El PP prepara una oposición económica dura. Pablo Casado ha dado orden de poner el foco en el reparto de los fondos europeos y en ejercer un seguimiento y control de las reformas e inversiones. Se va a trabajar de forma coordinada entre Génova y los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Para ello el equipo de la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, ha ideado un programa informático, una especie de cuadro de mandos, para que los cargos del partido implicados en esta estrategia dispongan de información de primera mano sobre las decisiones que va tomando el Gobierno y puedan poner en marcha esa labor de control político.
Se trata de una herramienta o plataforma con información sobre los 30 componentes de los que consta en Programa de Recuperación, sobre los documentos que va repartiendo el Ministerio de Hacienda a las Comunidades Autónomas en las Conferencias Sectoriales, sobre los PERTE, las manifestaciones de interés, los contratos públicos que se van licitando... El programa contendrá datos de múltiples fuentes, al estilo de una plataforma de 'big data', de modo que saltarán alertas cuando un programa o una inversión no se ajuste a lo que ha comprometido el Gobierno, según explican fuentes de la dirección popular.
Será entonces cuando entre en juego la otra pata de la estrategia, la parlamentaria. La portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, está trabajando ya con los diputados para, en caso de detectar disfunciones con los fondos europeos, activar los diferentes mecanismos de control y fiscalización: comparecencias de ministros y altos cargos, preguntas parlamentarias o interpelaciones. Los mecanismos de rendición de cuentas entrarán en juego en el momento en que el Ejecutivo no cumpla.
El PP avisa que va a realizar un seguimiento "euro a euro" y "partida a partida" ante la decisión del Gobierno de no contar ni con la oposición ni con los gobiernos autonómicos en la elaboración del mecanismo de reparto de los 150.000 millones que deberían llegar de Bruselas en forma de transferencias y créditos. Ya hay creados equipos sectoriales, por áreas, para comenzar a realizar esta labor de fiscalización y control parlamentario.
Casado y su equipo sigue reclamando al Gobierno la creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica que esté dirigida por un presidente que goce de un mandato de seis años, los mismos que estará en vigencia el paquete de ayudas de Bruselas (desde 2021 hasta 2026). Quieren que no sea Sánchez quien tome las decisiones finales. El Ejecutivo sigue diciendo no a esta propuesta y se remite al Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un grupo de trabajo que servirá de apoyo a las Comisión Interministerial presidida por el jefe del Ejecutivo, que está compuesta por veinte trabajadores públicos de élite, la mayoría de ellos funcionarios, expertos en diferentes materias.
Casado y su equipo sigue reclamando al Gobierno la creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica
Gobierno y PP ya han tenido un primer choque por los fondos europeos en la última Conferencia Sectorial celebrada antes del inicio de la campaña electoral en Madrid. Los gobiernos autonómicos populares reprocharon a Hacienda la ausencia de "cogobernanza" y "coordinación" en el mecanismo de ideado. Denunciaron que que el Gobierno central pretende convertir a la autonomías en "meros gestores" de los mecanismos diseñados por Moncloa, los Perte. Varias autonomías del PSOE expresaron también sus quejas en este sentido, así como Cataluña y País Vasco.
Para Moncloa y el área económica del Gobierno el reparto de los fondos europeos es clave. No sólo para la recuperación sino también para las próximas citas con las urnas. El momento político y económico es clave, tanto para el PSOE y Unidas Podemos como para el PP. De hecho la coalición ya está proclamando el inicio de una etapa. "La legislatura empieza ahora. Los cambios empiezan ahora", dijo Yolanda Díaz este lunes.
Moncloa, en definitiva, quiere aprovechar el rebufo del reparto de los fondos europeos para llevar las próximas elecciones generales a diciembre de 2023. 3, 10 o 17 son los días que se están manejando. Pedro Sánchez tiene el propósito de completar los cuatro años en Moncloa y de no adelantar los comicios hasta completar la campaña de vacunación con garantías. Es decir, los comicios se celebrarían apenas seis meses después de las autonómicas y municipales de mayo de ese año y en los estertores de la Presidencia de turno de la UE. El 1 de julio de ese año y hasta el 31 de diciembre el Gobierno de coalición tomará las riendas del Consejo, tal y como le corresponde de forma rotatoria, y ese debería ser el epílogo del mandato. Quedan dos años y medio y el PP está preparado para los 31 meses que quedan.
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