El juicio por irregularidades en la salida a bolsa de Bankia encara su recta final este mes de septiembre y lo hace con la exposición de los informes. Es en el marco de esta fase en la que tanto la fiscal Anticorrupción Carmen Launa como el resto de las partes expondrán los razonamientos de sus posturas adelantadas antes del verano. Esta parte concreta del procedimiento viene marcada por el giro del Ministerio Público, que endureció su acusación contra los antiguos gestores, entre ellos el expresidente Rodrigo Rato, acusándoles de delito de falsedad contable.
El tribunal de la Sección Cuarta acordó antes del parón estival que el juicio se retomaría este lunes 2 de septiembre y conminó a todos los acusados a acudir a esta nueva sesión independientemente de que estén en libertad o en prisión para cumplir condena por el caso de las tarjetas 'black'. Así pues, la representante del Ministerio Público expondrá los motivos que, tras diez meses de vista oral, le han llevado a endurecer su tono y pasar a acusar a una decena de altos cargos contra los que no había actuado hasta este momento.
Este cambio de criterio -adelantado al comienzo del juicio- se apoya principalmente en las conclusiones alcanzadas en el peritaje del Banco de España y las comunicaciones internas de la entidad que han salido a relucir durante la vista. No obstante, la fiscal mantiene la tesis inicial de que los presuntos responsables de abocar la entidad al mayor rescate financiero del país eran perfectamente conocedores de los quebrantos que acusaba el banco antes de su debut bursátil a mediados de 2011. De ahí que pase de acusar por fraude de inversores (por los datos que contenía el folleto informativo de la OPS) a incluir también falsedad contable; justificada especialmente en los estados financieros de 2011.
"Giro copernicano"
La reacción de los acusados no se hizo esperar y, aunque en la fase de conclusiones ratificaron su petición de absolución, apuntaron que el cambio de criterio del Ministerio Fiscal suponía un "giro copernicano" que vulneraba sus derechos en tanto no podrían defenderse de esta nueva acusación al encontrarse el juicio ya en su recta final. El que fuera director gerente del FMI insistió en un escrito remitido a la Audiencia Nacional y recogido por este diario que las cuentas de la salida a bolsa sí reflejaban la imagen fiel de la entidad y que todo este proceso estuvo vigilado muy de cerca por el Banco de España y el Gobierno.
Por su parte, Bankia -una de las tres personas jurídicas acusadas en el procedimiento-, apeló a otro de los alegatos a los que recurrió antes del comienzo del juicio; esto es, que no tienen responsabilidad penal en todo este asunto puesto que, con la llegada de Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de la entidad, se puso en marcha un programa de resarcimiento para los inversores perjudicados por la compra de acciones de la OPS. "Bankia sigue siendo formalmente la misma, pero materialmente nada tiene que ver", expuso la defensa letrada en su escrito en el que trazaba una clara línea divisoria con la etapa Rato.
Igualmente se apoyó en los test de estrés de la EBA como "mejor prueba de la viabilidad de Bankia" y determinó que la reformulación de las cuentas anuales de 2011 que hizo aflorar unas pérdidas de 3.000 millones de euros no se acometió por irregularidades sino porque para entonces tenían en su poder información con la que no se contaba en el momento de los hechos. Y, en relación a la falta de auditoría de estos estados financieros, el banco restó importancia y expuso que el Consejo de Administración no opuso resistencia cuando se comunicó que se presentarían ante la CNMV sin el visto bueno oficial del auditor externo de Deloitte Francisco Celma.
Precisamente su grado de responsabilidad en este asunto también se ha convertido en un asunto troncal del procedimiento especialmente después de que la fiscal Launa lo haya incluido en su lista de acusados por falsedad contable. Celma pasa de sentarse en el banquillo por el papel de las acusaciones a afrontar una petición de Anticorrupción de dos años de cárcel; un hecho que denunció mediante escrito dirigido al tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo. De hecho, calificó este cambio de criterio de "enmienda a la totalidad" e insistió como ha venido haciendo durante el procedimiento en que si no firmó dichas cuentas fue porque le faltó información clave a analizar, principalmente la relacionada con el área inmobiliaria de la entidad.
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