La reanudación del curso judicial a partir de septiembre supondrá un importante impulso al conocido como 'caso Villarejo', en el que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se ha marcado el objetivo de dejar vivas tan solo una decena de líneas de investigación de la treintena que ha conformado la macrocausa, según informaron fuentes jurídicas a La Información. Entre esos pequeños procedimientos que quedarán pendientes de estudio antes de decidir si hay sobrados indicios de delito para llevar a los investigados a juicio, se encuentran algunas de las más mediáticas, esto es, las relativas a las contrataciones que llevaron a cabo grandes empresas del Ibex 35 con el protagonista de este caso de investigación, el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Antes de iniciar el habitual parón de los tribunales en agosto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tomó dos grandes decisiones con respecto a tres de las grandes compañías españolas que se han visto implicadas en el 'caso Tándem'. Por un lado, el juez García Castellón acordó archivar la causa -en concreto la pieza separada número 21- con respecto Repsol y CaixaBank veinte días después de imputarlas como personas jurídicas. Todo ello, después de escuchar a sus jefes de Auditoría Interna, que aseguraron que las empresas cumplieron toda la normativa interna a la hora de contratar las labores de "inteligencia corporativa", y no de seguridad privada, del agente encubierto. Asimismo, el magistrado de la Audiencia Nacional sumó a estas desimputaciones al máximo líder de la petrolera, Antonio Brufau, y al de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, para evitar causarles un "daño reputacional" al constatar que su implicación en la contratación del comisario jubilado no fue más allá de encargar a sus respectivos departamentos de Seguridad un análisis de las consecuencias que podría tener el pacto alcanzado por el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero con la mexicana Pemex para intentar controlar el consejo de Administración de Repsol.
De este modo, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, el juez García Castellón ha dejado esta parte de la causa casi concluida, ya que restan escasas diligencias por practicar, y ha limitado la presunta responsabilidad de los pagos en 2011 a Villarejo, mientras éste seguía estando en activo en la Policía Nacional, en los que fueran jefe de Seguridad de ambas empresas y ex altos directivos. No obstante, los sobreseimientos acordados en la última semana de julio no son firmes, puesto que, al menos, la defensa del expresidente de la constructora, personado en la causa como perjudicado de las presuntas labores de espionaje realizadas por el Grupo Cenyt-el entramado empresarial del agente encubierto-, los ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Otras de las resoluciones importantes adoptadas por el magistrado fue la denegación de la pretensión de Iberdrola de anular, entre otras actuaciones, las imputaciones del presidente de la compañía eléctrica, José Ignacio Sánchez Galán, y su equipo directivo en los años que tuvieron lugar los trabajos de José Manuel Villarejo. Así, el juez tendrá que poner fecha a estas comparecencias judiciales previstas en un principio para los pasados 6 y 7 de julio, que se suspendieron como consecuencia del escrito presentado por el equipo jurídico de la empresa, y al que se adhirió el abogado de su máximo responsable, solicitando dejar sin efecto todo lo instruido en los últimos meses como queja por no haber tenido acceso al sumario de la decimoséptima pieza de la causa para ejercer su acusación contra uno de sus exdirectivos por falsedad documental.
En el marco de esta investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también tiene pendiente de interrogar a la filial Iberdrola Renovables Energía, imputada como persona jurídica, por requerir en dos ocasiones a partir de 2011 los servicios de Villarejo para presuntamente espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la empresa española se habría aliado para acometer proyectos en Rumanía. Una vez se desarrollen las declaraciones de estos investigados, según fuentes jurídicas cercanas al caso, la instrucción de esta pieza también podría encarar su recta final.
Una de las piezas más complejas
De todos los enfoque abiertos sobre los 'negocios' presuntamente irregulares de Villarejo, uno de los más complejos es el relativo a BBVA, en el que se investigan más de una década de relaciones comerciales con el agente encubierto y por las que se abonaron más de 10 millones de euros. Solo esta novena pieza separada concentra una veintena de investigados, entre personas físicas y jurídicas, entre los que se encuentra la propia entidad bancaria y el que fuera su presidente, Francisco González. Precisamente sobre este último, el juez instructor ha acordado recientemente atribuir a su imputación un nuevo presunto delito de administración desleal, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción.
Además, también a petición de los fiscales, se ha sumado a la lista de imputados el director de Comunicación del banco, Paul Tobin, para qué aclare si, como sospechan los fiscales Anticorrupción, BBVA habría ocultado información a la investigación judicial. Otra convocatoria que el magistrado de la Audiencia Nacional tiene señalar en el calendario. A esta comparecencia judicial también se podrían sumar la de otros investigados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar, ya que, según señalaron fuentes de las defensas a este diario, se encuentran estudiando la posibilidad de solicitar un segundo interrogatorio ahora que tienen conocimiento de los indicios que obran contra ellos. Se trata de exdirectivos de la entidad financiera que cuando fueron llamados a declarar en 2019 se negaron a responder a cualquier pregunta que le pudieran formular debido a que en ese momento la causa se encontraba bajo secreto de sumario.
Mientras tanto, el magistrado acordó en un auto con fecha del pasado 20 de julio una batería de diligencias que el Ministerio Público le recordó en el escrito por el que interesó la prórroga de la investigación durante otros seis meses. Entre otras cosas, el juez García Castellón requirió a BBVA diversa documentación para poder analizar "de forma autónoma y sin intermediarios", si la entidad registró de forma adecuada, y conforme a la normativa contable interna del banco, los abonos a las facturas emitidas por las empresas de Villarejo.
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