Tras 22 meses de diligencias en secreto, el magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha dado un paso de calado en la investigación abierta por el espionaje a Luis Bárcenas y ha levantado el secreto que pesa en esta parte de la causa. El instructor cumple con lo avanzado en su última prórroga de secreto de sumario el pasado 6 de agosto y da vía libre para que las partes de esta pieza –bautizada como Kitchen- tengan acceso a los pormenores de la investigación, la cual apunta directamente a exaltos cargos del PP como Jorge Fernández Díaz o María Dolores de Cospedal.
De hecho, el magistrado tiene sobre la mesa la reciente petición de la Fiscalía Antcorrupción de imputar a los exministros de Interior y Defensa, respectivamente, además del empresario Ignacio López del Hierro por los delitos de malversación, prevaricación y revelación de secretos. Tal y como adelantó eldiario.es y confirman a este medio fuentes jurídicas, la petición del Ministerio Público, que el juzgado prevé resolver en breve, se hace a tenor del hallazgo de unos mensajes que el exministro del Interior envió en 2013 a su entonces número dos, Francisco Martínez, para impulsar el operativo de vigilancia sobre el extesorero del PP.
Las mismas fuentes confirman que el que fuera secretario de Estado de Seguridad bajo el Gobierno de Mariano Rajoy depositó ante notario a mediados de 2019 los SMS que le envió su superior y que ahora obran en el sumario de la causa. Se trata de cuatro escuetas comunicaciones que vendrían a probar la existencia de un operativo parapolicial en el que agentes de la cúpula de la Policía Nacional realizaron seguimientos a Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y su hijo Willy entre los años 2013 y 2015. En su auto de este mismo lunes, el magistrado señala como responsables de este encargo al exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño y el comisario José Manuel Villarejo y asegura que la finalidad última del encargo era sustraer "documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular".
Órdenes de la cúpula de Interior
Las comunicaciones de la cúpula de Interior datan de 2013, año en que se hizo oficial el despido del exresponsable de finanzas del partido y en el que se descubrieron los ya famosos mensajes que le envió Mariano Rajoy en los que le pedía que fuera "fuerte". En esa época también se puso en marcha la investigación relativa a una presunta caja 'b' en la formación popular y de la que Bárcenas tenía almacenada importante documental. De hecho, el operativo que se investiga en esta séptima pieza del caso Tándem –y que Villarejo apodó Kitchen- se habría puesto en marcha para sustraerle cerca de una treintena de documentos que implicarían al partido en esa supuesta financiación irregular.
Así pues, en ese año Fernández Díaz facilitó a su subordinado la identidad de una persona clave en todo este asunto: Sergio Ríos Esgueva. "Chófer B. Es importante", recoge el contenido concreto de la comunicación adelantada por El Confidencial y El Mundo. Esgueva se convirtió en el ‘topo’ que sustrajo al expolítico todo el material que éste tenía sobre datos comprometedores del PP. El avance de las pesquisas permitió conocer que el también policía percibió unos 2.000 euros mensuales por este encargo de los fondos reservados del Estado y que, al parecer, conocería el CNI. Esto es así porque en otra de las comunicaciones, Francisco Martínez solicita el "contacto Cecilio" a su interlocutor, en referencia al contacto directo que tendría dentro de los servicios de inteligencia para desarrollar el operativo.
Sobre estos asuntos tiene pendiente pronunciarse el exsecretario de Estado de Seguridad. El magistrado del caso Tándem le imputó el pasado mes de enero, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar alegando que las actuaciones estaban secretas y que no sabía de qué se le acusaba. Meses después, antes de verano, su defensa pidió que se desclasificaran documentos de carácter reservado y se le permitiera pronunciarse sobre estos asuntos en sede judicial. El magistrado así lo solicitó al Consejo de Ministros e incluso acordó interrogarle el 20 de julio, pero tuvo que suspender la cita después de que éste lo reclamara. De este modo, todo apunta que su inminente declaración ante los investigadores se realizará tras haber tenido acceso al contenido de las actuaciones que desde hoy estarán a disposición de las partes.
Cerco a la policía patriótica
Con todo, y a expensas de que el juez resuelva sobre la petición de Anticorrupción, en la causa ya figuran imputados el propio José Manuel Villarejo; el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño; el entonces jefe de los DAO Eugenio Pino, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago (responsable del famoso informe PISA contra Podemos), además del exjefe de seguridad de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.
Cabe destacar al respecto que, en su declaración en sede judicial, García Castaño admitió la existencia de una operación para espiar a Bárcenas. No obstante, el alto mando policial –que colabora con la causa- negó entonces que se conociera como Kitchen o que fuera un encargo ilegal. Más bien al contrario, dijo que recibieron órdenes de Eugenio Pino para indagar sobre las cuentas del extesorero popular en el extranjero, así como sus posibles testaferros. Sin embargo, García Castaño también advirtió del conocimiento que tenía la cúpula de Interior de estos hechos y reveló un dato clave para la investigación: la existencia de un ordenador que se custodió en las dependencias de la Comisaría General de Información en Canillas que aguardaba la información incautada en los teléfonos móviles de Bárcenas. Según apuntó, tenía como destinatario final Francisco Martínez.
Operativo reconocido por Interior
El espionaje, que también investiga el magistrado José de la Mata en la causa de los papeles de Bárcenas, fue reconocido por el Ministerio del Interior. La documentación entregada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y a la que tuvo acceso este diario expuso que existía constancia de que se utilizaron "colaboradores o informadores algunos de los cuáles recibía una remuneración periódica a cambio de información facilitada". La actuación contó con la participación de agentes de la Dirección Adjunta Operativa y de la Comisaría General de Información, esto es, la cúpula del cuerpo policial.
Con todo, Interior no reconoce la existencia del nombre 'Kitchen' ni tampoco de pseudónimos como 'Cocinero', 'Cocina' o 'K'. Así lo recoge uno de los últimos oficios de Asuntos Internos incorporados al caso en respuesta a los requerimientos formulados a la Secretaría de Estado de Seguridad. Antes de verano, el magistrado levantó el secreto de sumario de esta pequeña parte del caso tras dar los primeros pasos para desclasificar los documentos que están afectados por la Ley de Secretos Oficiales por el carácter reservado de los mismos. Ahora, ordena levantar todo el secreto y suprimir dos referencias concretas sobre pagos de 2.700 euros y 160 euros relativos a las operaciones de vigilancia y seguimiento a Bárcenas.
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