Aplicar el estado de alarma, y no el de excepción, para confinar el país en marzo de 2020 fue una decisión personal del presidente del Gobierno, apoyada por informes de la Abogacía del Estado y de sus ministros con destacados conocimientos jurídicos: Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Pedro Sánchez tomó la decisión el viernes 13, día en el que le comunica al Rey la medida. Entre medias hubo intensas conversaciones en la coalición. Y es que Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo, llegó a ofrecerle su apoyo incondicional para hacer lo que hubiera que hacer. El Constitucional cuestiona ahora el instrumento utilizado.
Fue una semana de infarto, días que en el Gobierno definen "como si hubiera caído un meteorito". Los contagios crecían sin parar, las UCI comenzaban a colapsarse, las bolsas se desplomaban día tras día y la situación empezaba a descontrolarse. Los informes de Sanidad y de los servicios de Inteligencia empezaban a recomendar aplicar restricciones a la movilidad. Pero Sánchez, en un principio, alejaba la decisión.
Es jueves 12 y buena parte de los colegios españoles echa el cierre. La orden que quedarse en casa va extendiéndose por las comunidades autónomas, que ese día ya empiezan a asumir que la emergencia sanitaria es muy grave. En las empresas y en la administración pública ocurre lo mismo. Ese día Sánchez mantienen una reunión telemática con empresarios y sindicatos. Asiste la cúpula económica y política del Gobierno. La información que le transmiten es poco amable. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que unos días antes había publicado una polémica guía laboral recomendando, llegado el caso, el cierre de centros de trabajo, pone sobre la mesa una cruda realidad sanitaria y laboral. Sánchez traslada una primera medida: una transferencia urgente de 2.800 millones euros a las CCAA para garantizar los recursos "que consideren necesarios" y evitar así las "tensiones" que están sufriendo algunas autonomías en la atención sanitaria.
El viernes 13 es el día decisivo. Media España ya decide autoconfinarse. Los informes que le llean a Sánchez son muy preocupantes. Habla con varios de sus ministros. Unanimidad: hay que confinar el país. Pero no todos tienen claro el instrumento: ¿estado de alarma o de excepción? No es lo mismo. Con Iglesias llega a hablar del segundo. Es más, Unidas Podemos no hubiera sido un problema para decretar, por primera vez en democracia, el estado de excepción. Los morados admiten que hubieran confinado antes el país. También pide opinión a Calvo, Campo, Robles y Marlaska. Y a Félix Bolaños, el cerebro jurídico de Moncloa, hoy ascendido a ministro de la Presidencia.
No hubiera sido lo mismo decretar el estado de alarma que el de excepción. Para el segundo el Gobierno tendría que haber pedido autorización previa al Congreso y haber definido el alcance de las restricciones. Pero había que tomar una decisión rápida y haber convocado un pleno podría haberla retrasado. El Gobierno se inclina, además, por la alarma consciente de que se trata de una emergencia sanitaria y no de un problema de orden público. El precedente de aplicación de la excepción es "la necesidad de proteger la paz ciudadana contra intentos perturbadores de carácter subversivo y terrorista, aconsejan utilizar los medios que brinda la legislación para combatir estos brotes antisociales" en el País Vasco. El decreto lo firma Francisco Franco en abril de 1975.
Sánchez habló con varios de sus ministros. Unanimidad: hay que confinar el país. No todos teníanclaro el instrumento
Es decir, el presidente decide aplicar el estado de alarma para alejar la naturaleza de la decisión un problema de orden público. El antecedente es la crisis de los controladores aéreos y la militarización del servicio. Ese el viernes 13, a mediodía, cuando Sánchez encarga a la vicepresidenta Calvo y a Bolaños que preparen el decreto. Iván Redondo, su jefe de gabinete, activa una comparecencia extraordinaria por la tarde y convoca un Consejo de Ministros extraordinario para el día siguiente, sábado 14 de marzo. El jefe del Ejecutivo se dirige a última hora del día a la nación: "Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy, acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días". Los protagonistas de aquellas jornadas recuerdan ahora, casi un año y medio después, que hubo días en los que no durmieron y que sólo acudieron a su domicilio para tomar una ducha.
El domingo el país iba a amenacer confinado. Pero la batalla interna en el Gobierno no había acabado. Tampoco la externa. Por partes. El sábado 14 Sánchez reúne a su Consejo de Ministros a las 10:30 de la mañana en un nuevo escenario, la Sala Tàpies de Moncloa, que permite la separación. Allí, ante el cuadro 'El taller d'escultures', de Miquel Barceló (dos metros y 35 centímetros de altura y tres metros y 75 centímetros de ancho), estuvieron todos los ministros, a excepción de Darias e Irene Montero, con Covid. Iglesias, pese a encontrarse en cuarentena, acude cumpliendo un protocolo organizado por Presidencia. Todo era precipitado y no hubo tiempo a habilitar una vía telemática. Estuvieron siete horas y media encerrados en el segundo Consejo de Ministros más largo de la democracia, sólo superado por el que aprobó la expropiación de Rumasa en 1983 -doce horas de duración-. La economía fue la principal discusión. De hecho, en el cónclave del siguiente martes se aprobó el primer gran paquete, incluida la flexibilización de los ERTE.
El presidente me ha convocado presencialmente al #CMIN porque legalmente no se podía habilitar la opción telemática. Era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de Sanidad, que hemos cumplido a rajatabla.
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 14, 2020
Luego vino el momento de prorrogar ese primer estado de alarma. El Gobierno fue negociando cada dos semanas en el Congreso y consiguió hasta seis ampliaciones. La primera, por 321 votos a favor y 28 abstenciones. PP y Vox la apoyaron. En la segunda consiguió 270 síes; 269 en la tercera; 178 en la cuarta y 177 en la quinta y sexta. En la posterior prórroga, la de seis meses, el Gobierno consiguió sacarla adelante con 194 votos favorables.
Dura reacción de Moncloa y Justicia
La reacción del Gobierno contra la sentencia del Tribunal Constitucional fue dura. Este miércoles, nada más conocer la decisión, fuentes gubernamentales aseguraban que respetaban la sentencia pero mostraban su "sorpresa por su carácter inédito". "Se reafirma en que aquel Real Decreto del Estado de Alarma era absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma", añadieron. "Estamos ante una decisión sin precedentes, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia. El Gobierno defiende que sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días", concluyeron. Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, se salvaron 450.000 vidas.
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