencias se encuentra pendiente de estudio por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dado que muchos de los imputados, entre ellos Sánchez Galán o Antonio Asenjo, el exjefe de Seguridad que actuó como intermediario entre la eléctrica y Villarejo, han recurrido la decisión de no dar carpetazo a la investigación que lleva en curso desde 2019. En este contexto, en las últimas semanas ha tenido lugar un intenso cruce de escritos entre Iberdrola y el presidente de ACS, Florentino Pérez, en el que la primera parte ha solicitado la expulsión como acusación particular del también presidente del Real Madrid, mientras que éste ha insistido en que se debe imputar a la empresa matriz de la eléctrica y no sólo a la filial Iberdrola Renovables Energía.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que estos recursos no tienen efectos suspensivos, por lo que el juez instructor puede seguir adelante con su intención de tomar declaración a los testigos. Aún así, los recursos presentados contra el auto de García Castellón de finales de enero sí guardan un cierto interés, puesto que muchos de ellos hacen expresa referencia a la posibilidad de 'proteger' al exdirector de Control Corporativo de Iberdrola José Antonio del Olmo y el informe que elaboró en 2004, que ha servido de base para la imputación de Sánchez Galán, entre otros, al apuntar al conocimiento que la cúpula directiva habría tenido de las irregularidades que se habrían cometido en el pago de facturas giradas por las empresas de Villarejo.
Por estas afirmaciones, Iberdrola ha abierto una intensa batalla legal en varios tribunales contra su exdirectivo. Y es por ello por lo que el juez instructor pidió a Anticorrupción y al resto de partes personadas (acusaciones y defensas) que se pronuncien sobre la posibilidad de aplicar sobre el ex 'controller' algunas de las medidas recogidas en la directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones (conocida como 'directiva whistleblower'). Por el momento, solo se han mostrado a favor la representación de Florentino Pérez y el propio afectado, que ha defendido la necesidad de que se le brinde dicha protección, alegando que la compañía eléctrica le está "acosando" por sus 'revelaciones' ante la Audiencia Nacional.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios