El inspector jubilado Antonio Bonilla ha cumplido con el requerimiento del juez del caso Villarejo y ha abonado la fianza de 15.000 euros fijada por el magistrado para evitar su ingreso en prisión, según confirman a este diario fuentes jurídicas. El agente ha efectuado el pago a las cuentas de la Audiencia Nacional mediante transferencia apenas días después de prestar declaración en dicho órgano por su presunta implicación en el encargo que recibió el comisario jubilado de frenar un proceso de extradición abierto contra Ángel Pérez-Maura.
El juez acusa a Bonilla, que ya figura como investigado en otras piezas de este macroprocedimiento, de "dar cobertura" a los servicios que prestó Villarejo desde su entramado empresarial y que, en este caso concreto, consistieron en paralizar el proceso de entrega del naviero a las autoridades guatemaltecas. El acuerdo también incluía impedir el avance de las pesquisas abiertas en dicho país centroamericano por presuntos sobornos de hasta 30 millones de dólares que habrían acordado los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura al entonces presidente Otto Pérez Molina a cambio de adjudicarse de manera irregular la explotación de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.
Los investigadores implican a Bonilla en este proyecto bautizado por el comisario jubilado como 'Pit' por un viaje que realizó a Guatemala en mayo de 2016 a petición del propio Villarejo para asistir a Juan José Suárez. Este empresario, directivo de la empresa de los Pérez-Maura, Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), fue detenido en dicho país tras estallar el caso de corrupción. Bonilla viajó hasta el lugar para estar presente en la declaración que prestó el investigado ante el letrado estadounidense Stephen A. Best. Con todo, el inspector negó cualquier irregularidad y dijo que acudió para asistirle en calidad de funcionario.
Arraigo en España
Fuentes presentes en su interrogatorio explicaron que Bonilla admitió el cobro desde el entramado empresarial de 22.844 euros en diez pagos fracturados y los enmarcó en labores de asesoramiento para el entramado controlado por Villarejo y su socio Rafael Redondo. En concreto, dijo que su labor se ceñía a efectuar análisis de riesgos para los empleados que viajaban a las diferentes oficinas del BBVA en el extranjero. Efectivamente, los audios que obran en la causa y que recogió el magistrado en su auto de medidas cautelares demuestran la existencia de esta relación laboral y la cercanía entre los actores ya que Villarejo se refería a Bonilla como 'el Boni'.
El magistrado le atribuye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos confiados a funcionarios, cohecho y organización criminal por el papel que pudo jugar en el marco de esta pieza, aunque acordó su libertad provisional al constatar que ha cumplido de manera puntual con las medidas cautelares que pesaban sobre él a la par que ha justificado un "arraigo relevante". Su imputación se produjo en el marco de una batería de nuevas citaciones en esta pieza cuarta. Entre los investigado se encuentran (además de los detenidos inicialmente tras el estallido de la operación) José Manuel Villarejo Gil, hijo del agente encubierto, Rafael Redondo, el consultor Armando Mateo Flandorfer y el embajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría.
Villarejo no detalla sus vínculos con Garzón
El magistrado también tomó declaración sobre este asunto al presunto 'cabecilla' de la red. Lo hizo por primera vez desde que arrancara el procedimiento en la prisión de Estremera en la que permanece en situación de prisión provisional tras su detención en noviembre de 2017. El agente encubierto fue interrogado por los pormenores de este encargo concreto -que cerró junto con el empresario Adrián de la Joya por una cuantía inicial de 10 millones de euros- y al respecto reconoció la existencia de los pagos que enmarcó en servicios de asesoramiento jurídico.
Villarejo admitió que existió un plan sobre la mesa de cara a aupar a la presidencia a Julio Ligorría con el respaldo de Paul Manafort, asesor de campaña de Donald Trump, si bien finalmente no se fraguó. Los fiscales Anticorrupción al frente del caso se interesaron en conocer especialmente la relación que pudo mantener con el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, después de que le mencionaran en las reuniones como 'el Mago' que conseguiría frenar el proceso de extradición. Sobre este asunto no solo no lo confirmó sino que prefirió guardar silencio amparándose en el secreto profesional que le asiste en calidad de abogado colegiado.
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