La Fiscalía General del Estado va investigar los posibles vínulos del fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa con Podemos tras las últimas informaciones publicadas en prensa que apuntarían a una posible revelación de secretos por parte de este fiscal que está al frente del caso Tándem, relativo a los encargos de espionaje de José Manuel Villarejo. El Ministerio Público informa en una nota que el pasado 14 de febrero, y tras la publicación en este medio de ese posible nexo con la formación morada, ya se incoó un expediente gubernativo, sin embargo se cerró al no acreditarse dichos vínculos.
El órgano que dirige Dolores Delgado explica que el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal del Ministerio Público incoó un primer expediente gubernativo después de que un particular así lo solicitara. Estas primeras pesquisas se abrieron apenas días después de que La Información revelara las denuncias existentes dentro de Podemos acerca de que la abogada que representaba entonces al partido en el caso Tándem, Marta Flor, podría haber tenido una relación con uno de los dos fiscales que dirige el caso. Según explica la Fiscalía, el escrito del particular pedía que la investigación fuera orientada a determinar "la imparcialidad" del fiscal tras la información publicada.
El pasado 9 de marzo, y tras la práctica de las actuaciones correspondientes, el fiscal jefe inspector, archivó el expediente abierto semanas antes al no acreditar la existencia de vínculos que debieran llevar al fiscal Anticorrupción a abstenerse de este complejo procedimiento penal. Ahora, y tras los nuevos mensajes internos del partido desvelados por El Confidencial, el órgano fiscal ha anunciado que abrirá "nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos". Fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio explican que estas acciones no afectan por el momento al devenir del caso Tándem y que el fiscal seguirá al frente de las pesquisas que arrancaron en noviembre de 2o17.
Los chats de Podemos
La polémica sobre los chats de Podemos se remonta a finales del pasado año cuando el abogado de la formación José Manuel Calvente reveló en una carta dirigida a la dirección que Marta Flor podría tener vínculos cercanos con el fiscal Stampa, a quien se refería con el sobrenombre de 'IronMan'. El abogado, que fue expulsado del partido por presunto acoso a esta letrada, destapó esta presunta irregularidad asegurando que sus vínculos personales con la principal acusación del caso Villarejo estaba poniendo en riesgo la estrategia de Podemos, el cual está personado como acusación popular en muchas de las piezas de la macrocausa.
Esto llevó a Gloria Elizo, responsable del equipo legal del partido, a apartar a Flor como abogada principal del partido en el caso. Sin embargo, los chats de Telegram filtrados en prensa esta semana pondrían de manifiesto, siempre según las conversaciones de la letrada, que existía una relación personal entre ella y Stampa de la cual el partido se habría beneficiado para conocer diligencias entonces secretas. De acuerdo con los mensajes enviados a compañeros de partido, se habría reunido en la Fiscalía Anticorrupción para trazar la estrategia de acusación a seguir en la pieza décima del caso un mes antes de que se abriera, en marzo del año pasado. La misma tenía como finalidad indagar el presunto robo del teléfono de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.
Fuentes de la investigación explican a este diario que las reuniones entre los representantes del Ministerio Público y las acusaciones son habituales y que no consideran que se haya incurrido en ninguna revelación de secretos. Por ese motivo desde la Fiscalía Anticorrupción ha cerrado filas en defensa al fiscal del caso a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos. No ocurre lo mismo con los principales investigados del caso Villarejo. Algunas defensas ya se planteaban tomar cartas en el asunto y pedir al órgano que dirige Dolores Delgado que abriera diligencias de investigación para esclarecer los hechos si bien otro de los movimientos que no descartan es pedir la nulidad de las actuaciones o incluso dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ser el órgano ante el que rinden cuentan los fiscales.
El horizonte de Iglesias
La filtración de estos mensajes en prensa se producen en pleno proceso de investigación del robo de la exasesora de Podemos. La segunda declaración judicial prestada el pasado mayo por Bousselham provocó un giro de 180 grados al caso y puso en el disparado a Pablo Iglesias al poder estar implicado en el destrozo de la tarjeta de su teléfono móvil. Los giros de versión de Bousselham, que tras su declaración remitió un escrito exculpando al vicepresidente segundo del Gobierno, llevaron al magistrado Manuel García Castellón a retirarle la condición de perjudicado. Además, advirtió que podría haber cometido delito de daños informáticos y abrió una nueva vía de investigación para esclarecer si efectivamente la tarjeta se destrozó entre enero y verano de 2016, tiempo que la habría tenido en su poder antes de devolvérsela a su dueña. Estos hechos provocaron una escisión con Anticorrupción, partidaria de tomar declaración de nuevo a Bousselham para que ofreciera su perdón a Iglesias y zanjar este capítulo.
Sin embargo, el juez advirtió a la exasesora de Podemos que no podía seguir siendo defendida por Marta Flor porque también era la abogada de Iglesias y eso no le beneficia, puesto que los hechos apuntan a que Iglesias no es perjudicado del presunto robo que él achaca a una operación de la policía patriótica para desprestigiar a su partido. A la espera de que Bousselham se pronuncie sobre este requerimiento, el que sí ha cambiado de abogado ha sido Iglesias. El líder de Podemos ha prescindido de Marta Flor en plena polémica por sus vínculos con la Fiscalía y se ha puesto en manos de Raúl Maíllo, un letrado vinculado a la izquierda y que ha liderado acusaciones populares en procedimientos como el caso Bankia. Bajo su batuta ha presentado ya recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del magistrado que le retiró la condición de perjudicado del caso contra José Manuel Villarejo. En el mismo insiste en apuntar a Villarejo como la persona que filtró datos personales de Dina después de que los agentes encontraran en su casa una copia de la tarjeta.
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