El Partido Popular plantea la puesta en marcha de un comité asesor sobre fondos europeos. Se trata de un grupo de trabajo compuesto tanto por dirigentes de la formación como por profesionales externos pero cercanos al partido. El objetivo es poner en marcha un equipo que fiscalice el reparto de los fondos europeos y que controle el mecanismo que está poniendo en marcha el Gobierno para distribuir los 140.000 millones que van a llegar de Europa. Moncloa va a ejercer un férreo control sobre las comunidades autónomas y Génova pretende hacer lo propio con el equipo económico de Pedro Sánchez.
El PP quiere contar para este 'sanedrín' con nombres vinculados al Ibex 35 y a las 'Big Four', expertos en materia de auditoría, política europea, digitalización, energía y otras materias. Génova está montando el equipo durante estos días. También ha contactado con antiguos cargos de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, algunos de ellos hoy en el sector privado, que podría incorporarse a esta iniciativa y retomar un contacto más fluido con el partido liderado por Casado.
Con este 'comité asesor' de fondos europeos, el PP quiere implicar a una parte de la sociedad civil en la supervisión y control del 'maná comunitario'. Son, en todo caso, perfiles especializados, con trayectoria en la empresa privada y en la Administración, los que 'ficharán' los populares para que el reparto sea "acordado entre las autonomías bajo los principios de transparencia, igualdad, solidaridad, cohesión territorial y toma de decisiones democrática".
Las autonomías gobernadas por el PP (Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta) ya han pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir y acordar un nuevo modelo de reparto para el fondo de la UE. Lo hicieron el mismo día en el que la ministra de Hacienda presidió la constitución de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ese cónclave se decidirá el reparto de las ayudas comunitarias pero el Gobierno central ya se ha garantizado mayoría en las votaciones.
Asimismo, el Gobierno prevé sustanciar el control parlamentario sobre la ejecución de los fondos europeos con una comparecencia anual de la ministra de Hacienda. Esta situación es considerada por los populares como inaceptable, de ahí de que este comité asesor que está montando Génova pretenda poner el foco en la gestión que haga el Ejecutivo en los próximos meses.
No es la primera vez que el PP echa mano de la sociedad civil para contrastar sus propuestas y planes con los del Gobierno. El pasado verano coincidiendo con la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, Génova organizó "Propuestas contra la crisis", unas jornadas intensivas que se celebraron en El Escorial y que contaron con la presencia de exaltos cargos del partido y de otros actores del mundo de la empresa. Estuvo, por ejemplo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto a Pablo Casado en un mano a mano que llevó por título 'Las reformas necesarias para superar la crisis'.
También se dejaron ver el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y expresidente de la Bolsa y la CECA, Manuel Pizarro; la exministra de Empleo y responsable de la reforma laboral que el Gobierno de coalición amaga con derogar, Fátima Báñez; exministro de Economía y exvicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Román Escolano; o los exministros Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina.
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