Los procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional sobre cuatro de las grandes empresas del Ibex 35 por el caso Villarejo -BBVA, Iberdrola, Caixa y Repsol- no solo suponen un varapalo para su reputación corporativa, además complican o aceleran, según los casos, los procesos de sustitución de los líderes de esas cuatro compañías, algunos de ellos ya realizados y otros en marcha o pendientes de resolver. Aunque desde el ámbito político se rechace cualquier atisbo de injerencia en la actividad judicial, los círculos de poder en torno a Moncloa manejan la consigna extraoficial de facilitar un cambio generacional en la cúpula de las grandes compañías que operan en los sectores claves de la economía española y el consumo doméstico, como son el financiero o la energía.
El último líder empresarial en ser investigado en un proceso de instrucción judicial y sufrir la ‘pena de telediario’ antes de que pase a declarar ante el juez y se delimite su posible responsabilidad en la contratación de los servicios de la empresa del comisario jubilado ha sido José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, uno de los empresarios más cercanos al Gobierno por la apuesta millonaria de su compañía por el giro ‘verde’ y la transición ecológica. Galán tiene 72 años y desde la compañía se ha dejado muy claro que cuenta con el apoyo del consejo para cumplir su mandato hasta los 74, sin que se haya descartado nunca que pueda seguir todavía un periodo más al frente, si no se trunca antes su proyecto personal por alguna causa “inesperada”.
Por más que todo esté en fase de instrucción y que en el auto de imputación se hagan numerosas alusiones a la provisionalidad de la situación hasta escuchar a los investigados, incluidas las dudas jurídicas que pueden suscitar las acusaciones del informe de la Fiscalía que están siendo analizadas por los servicios legales de la empresa, lo que ahora se abre es un periodo de investigación que se prorroga cada seis meses, según las necesidades del juez y los fiscales, que puede llegar con facilidad hasta lo que le resta de mandato al presidente de la empresa. Fuentes empresariales y jurídicas cercanas al proceso admiten que, si no se produce una desimputación antes o queda claro que Galán no estaba implicado de forma directa y con conocimiento de causa en las contrataciones de Cenyt, se puede complicar su posible reelección al frente de la eléctrica.
Recta final en el BBVA y salida para Repsol
Han pasado ya más de dos años desde que Francisco González renunciara a la presidente de honor de BBVA -antes de lo previsto, también con más de siete décadas de edad y tras 22 años en el banco-, por el daño reputacional que podía causar a la firma su condición de imputado por el caso Villarejo y, además, para poder preparar bien la defensa de su inocencia sobre un tema que se remonta al año 2004 y, como él mismo ha asegurado, no conoció hasta mediados de 2018. En este caso la sucesión estaba hecha, en la persona de Carlos Torres, pero con un condicionante judicial que deja en el aire cualquier atisbo de tranquilidad: la imputación del banco como persona jurídica y, con ello, la puesta en duda de todo lo que se hizo al contratar durante más de una década los servicios del comisario jubilado y la extensión de la responsabilidad al consejo de administración.
Como en todas las piezas de Tándem que no están bajo secreto de sumario, la fecha de finalización del sumario que se instruye vence a finales de este mes de julio, si bien el juez ya ha dado un toque a las partes para que apuren las últimas peticiones de comparecencias y declaraciones que estimen oportunas por si tiene que ampliar ese periodo de tiempo otros seis meses, aunque fuentes cercanas a la Audiencia aseguran que el final de la investigación y el posible auto de transformación en juicio oral, si así se decide, no debería demorarse más allá de finales de octubre.
Antonio Brufau e Isidro Fainé son los otros dos grandes empresarios que superan los 70 y cuyos procesos de sustitución al frente de Repsol y Caixabank, respectivamente son previsibles. En el caso de la petrolera, el proceso está establecido de antemano y la fecha de salida de su presidente ‘representativo’ se marcó para el año 2023, con el actual consejero delegado, Josu Jon Imaz, como firme candidato al cargo. Fuentes jurídicas cercanas a ese caso aseguran que las últimas declaraciones (esta semana) de los asesores de seguridad y los responsables de auditoría han dejado claro que no existió en las contrataciones de Repsol con Cenyt ninguna irregularidad reseñable, por más sospechas que se vertieran en los informes de compliance y auditoría analizados por la Fiscalía y aportados por la acusación particular.
Como en el caso del BBVA, aunque siete años después, Repsol contrató la agencia del comisario para vigilar la opa hostil que uno de sus consejeros, Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, preparaba para hacerse con el control de la compañía apoyado por la mexicana Pemex. Desde la petrolera aseguran que esos servicios se solicitaron a finales de 2011, cuando ya estaba desbaratada la operación en el consejo, solo como precaución y con toda la transparencia posible. A pesar de todo ello, la alusión del informe de compliance sobre el pacto entre Repsol y Caixa para pagar a medias esos gastos es lo que hizo pensar a los fiscales y al juez que los dirigentes de ambas empresas conocían la condición de funcionario de Villarejo y pudieron cometer un cohecho, lo que les ha costado la imputación a los dos presidentes y, a medio plazo, la posible responsabilidad como persona jurídica de las dos empresas.
Por más que Brufau tengan marcada la senda de su sucesión a corto plazo, todo su interés se centra ahora en demostrar que no estuvo implicado en aquellas contrataciones de forma directa ni intencionada, en las que ni él ni la empresa que preside ven ilegalidad alguna. Del lado de Caixa, sobre la sustitución de Faine como presidente de la fundación que sustenta a la entidad financiera, no se ha anunciado nada oficial por el momento.
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