El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado por el momento agrandar la lista de investigados en la causa Púnica, declinando la citación en calidad de investigado del Partido Popular. El instructor responde de manera negativa a la petición formulada por la acusación popular que ejerce IU al considerar que hacer cualquier valoración sobre la futura responsabilidad penal del partido es, a fecha de hoy, una cuestión prematura.
El magistrado que indaga la presunta existencia de una caja 'b' dentro de la formación regional durante los años de Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre e Ignacio González se apoya en el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la cual, en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 recogido por este diario, resuelve también en la línea del instructor pero con un ligero matiz y es que, en vez de rechazar de plano esta pretensión como ha hecho en anteriores ocasiones, en este caso asegura igualmente que es muy temprano realizar una valoración en estos términos y que habrá que esperar a que se recaben más datos sobre esta parte concreta de la red que lideró el empresario David Marjaliza.
"La investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos que habrían podido atender pagos electorales, omitidos en la contabilidad de las campañas, gastos particulares del Partido Popular de la Comunidad de Madrid o enriquecido a terceros partícipes, no ha concluido todavía. Consideramos que es prematuro realizar una valoración de la participación del propio Partido Popular que justifique su llamada a la causa", reza el escrito firmado por las fiscales al frente del procedimiento Carmen García y Teresa Gálvez.
Financiación irregular de las campañas
Aunque no es la primera vez que el magistrado se pronuncia acerca de esta diligencia, lo cierto es que su decisión en esta ocasión es determinante puesto que se produce tras la imputación en la causa de Esperanza Aguirre. De hecho, la citación de ambos como persona jurídica y física, respectivamente, ha sido un reclamo tradicional para la acusación que ejerce IU. Desde el juzgado se le ha negado en varias pretensiones esta petición por no considerarla apropiada sin embargo, tras citar a Aguirre, la postura de Anticorrupción se ha suavizado al respecto.
En su escrito presentado al juzgado a principios del mes de octubre, la formación de izquierdas volvió a destacar que el partido tendría que responder en sede judicial por la presunta financiación irregular de las campaña electoral de 2011, si bien los investigadores también han puesto el foco en las relativas a los comicios de 2007 y 2008. Con todo, la pieza sobre la presunta financiación opaca el PP madrileño ha cobrado especial impulso desde que el pasado verano Anticorrupción solicitara al instructor la imputación de cerca de una veintena de personas en aras a esclarecer si hubo desvío de fondos de los organismos dependientes del Gobierno regional desde el año 2004.
Entre los nuevos citados se encontraban los expresidentes Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, además de los exconsejeros Juan José Güemes, Borja Sarasola y Manuel Lamela además de Indra como persona jurídica y su expresidente, Javier Monzón. Precisamente, la última diligencia acordada por el magistrado instructor ha sido la de levantar la imputación al actual presidente de Prisa al considerar que no hay indicios suficientes que determinen que era conocedor de la implicación de la empresa en el desvío de fondos del Gobierno regional, además de que no tenía por qué estar al corriente de las actuaciones que llevaron a cabo algunos empleados de la entidad que sí están investigados en esta pieza.
La red del 1%
La respuesta de Anticorrupción a la petición de Izquierda Unida se produce en plena investigación sobre la trama del 1%. Las fiscales al frente de la causa acreditaron gracias a la documentación aportada por el Gobierno madrileño que se obtuvo un total de 3,85 millones de euros gracias a la aplicación de este porcentaje en la construcción de todos los hospitales y centros de salud de la Comunidad. Igualmente, tras examinar un primer envío de documentación contenido en 34 carpetas, expusieron en un escrito al que tuvo acceso La Información, que las 33 empresas adjudicatarias de estas obras –entre las que se encuentran las constructoras OHL Acciona, Dragados, San José, Ortiz- abonaron 1,19 millones de euros a sociedades de Daniel Horacio Mercado.
La recepción de estos datos llevó a Anticorrupción a instar al instructor a a que recabe más información al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ante la sospecha de que parte de la cuantía obtenida con esta cláusula "pudo desviarse a atender otros gastos del partido". Apoyó su petición en el interrogatorio practicado al empresario Mercado en 2017, el cual atribuyó el presunto sistema de desvío de fondos al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. De acuerdo con la tesis del Ministerio Fiscal, Mercado es uno de los principales empresarios conocedores del caso Púnica. De hecho, le implican en el origen delictivo de la trama en el año 2003 y exponen que los líderes de la red dieron órdenes a los consejeros de la necesidad de contratar su sociedad Over Marketing todos los asuntos relativos a publicidad y comunicación de sus respectivos departamentos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios