La Fiscalía Anticorrupción se desmarca de algunas de las decisiones que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón adoptó antes del parón por las vacaciones de verano. Los fiscales encargados del 'caso Tándem', además de considerar que la instrucción sobre la 'operación Kitchen' se cerró de forma precipitada, creen que el juez instructor no debió poner fin a la investigación a Repsol, CaixaBank, así como a sus máximos responsables, sobre quienes el magistrado afirmó que no había suficiente indicios de que hubieran participado directamente en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2011.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el Ministerio Público presentó un recurso contra el auto dictado el pasado 29 de julio por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó el archivo de la pieza número 21 del caso 'Tándem' para las dos compañías del Ibex 35, que tan solo estuvieron imputadas 20 días, y para el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, quienes acudieron a declarar como investigados el 7 de mayo, después de que a mediados de abril le otorgaran la condición de investigados.
Así, Anticorrupción se suma a la pretensión del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, personado como perjudicado del presunto espionaje realizado por el entramado empresarial de Villarejo, que también ha impugnado dicha decisión del juez instructor ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las fuentes consultadas precisan que la postura de la Fiscalía no es de adhesión al recurso presentado por la defensa del empresario, ya que aún no se ha dado traslado de dicho escrito al resto de partes para que aleguen lo que estimen lo oportuno.
La desimputación de Repsol y CaixaBank llegó justo tres días después de que sus representantes legales comparecieran en calidad de investigados como personas jurídicas y defendieran ante el juez que la contratación de las empresas de Villarejo se hizo conforme a la legalidad y que se recurrió a ellas a la vista de que tenía reconocido prestigio entre ciertas compañías del Ibex. Estas alegaciones ya habían sido trasladadas previamente por los jefes de Auditoría Interna de las entidades imputadas, que dos semanas antes declararon como testigos, e insistieron en que se cumplió toda la normativa interna a la hora de requerir las labores de "inteligencia corporativa", y no de seguridad privada, del expolicía para hacer frente a las posibles consecuencias de la alianza sellada entre Sacyr Vallehermoso y Pemex para intentar de hacerse con el control del Consejo de Administración de la compañía dirigida por Brufau.
Las dudas de Anticorrupción
No obstante, estos argumentos de los auditores jefes no habían convencido a los fiscales, que a principios del mes de julio pidieron la imputación de la petrolera y la entidad financiera al entender que se habrían "apartado" de sus propios protocolos y normas internas, por haber llegado a presuntamente 'trocear' facturas ' de un mismo servicio, actuación que habría permitido al que fuera jefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, a autorizar de forma unilateral el gasto que supuso los trabajos de Villarejo.
Sin embargo, el juez, menos de un mes después de aceptar la petición de Anticorrupción, finalmente acordó el archivo para ambas entidades al corroborar que éstas contaban con "controles eficaces para la prevención de los delitos investigados" de cohecho y revelación de secretos. El magistrado llegó a esta conclusión tras estudiar la numerosa documentación que remitió CaixaBank para demostrar que tenía implantado un sistema de prevención de delitos, así como un informe de KPMG que analizaba el plan de 'compliance' instaurado desde 2011 en Repsol.
En cuanto a Brufau y Fainé, ambos se desligaron de la contratación del Grupo Cenyt para llevar a cabo lo que el propio Villarejo llamó 'proyecto Wine', que costó algo más de 413.000 euros. El presidente de Repsol admitió que avisó al entonces presidente de CaixaBank -como principal empresa accionista de la petrolera- de que iba a encargar a los departamentos de inteligencia corporativa de ambas empresas que analizaran los riesgos que podían existir en el pacto entre Sacyr y Pemex, si bien apuntó que delegó todas las decisiones al respecto en Araujo y que no conoció los detalles de las presuntas labores de espionaje que realizó el comisario jubilado, en las que además se incluyó al entorno familiar de Del Rivero o al que fuera jefe de Seguridad de la constructora, Rodrigo Álvarez.
Evitar "daños reputacionales"
El juez García Castellón dio credibilidad a estas declaraciones y les exoneró de cualquier responsabilidad en la contratación del comisario jubilado al considerar que la "supervisión y vigilancia" de dicha relación comercial recaía en verdad en los directores de Seguridad y no en los presidentes. Asimismo, antes posibles críticas de las partes, el instructor advirtió de que la decisión de archivar el caso para estas personas no es "prematura", pues ya no quedan diligencias "necesarias o útiles" que practicar para indagar en su presunta participación en los hechos investigados. Por ello, y con el fin de evitar "los daños reputaciones de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad", acordó el sobreseimiento provisional.
De este modo, el magistrado de la Audiencia Nacional dejaba esta línea de investigación, que unos días antes había acordado prorrogar durante, al menos, seis meses, centrada en la presunta actuación "negligente" de los entonces responsables de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, y de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño por no comprobar si el grupo de empresas de Villarejo estaban habilitadas para prestar servicios de seguridad privada, ni el escalafón de la Policía Nacional para verificar si el comisario -ahora jubilado- estaba entonces en activo.
Tanto las empresas como las defensas de estos exdirectivos imputados respondieron al juez que, por un lado, el mencionado documento de la Policía Nacional es de acceso interno, restringido a los funcionarios en activo; y, por otro lado, que la Ley de Seguridad Privada que estaba en vigor en la fecha de la contratación de Villarejo, así como la actual -vigente desde 2014-, excluyen de su aplicación a las empresas o personas que realicen "análisis o informes de inteligencia corporativa", tareas que, según subrayan, fueron las que se encomendaron a Cenyt con el fin de "recabar información de interés empresarial al pacto Pemex-Sacyr".
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