Las sospechas de que uno de los fiscales del caso Villarejo pudo cometer algún tipo de irregularidad procesal durante la instrucción de alguna de las piezas en la que está personado Podemos, para beneficiar a su líder u obtener información privilegiada sobre los detalles de la investigación, amenaza con dar un vuelvo a todo el proceso y abren la puerta a que los abogados de las defensas tomen medidas y ejerciten algún tipo de acción contra el Ministerio Fiscal.
Algunos de los despachos más importantes que defienden a las empresas y los ejecutivos investigados en la macrocausa siguen de cerca los datos que se publican sobre la relación del fiscal, Ignacio Stampa, con una de las abogadas de Podemos, Marta Flor, reveladas el pasado mes de enero en un burofax que se envío a la cúpula del partido tras la salida de otros dos miembros del equipo jurídico enfrentados con esa letrada, y sobre las que ahora se han publicado nuevos datos. Todo apunta a que los abogados de Podemos pudieron obtener datos e información del fiscal antes que nadie, lo que supondría un posible delito de revelación de secretos y, lo que es peor, una supuesta vulneración del derecho de defensa que la Constitución reconoce a todos los imputados en la trama.
Fuentes de la investigación consultadas por este diario aseguran que la lupa que se ha puesto sobre el fiscal abre la vía a que abogados de las defensas pasen a la acción. Y entre las acciones que barajan una de ellas sería interponer una denuncia por responsabilidad disciplinaria ante la Fiscalía General del Estado. Mientras estudian posibles acciones legales, están a la espera de ver lo que hace la Fiscalía Anticorrupción y de si salen nuevas informaciones sobre este asunto. Acusar a un fiscal de la Audiencia Nacional es una acción muy grave que hay que hacer con las máximas garantías, dado que un ataque en falso puede volverse en contra y ser muy negativo para los intereses de sus clientes, advierten algunos letrados.
Otra de las opciones es pedir incluso la nulidad de las acciones de la causa desde su inicio, pero para esto habría que tener una prueba empírica y categórica sobre los posibles conflictos en los que ha podido incurrir el fiscal con su estrecha relación con los abogados de Podemos, para lo que serían insuficientes meras publicaciones en los medios de información. Y tampoco se descarta una tercera opción, que sería poner una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el órgano ante el que responden los fiscales.
La Fiscalía General ha anunciado este viernes la apertura de una nueva investigación (la segunda) sobre la relación del fiscal y la abogada de Podemos, si bien la que ya puso en marcha en febrero pasado con las primeras informaciones no sirvió para nada. Pero incluso en esta ocasión, es complicado el papel que pueda jugar la fiscal general, Dolores Delgado, dado su pasado como ministra de Justicia cuando se investigaba a Villarejo puede ser causa de inhibición para ella a lahora de marcar los criterios a seguir en ese caso concreto. Fuentes conocedoras de la práctica fiscal en estos casos advierten que se trata de una investigación que viene de las pruebas que surgieron en el registro del domicilio de Villarejo cuando Delgado era ministra, algo que aseguran que es causa suficiente para su inhibición.
"Amistad íntima o enemistad manifiesta"
En cualquier caso, fuentes conocedoras del funcionamiento del Ministerio Fiscal advierten que, si se demuestra la relación del fiscal con la letrada de Podemos, en plena instrucción de la causa, se puede incurrir en alguna de las causas de abstención contempladas en el artículo 219 de la Ley Ogánica del Poder Judicial (LOPJ), que también obligan a los fiscales según establece su propio Estatuto Orgánico. Además de "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta", la norma contempla como causa de abstención la "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes".
En el ámbito jurídico sorprende la tranquilidad relativa con la que se está reaccionando a este caso en la Fiscalía Anticorrupción y la propia Fiscalía General, sobre todo porque “la mera sospecha de que algo pudo hacerse de forma irregular obliga al fiscal jefe Anticorrupción a tomar medidas o, al menos, a dar una explicación que elimine cualquier incertidumbre sobre la actuación de sus fiscales”, asegura un abogado implicado en la causa, que se queja de las fuertes presiones y las filtraciones que se han producido desde el inició de este proceso y que pueden afectar también a la defensa de los investigados.
Una vez conocidos estos nuevos datos y a la espera de que salgan más, desde el PP se ha pedido incluso la comparecencia en el Congreso del vicepresidente primero, Pablo Iglesias, y la fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, para que expliquen qué ocurrió en el caso del robo del teléfono y posterior borrado de la tarjeta de la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, que se analiza en una de las piezas del caso Villarejo.
Hay que recordar que en esa parte del caso Villarejo, Iglesias ha pasado de ser un perjudicado por “la guerra sucia de las cloacas del Gobierno” anterior cuando estaba en la oposición, a un sospechoso de haber retenido y perjudicado la tarjeta del móvil de su excolaboradora, ahora que está en el Ejecutivo de coalición. El juez del caso, Manuel García-Castellón, está dispuesto a llegar hasta el final del asunto para comprobar la validez de las acusaciones que en su día se lanzaron desde la formación morada.
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