Arranca el mecanismo de reparto de los fondos europeos. Mientras el Gobierno ultima con Bruselas los últimos flecos de cómo deberán articularse las ayudas, Moncloa ha instado a los gobiernos de las comunidades autónomas a que empiecen a convocar sus "manifestaciones de interés" para repartir, cuanto antes, los primeros millones entre el tejido productivo. La recuperación pende del maná comunitario y por eso el Ejecutivo central autorizó en los Presupuestos Generales que acaban de entrar en vigor casi 27.000 millones para que los gobiernos autonómicos gestionen el reparto directamente. Con esa cantidad preasignada el área económica quiere que se pongan en marcha en las autonomías los primeros 'concursos'.
"Nosotros hicimos nuestro trabajo en diciembre y son ahora las CCAA las que tienen que empezar a lanzar las primeras convocatorias de ayudas", explican fuentes responsables de la sala de máquina de los fondos comunitarios en el Gobierno. Efectivamente, los PGE de 2021 incluyeron un total de 26.634 millones de euros con cargo a los fondos de recuperación divididos en los siguientes conceptos: 10.793 millones de euros se transferirán a las autonomías, 1.483 millones de euros a los Ayuntamientos para sus proyectos y otros 8.000 millones que no figuras en las cuentas públicas y que se corresponden con el fondo REACT-EU. En total, las administraciones autonómicas y locales gestionará en 2021 el 58 % de las ayudas europeas, de ahí la importancia en que inicien ya las primeras actuaciones.
Es con ese montante con el que los gobiernos autonómicos "pueden empezar ya a convocar, licitar, resolver y ejecutar las ayudas", indican las fuentes consultadas. Moncloa ya les está, en definitiva, instando a que con esos más de 26.000 millones pongan en marcha la maquinaria de las ayudas. Se les adelanta, en definitiva, la liquidez y luego será el Gobierno central quien reciba el dinero de la ventanilla única de Bruselas.
En la primera preasignación de fondos entre CCAA, el Gobierno ha tenido en cuenta la población, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la tasa de paro media de los últimos cinco años en comparación con el promedio de la UE. Unos criterios que ya han generado quejas entre los diferentes gobiernos por beneficiar a algunos territorios. El reparto de los 4.252 millones iniciales destinados a políticas medioambientales y de vivienda lo lidera Andalucía, con 702 millones; seguida de Cataluña, que va a percibir 596 millones; a la Comunidad de Madrid, por su parte, le han correspondido 461 millones y la Comunidad Valenciana, otros 414 millones. Al final de la tabla se sitúan Cantabria, con 70 millones; Navarra, con 61 millones; La Rioja, con 31 millones de euros; Ceuta, con 13 millones; Melilla, con 10 millones.
Al Gobierno le preocupa también que la ejecución de los fondos europeos en las comunidades autónomas encalle en las redes de la burocracia administrativa regional. Desde Moncloa y desde el Ministerio de Hacienda llevan semanas instando a esos ejecutivos a aprobar una norma similar a la que el Gobierno alumbró en el último Consejo de Ministros de 2020 para eliminar todas las trabas existentes en la legislación presupuestaria y de contratación pública que pudieran entorpecer la ejecución diligente de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es lo que desde Moncloa se ha dado en llamar 'normas-espejo' y a día de hoy sólo la Comunidad de Madrid ha anunciado formalmente - lo hizo el pasado miércoles - un texto de esas características, orientado a asfaltar el terreno a la millonaria inversión de recursos procedentes de la Unión Europea.
"De nada servirá que desde el Estado se hayan dado los pasos para agilizar las inversiones y transferir cerca de la mitad de los fondos europeos disponibles a las comunidades autónomas, si luego éstas no son capaces de ejecutar esas inversiones en los plazos establecidos", advirtió hace apenas unos días el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. El Gobierno desliza que ya hay varias comunidades autónomas trabajando en normas de esa naturaleza, pero el tiempo apremia y en Moncloa saben bien lo costoso que resulta auditar la normativa existente - muchas veces desparramada por normas muy diversas - y corregirla dentro de los límites establecidos tanto por la legislación europea como por la nacional.
Tanto desde el Palacio de la Moncloa como desde el Ministerio de Hacienda ya se ha advertido a las comunidades autónomas que se va a ser extraordinariamente estricto en la gestión de los fondos europeos y que una ejecución insuficiente o un incumplimiento de los plazos previstos se traducirán de forma inexorable en un recorte de los fondos destinados a las unidades gestoras, ya sean ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos, encargadas de gestionar los diferentes proyectos. El Gobierno ya ha decidido que las transferencias a las comunidades autónomas se van a efectuar a través de 'convenios-marco' en los que se establecerá de forma explícita los objetivos a alcanzar y el plazo en que éstos deben conseguirse. Si se incumplen, se cortará el grifo de la financiación europea para esos proyectos.
Precisamente, en el conocido internamente en el Gobierno como "decreto de agilización" se declaran como "tramitación de urgencia" todas las cuestiones relacionadas con el ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una novedad que acelerar los trámites burocráticos. El Ejecutivo central invita en el mismo decreto a que CCAA y ayuntamientos, "en el ejercicio de sus competencias de autoorganización", puedan hacer lo propio y cambiar su normativa para acelerar el reparto de los fondos comunitarios.
En el mismo sentido, el Gobierno prevé en su decreto "una reducción de plazos en el caso del procedimiento de suscripción de convenios por parte de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes". Y añade: "En este ámbito, de nuevo, serán las comunidades autónomas y entidades locales las competentes para configurar sus propios procedimientos de tramitación de convenios, cuando proceda simplificarlos o agilizarlos". Cada administración, por tanto, deberá aprobar su propia normativa y eso es lo que quiere el Gobierno que se vaya acelerando.
Hay que recordar que el decreto que entró en vigor este año contempla la creación de la llamada Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ese será el órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para canalizar adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del mismo. Estará presidida por la ministra de Hacienda y formarán parte de ella los consejeros de cada materia a abordar en el cónclave.
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