La investigación por los trabajos de reputación online para miembros del PP y que se sigue dentro del caso Púnica ha puesto de manifiesto como el imputado Alejandro de Pedro (considerado el informático de la red) también llevó a cabo encargos para el PSOE. En concreto, fue contratado para tratar de hacer desaparecer en los motores de búsqueda de Internet la fotografía de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con Barack Obama en el año 2009 y que tanta polémica desató por su vestimenta gótica. Así lo ha explicado en sede judicial uno de los investigados por haber prestado estos servicios que se remuneraron, según sostiene Anticorrupción, "de forma encubierta" con dinero público.
Se trata de Víctor Steinberg, imputado a principios de noviembre junto con otra quincena de personas en la pieza décima del caso Púnica. En esta línea de investigación, el magistrado Manuel García Castellón trata de esclarecer el objeto de los trabajos encargados por diferentes consejerías del Gobierno madrileño de entonces para mejorar el perfil personal de sus consejeros en las redes sociales. Por ese motivo figuran como imputados en la causa, entre otros, el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria o la que fuera responsable de la cartera de Educación Lucía Figar. Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que Steinberg, que realizó estos trabajos con De Pedro, se ha referido precisamente al encargo formalizado desde la Consejería de Figar.
Al respecto ha dicho que su papel (al igual que ocurrió con el consistorio de Denia) se centró en rastrear en redes sociales las noticias negativas que aparecían sobre dicha Consejería durante esos años en Madrid. En el tiempo que duró este encargo (entre los meses de junio y noviembre de 2011) encontró muchas informaciones peyorativas para Educación, provenientes en su mayoría, de las campañas auspiciadas por la Marea Verde, nombre con el que se bautizó las protestas contra los recortes en Educación. Steinberg explicó que tras recabar todos estos datos realizó un informe que entregó al Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre y por el que cobró de las arcas públicas madrileñas.
El jefe de gabinete de Levy
De este modo ha negado irregularidades en los encargos que realizó desde su firma Víctor Steinberg y Asociados S.L e incluso ha dicho que trabajaron para políticos de otras formaciones. Ha sido en ese punto cuando ha asegurado que se le encargó desde el PSOE hacer desaparecer de los motores de búsqueda de Internet las famosas fotografías que se hicieron las hijas de Zapatero en la Casa Blanca hace más de diez años. Anticorrupción, que sobre ese punto ha dicho que el cometido lo pagó Ferraz, considera que Steinberg formó parte del entramado de la red que investiga la Audiencia Nacional al aceptar una facturación ficticia desde la Consejería con conceptos que no eran reales y que, en realidad, encubrían los trabajos personales de Figar.
Además de Steinberg, los investigadores han escuchado a Pablo Balbín, actual jefe de gabinete en la consejería de Cultura de Andrea Levy. En su cita judicial ha rendido cuentas por su papel como director general de Medios de la Comunidad de Madrid en el momento de los hechos. Balbín se ha desligado por completo del contrato con el 'conseguidor' de la red asegurando que ese cometido competió a la Secretaría General Técnica de Educación. No obstante, ha relatado que De Pedro gestionó desde su firma EICO el impacto de las noticias en prensa y otros sectores de la Consejería de Educación. De este modo el estudio se centró en explorar canales alternativos de comunicación para dirigirse a la gente más joven, como pueden ser los universitarios.
Balbín, también imputado en la causa, ha dicho que la encomienda concreta era difundir la información institucional de esa Consejería, pese a que las fiscales Anticorrupción han insistido en numerosas ocasiones acerca de que estos trabajos tenían como protagonista a Figar. En ese momento el actual jefe de gabinete de Levy ha respondido que es muy difícil separar al político del cargo que ocupa, sobre todo en los motores de búsqueda de Internet. Así, ha insistido en que en comunicación política se suele utilizar a la persona que ocupa el cargo para referirse a la institución y ha sacado cerca de una treintena de notas de prensa de octubre del Gobierno de España en las que en su mayoría no se alude al presidente del Ejecutivo sino a Pedro Sánchez. Mismo ejemplo ha puesto con comunicaciones de la Guardia Civil en las que no se habla del ministro del Interior sino directamente de Grande-Marlaska.
El imputado se ha comprometido a aportar todo ese material a esta pieza en la que se investigan los encargos de mejora de reputación tanto en Madrid como en Majadahonda, Valdemoro, Denia o Valencia. No obstante, de las pesquisas practicadas hasta la fecha trasciende como la red cruzó el charco ya que ofrecieron sus campañas de mejora online a candidatos de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala o México. De nuevo en este caso los encargos se centraron en campañas a nivel particular de los políticos pero se costearon con fondos públicos, de acuerdo con la tesis del juez el cual incluye en esta supuesta red a otros dos imputados del caso: Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid.
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